La ONU concluye que las administraciones fallaron en el derecho a la vivienda de una familia vulnerable de Alicante

Una familia vulnerable de Alicante ha recibido un espaldarazo de Naciones Unidas en su larga batalla por una solución habitacional. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU ha concluido en un dictamen que el Estado, como conjunto de las administraciones públicas, vulneró su derecho a una vivienda adecuada tras ejecutar su desalojo sin un examen de proporcionalidad suficiente y sin garantizarles una alternativa habitacional disponible en el momento del lanzamiento.

La resolución sitúa el foco en un caso que se arrastra desde 2023 y que acabó convirtiéndose en uno de los símbolos más duros de la emergencia habitacional en Alicante. Entonces, la familia fue expulsada de la vivienda en la que residía y terminó viviendo en una tienda de campaña después de años inscrita como demandante de vivienda social y de haber intentado frenar sin éxito el desalojo por la vía judicial.

El dictamen del Comité no se limita a cuestionar cómo se produjo aquel lanzamiento. Va más allá y declara expresamente que las administraciones incumplieron su obligación de proteger a esta familia frente a una situación de sinhogarismo. La ONU considera acreditado que las autoridades judiciales no realizaron una ponderación suficiente entre el interés patrimonial de la propiedad y el impacto que el desalojo iba a tener sobre una unidad familiar en situación de vulnerabilidad. También reprocha que no se garantizara un alojamiento alternativo cuando se ejecutó el desahucio.

La ONU urge a España una vivienda social para un matrimonio y sus dos hijos que viven en una tienda de campaña en Alicante

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En esa misma línea, el Comité subraya que las administraciones tienen el deber de adoptar medidas razonables para ofrecer vivienda alternativa a las personas que puedan quedarse sin techo como consecuencia de un desalojo, incluso cuando la iniciativa no parte directamente de las administraciones, sino de un particular o de la propiedad del inmueble. Y añade que no basta con alegar escasez de recursos o crisis de vivienda si no se demuestra que se pusieron en marcha todas las medidas oportunas para evitar que los afectados acabaran en la calle.

La ONU también pone el acento en otro de los elementos que marcaron este caso: la respuesta llegó tarde y fue insuficiente. El dictamen recoge que la única alternativa ofrecida fue temporal y se planteó un mes después del desalojo. Además, considera desproporcionado trasladar a una familia vulnerable la carga de encontrar por su cuenta una vivienda en el mercado privado del alquiler cuando carece de medios reales para acceder a ella. El Comité alude incluso a que la Renta Valenciana de Inclusión que percibía el padre, 960 euros mensuales, no resolvía el problema porque las exigencias del mercado hacían inviable convertir esa ayuda en un alquiler efectivo.

A partir de esa conclusión, Naciones Unidas exige una reparación efectiva para los afectados. Entre las medidas que reclama al Estado figuran reevaluar su situación de necesidad y su prioridad en la lista de espera para otorgarles vivienda pública u otra solución que les permita vivir en una vivienda adecuada, compensarles económicamente por los daños materiales e inmateriales sufridos y reembolsarles los costes legales asumidos durante todo el procedimiento.

Esa obligación se dirige al Estado en sentido amplio, es decir, al conjunto de administraciones implicadas, en un ámbito en el que la vivienda social depende de la esfera autonómica y la respuesta urgente de primera atención recae en el nivel municipal. El dictamen da además al Estado un plazo de seis meses para informar por escrito de las medidas adoptadas.

Con este dictamen conseguimos un escudo para una familia vulnerable pendiente de un desahucio

Francisca Moya

— Presidenta de la asociación Cometas y Sonrisas

La presidenta de la asociación Cometas y Sonrisas, Francisca Moya, enmarca la resolución como un respaldo de gran calado para una familia a la que llevan años acompañando. A su juicio, el valor del dictamen no reside solo en el alivio que supone para este caso concreto, sino también en el mensaje que lanza sobre cómo deben actuar las administraciones ante los desalojos de personas vulnerables. “Lo importante es el dictamen, que señala lo que se ha incumplido”, sostiene.

Moya insiste en que la resolución de la ONU refuerza la idea de que las administraciones deben ponderar cada caso y activar todos los recursos posibles antes de permitir que una familia acabe en la calle. “Lo importante es que con este dictamen conseguimos un escudo para una familia vulnerable”, afirma.

Más allá de la reparación concreta, el Comité insta también a las administraciones a adoptar cambios para evitar que se repitan situaciones similares. Entre ellos, reclama reforzar la coordinación entre juzgados y servicios sociales, garantizar consultas efectivas con las personas afectadas antes de ejecutar un desalojo y evitar exclusiones automáticas del parque de vivienda social para personas que ocupan una vivienda por estado de necesidad. La resolución convierte así el caso de esta familia de Alicante en una advertencia formal sobre los límites que no deberían volver a cruzarse en materia de vivienda.

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