El Consell solo permitirá el traslado de locales de apuestas que estén cerca de colegios

La Generalitat ha publicado este lunes en el Diari Oficial (DOGV) el anuncio para someter a información pública el proyecto de decreto por el que se aprueban las directrices y criterios que han de regir el desarrollo del sector del juego en la Comunidad Valenciana. El decreto mantiene la limitación a la concesión de nuevas autorizaciones de explotación de máquinas de tipo B o recreativas con premio en locales de hostelería, salvo en los casos de sustitución de máquinas existentes. La máquina sustituida debe ser destruida, "lo que garantiza la disminución paulatina del número de estas máquinas en establecimientos donde no existe control de admisión".

En cuanto a salones de juego, bingos y locales de apuestas, el Consell garantiza que no se incrementará su número en las provincias de Alicante, Valencia y Castellón: se darán nuevas autorizaciones pero solo para el traslado de establecimientos ya existentes por incumplir las distancias mínimas establecidas por la ley respecto a colegios o a centros de protección específicos para menores de edad (850 metros), de los que deberán alejarse. Además, la distancia entre los propios negocios ha de ser de 500 metros.

Protección reforzada

"El objetivo es reducir la exposición al juego y reforzar las actuaciones de prevención y minimización de riesgos, especialmente en relación con los colectivos que requieren una protección reforzada, garantizando al mismo tiempo un desarrollo responsable de esta actividad", ha explicado la directora general de Tributos y Juego, Inmaculada Domínguez.

El objetivo es reducir la exposición al juego y reforzar las actuaciones de prevención y minimización de riesgos

Inmaculada Domínguez

— Directora general de Tributos y Juego

Se trata de la norma por la que se va a planificar el desarrollo del sector del juego en los próximos años en lo relativo a la implantación de establecimientos y elementos de juego, "todo ello dentro de un marco de seguridad jurídica y de equilibrio entre la protección de salud pública, la libertad personal de acceso a esta forma de ocio y el libre ejercicio de la libertad empresarial", asegura la administración autonómica.

La base de las medidas recogidas en el proyecto se sustenta en el estudio sobre el impacto social y sanitario del juego en la Comunidad, un informe coordinado por la Conselleria de Economía, Hacienda y Administración Pública en colaboración con la Conselleria de Sanidad.

El análisis tiene en cuenta la situación epidemiológica y la prevalencia del juego problemático junto con variables demográficas, niveles de renta y la evolución normativa. También evalúa cómo estos factores han incidido en el desarrollo del sector en el territorio valenciano y completa el diagnóstico con una comparación respecto a la evolución y el estado del juego en otras comunidades autónomas.

"Con este decreto damos cumplimiento a lo previsto en la Ley del Juego y establecemos un marco de planificación que permite ordenar el desarrollo del sector en la Comunidad desde criterios de responsabilidad, equilibrio territorial y protección de la ciudadanía", subraya la directora general.

Incendio en un bingo en Alicante

Por encima de la media

Según los datos recogidos en el estudio, la prevalencia de juego problemático desciende en la Comunidad desde hace años, si bien sigue estando ligeramente por encima de la media española. De acuerdo a la Generalitat, este descenso es fruto del trabajo realizado por las unidades de prevención comunitaria de conductas adictivas y por las ONG, "recursos que son financiados anualmente por la Conselleria de Sanidad y en 2025, por primera vez, además de con los ingresos procedentes de sanciones en materia de juego que han afectado en parte a estas unidades de prevención".

Los salones de juego pasaron de 285 en toda la Comunidad en 2015 a 531 en 2022, lo que supuso un incremento de un 81%. Según el estudio, eliminar las limitaciones conllevaría una nueva proliferación en el número de solicitudes, con el consiguiente aumento del número de salones de juego, que están en 9,63 por cada 100.000 habitantes frente a la media estatal de 7,66, es decir, un 26% por encima.

Además, el análisis refleja que la autonomía presenta una presencia de locales de juego por habitante superior a la media nacional en varios subsectores, lo que ha llevado al Consell a adoptar medidas de planificación para evitar un incremento de la exposición al juego, especialmente entre los colectivos más vulnerables, con el fin de minimizar riesgos asociados a la aparición de patrones de juego problemático.

Por tanto, las medidas adoptadas "se sustentan en un análisis riguroso del impacto del juego en la Comunidad Valenciana y permiten adoptar decisiones fundamentadas orientadas a evitar un incremento no deseado de la implantación de establecimientos".

El proyecto de decreto prevé la elaboración, por parte de la Conselleria de Economía, de un estudio cada cinco años sobre la situación del sector que permita evaluar la eficacia de las medidas adoptadas y, en su caso, adoptar las medidas de planificación que se consideren necesarias.

El decreto también limita la autorización de nuevas máquinas recreativas a la sustitución de las ya existentes destruyendo las retiradas

Juego patológico

El plazo se considera razonable porque permitirá evaluar los resultados obtenidos tanto por los planes de acción previstos en la estrategia integral de prevención y tratamiento del juego patológico como por los planes de inspección del juego impulsados por la Generalitat. Con ello, la administración autonómica pretende asegurar un seguimiento continuado del sector y ajustar sus políticas a la evolución de la realidad social y sanitaria.

El proyecto incorpora dos medidas adicionales destinadas a mejorar la gestión de los registros vinculados al control del juego. En primer lugar, se establece la baja automática en el Registro General de Juego de aquellos establecimientos de hostelería autorizados para instalar máquinas recreativas cuando hayan cambiado de actividad o lleven más de cinco años sin tener máquinas instaladas. Con esta medida se pretende depurar los datos del registro y adecuarlo a la realidad del sector.

En segundo lugar, el decreto fija que las inscripciones en el Registro de Personas Excluidas de Acceso al Juego tendrán una vigencia máxima de 20 años. El objetivo es garantizar que la información contenida en este registro se mantenga actualizada y continúe siendo eficaz como herramienta de protección para las personas vulnerables.

Toda la información se puede consultar en la web de la Conselleria de Economía, así como en el apartado de elaboración normativa del portal de participación de la Generalitat.

Desde entidades como la asociación de vecinos del PAU 2, una de las impulsoras de la Plataforma contra las Casas de Apuestas de Alicante, se valoran positivamente las medidas para contener la expansión de salones de juego y casas de apuestas en línea con la prevención de las conductas adictivas entre los más jóvenes. «No obstante, son necesarias medidas más ambiciosas que permitan reducir la concentración actual de este tipo de establecimientos en determinadas zonas», añaden, a la vez que critican que la distancia de 850 metros es la que aprobó el Botànic pero que el Consell actual «ha permitido la renovación de licencias de centros más cercanos».

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