El atasco en la gestión de las bajas obliga a valorar online a pacientes desde otras provincias

Alicante es la sexta provincia de España en volumen de trabajo en el sistema de resolución de la incapacidad temporal (baja médica) por detrás de Madrid, Valencia, Sevilla, Bilbao y A Coruña, con unos tiempos de valoración que se van más allá de los 700 días, convirtiéndose entonces en permanente. Además, se encuentra entre las once con mayor acumulación de casos por lo corto de su plantilla. Cuenta con 14 médicos inspectores cuando la relación de puestos de trabajo (RPT) diseñada en 2013 contempla para la demarcación 26 plazas, y no se actualiza pese al fuerte aumento de la incapacidad temporal. De la última oferta pública de empleo (OPE) solo se destinó un médico inspector a reforzar Alicante (20 en toda España).

La solución planteada por el Ministerio de Seguridad Social para resolver este colapso está basada en que provincias con menor carga de trabajo ayuden a las más saturadas. En el caso de Alicante, la administración ha decidido que médicos inspectores de Madrid y Castellón colaboren en la valoración telemática de pacientes, aunque de momento solo lo están haciendo desde la capital.

Catorce médicos tienen pendientes de resolver 10.000 expedientes urgentes en la provincia

No presencial

Según médicos inspectores consultados en el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), esta solución «solo reparte la miseria de una gestión catastrófica para los pacientes y los profesionales que los atendemos», y no resuelve el problema. «Esa ayuda se efectúa valorando de forma no presencial a los pacientes que agotan el tiempo máximo de baja lo que, bajo nuestro criterio, vulnera el acto médico, la norma que nos regula, y se produce una pérdida de derechos y una situación de indefensión para los ciudadanos».

Hace 13 años se calculó la plantilla que por entonces haría falta para resolver antes la incapacidad y se estimó que eran necesarios 665 médicos inspectores en toda España. Actualmente, hay unos 450, de los cuales la mitad superan los 60 años, por lo que «está envejecida y parcialmente desbordada» por el déficit que sufre: un 20 % de los médicos no realiza valoraciones presenciales, aumentando la presión sobre el 80 % restante. «Hay desigualdad en cuanto a distribución y organización del trabajo entre las diferentes provincias y también dentro de cada una de ellas, lo que favorece un mal ambiente de trabajo, con un aumento de los riesgos psicosociales», explica una inspectora.

Todo este déficit ha tenido un impacto directo en la gestión. En 2022, antes del Real Decreto que modificó la gestión de la incapacidad temporal y permanente, había unos 60.000 expedientes pendientes de incapacidad temporal y permanente a nivel nacional. En 2025, esa cifra subió a 150.000.

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En la provincia de Alicante hay, según datos oficiosos, 30.000 trabajadores que llevan de baja menos de un año; cinco mil con más de 365 días de incapacidad temporal y otros cinco mil más habrían pasado a situación permanente. Es decir, diez mil expedientes urgentes pendientes de resolver entre catorce médicos. «Recordemos que a partir de los 545 días de incapacidad temporal -18 meses de baja- se inicia de oficio, es decir, automáticamente, un expediente de incapacidad permanente que debe resolverse -para otorgar esta condición al solicitante o en su defecto rechazarla- como máximo a los 745 días», explican inspectores consultados.

El procedimiento es el siguiente: del primer día de baja al 365 pueden valorar y emitir alta el médico de Primaria, un inspector del Servicio Público de Salud o un inspector del INSS. Entre el día 366 y 545 únicamente el inspector de la Seguridad Social. Del día 546 al 745 se convierte en expediente de incapacidad permanente y solo puede ser resuelto por el equipo de valoración de incapacidades con el informe de valoración del médico inspector. En esos casos, ya no existe alta o se concede o se deniega una incapacidad permanente.

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Laguna de cotización

«Si no vemos a los pacientes hasta el día 700, nadie puede emitir el alta o denegar una incapacidad hasta esa fecha. No sabemos si el pago de esa prestación está justificado o no, o bien no se concede una prestación de incapacidad si procede porque nadie con competencia para hacerlo está valorando a esos ciudadanos. Además, a partir del mes 18 hay una suspensión temporal del contrato de trabajo y la empresa deja de cotizar por el trabajador, creándose entre el mes 18 y el 24 una laguna de cotización que perjudica al ciudadano para su jubilación».

El Instituto Nacional de la Seguridad Social deniega más del 60% de las solicitudes de incapacidad permanente en vía administrativa, lo que significa que se concede en menos de 4 de cada 10 casos al valorarlas inicialmente, aunque se puede solicitar nuevamente, sobre todo si hay nuevas circunstancias médicas o tras agotar la baja. Pese a las denegaciones, hay más de un millón de personas recibiendo una prestación por incapacidad permanente en España.

El retraso prolongado en la tramitación genera incluso riesgos financieros y legales: los pacientes continúan recibiendo prestaciones más de 300 días después de la fecha en que podrían haber sido valorados, lo que el Sindicato de Médicos Inspectores de la Seguridad Social en España (Simediss) considera un pago indebido derivado exclusivamente de la mala gestión. Consideran, por tanto, que se podría estar produciendo una malversación de fondos públicos ya que desde el día 366 los médicos inspectores son los únicos competentes dentro del sistema para emitir un alta médica.

Es decir, actualmente «se abona por cada trabajador de baja temporal más de 300 días de prestación no justificada, hasta la primera valoración a los 700 días aproximadamente de incapacidad temporal, por una dilación solo imputable a la mala gestión» de la administración.

Movilizaciones

Este sindicato recuerda que ya se alcanzó un acuerdo con el secretario de Estado en julio de 2024 para mejorar la organización del trabajo y cumplir la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, pero «no se está aplicando». Por ello, mantienen movilizaciones indefinidas con paros parciales continuados, a los que desde enero de 2026 se suman jornadas de huelga los días 27 de cada mes.

El colectivo reclama una reforma urgente de la gestión del Instituto Nacional de la Seguridad Social y el cumplimiento total del acuerdo para garantizar que Alicante, y el resto de provincias, puedan gestionar su elevada carga de trabajo de manera eficiente, protegiendo derechos de los pacientes y las condiciones laborales de los inspectores.

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