El gobierno de Barcala abrió la investigación de Les Naus tras saber que el escándalo iba a publicarse

El Ayuntamiento de Alicante inició la investigación interna sobre el escándalo de las viviendas protegidas de Alicante, destapado por INFORMACIÓN el pasado 29 de enero, horas después de que este diario advirtiera al entorno del alcalde, Luis Barcala, de que estaba previsto publicar un artículo sobre las polémicas adjudicaciones al día siguiente.

El primer movimiento del regidor popular para tratar de contener la crisis de Les Naus, según anunció el propio Barcala, fue dar orden al secretario general del Pleno de la apertura de un expediente de averiguación de hechos. La directriz del alcalde, de acuerdo con su propia versión, la envió a través de whatsapp (en vez de mediante un documento con registro electrónico del Ayuntamiento) "a las 13:01 horas del miércoles, 28 de enero". Sin embargo, de acuerdo con la documentación relativa a dicho procedimiento a la que ha tenido acceso este medio, el inicio de la investigación no fue firmado por el funcionario hasta la 1:10 de la madrugada del jueves, 29 de enero de 2026.

Horas antes, INFORMACIÓN se había puesto en contacto con los tres primeros nombres vinculados al escándalo de las viviendas protegidas (la entonces directora general, María Pérez-Hickman; la exconcejala de Urbanismo, Rocío Gómez, y el arquitecto municipal Francisco Nieto) para conocer su versión de los hechos y ofrecerles la posibilidad de aportar sus explicaciones al artículo que se estaba redactando. En ese momento se sabía que la entonces concejala de Urbanismo, Rocío Gómez, tenía un piso en Les Naus; de Pérez-Hickman se conocía que contaba con dos hijos (después aparecería un sobrino) entre los vecinos de la urbanización; y de Nieto, que también había resultado agraciado con una vivienda protegida.

Tras estos contactos, desde el entorno más próximo del alcalde, Luis Barcala, se produjo una llamada al diario para tratar de conocer el alcance de la publicación que se estaba elaborando y manifestar que la entonces responsable de Urbanismo, que terminó dimitiendo poco después, no había tenido relación alguna con este expediente y que optó a la vivienda antes de entrar en política. Esta llamada se produjo el miércoles 28, después de las 22:00 horas, y en ella se comunicó al Ayuntamiento que estaba prevista la publicación de un artículo sobre las polémicas adjudicaciones de Les Naus. La información llevaba por título "La concejala y un arquitecto de Urbanismo de Alicante y dos hijos de una alto cargo, entre los adjudicatarios de viviendas públicas".

Órdenes de Barcala

Las instrucciones que el alcalde envió por whatsapp para el objeto de este expediente, de nuevo según las explicaciones de Barcala, fueron "comprobar si se ha podido producir un conflicto de intereses o causa de incompatibilidad legal en alguno de los funcionarios o cargos públicos que directa o indirectamente hayan resultado propietarios de pisos como cooperativistas personalmente o por un familiar directo".

Una tarea que implicaba "verificar si han tenido participación en el expediente y posibles responsabilidades". Además, el regidor también solicitaba al secretario concretar "si hay que dar traslado a la Generalitat de las dudas que el informe [un documento previo de Patrimonio] expone sobre el cumplimiento de los requisitos de los adquirentes de las viviendas, determinar el trámite a seguir y los plazos".

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