La Generalitat aprueba que el Ayuntamiento de Alicante tenga prioridad para comprar vivienda pública después del escándalo de Les Naus

Una nueva medida que responde a las polémicas adjudicaciones de viviendas protegidas en el residencial Les Naus de Alicante. Dos meses después de que INFORMACIÓN destapara este escándalo, el Consell ha aprobado este viernes en sesión plenaria dos convenios de colaboración para ceder el ejercicio de derechos de tanteo y retracto para la adquisición de viviendas públicas por parte de los Ayuntamientos de Alicante y de Castellón.

En lo que respecta a Alicante, la iniciativa ya fue anunciada a principios de febrero, pocos días después de que el caso de Les Naus saliera a la luz, cuando ambas instituciones acordaron la cesión de este derecho. Este viernes, la iniciativa ha sido aprobada en el pleno del Consell, que se ha celebrado en San Vicente del Raspeig.

La medida consiste en que el Ayuntamiento de Alicante tendrá, si así lo requiere, derecho preferencial a la hora de adquirir las viviendas públicas que salgan al mercado. Este derecho corresponde por ley a la Generalitat, y según ha justificado José Luis Díez, conseller de Presidencia y vicepresidente segundo de la Generalitat, que ha ejercido este viernes de portavoz ante la ausencia de Miguel Barrachina, la intención es que los ayuntamientos “puedan ampliar el parque público de viviendas, su puesta a disposición de la ciudadanía y que se evite la especulación”.

El mismo conseller ha dicho que se trata de “una medida más que se adopta entre las numerosas que ya se han tomado para intentar solucionar el problema de la vivienda”, y además permitiría “dar respuesta a la emergencia habitacional”.

Las viviendas que pasen al parque público "se calificarán como viviendas protegidas con carácter permanente"

La vigencia de la medida es de cuatro años, prorrogable a otros cuatro, y la propuesta procede de la Conselleria de Vivienda que lidera Susana Camarero. Por otra parte, la medida posibilitará "la gestión de las cuestiones a su habitabilidad y las licencias asociadas a esta, como su adjudicación a las personas que residen" en Alicante "de manera directa", y las viviendas que pasen al parque público "se calificarán como viviendas protegidas con carácter permanente".

Pleno del Consell en San Vicente del Raspeig

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Aplicación previa

Díez también ha explicado que esta medida lleva en marcha “desde hace tiempo” en la ciudad de València, pero que “hasta ahora no se había extendido”. Según su versión, la iniciativa “no supone la renuncia a este derecho” por parte de la Generalitat, sino que “da opciones” a los ayuntamientos para adquirir este derecho preferencial.

Por otra parte, aunque el Ayuntamiento de Alicante podrá acogerse al derecho de tanteo y retracto para impedir que los inmuebles se transfieran entre particulares y se incorporen al parque público de vivienda, para que eso ocurra será necesario que alguno de sus actuales dueños trate de transferir su propiedad por la vía legal.

El derecho de tanteo y retracto, un mecanismo incorporado por el gobierno del Botànic en 2020 para tratar de ampliar el "stock" de vivienda pública forzando la compra preferente a fondos buitre y grandes tenedores, fue recurrido entonces por el Partido Popular ante el Tribunal Constitucional (TC) al considerar que invadía competencias exclusivas del Estado y significaba la "expropiación de un derecho fundamental" como es la propiedad privada. Ahora, esa es precisamente la herramienta escogida por los populares, al frente del Ayuntamiento y del Consell, para tratar de reducir el ruido en torno a la polémica adjudicación de viviendas protegidas a beneficiarios relacionados con ambas administraciones, como la ya exconcejala Rocío Gómez.