El escándalo de la vivienda protegida en Alicante: dos comisiones, dos ritmos y una misma sombra

Apenas un mes después de echar a andar en las Cortes y apenas una semana después de constituirse en el Ayuntamiento de Alicante, las dos comisiones de investigación abiertas por el escándalo de Les Naus avanzan ya por caminos opuestos bajo una misma sospecha política de fondo. Mientras la autonómica sigue sin reactivarse tras la sesión constitutiva, la municipal ha entrado de lleno en fase operativa entre reproches por las prisas del PP y Vox para encarrilarla cuanto antes y conducirla hacia un cierre rápido.

Las dos han nacido para fiscalizar las posibles irregularidades en la adjudicación de viviendas protegidas y depurar, en su caso, responsabilidades políticas por el caso que estalló a finales de enero, pero su evolución en este primer tramo está siendo muy distinta. La diferencia no está solo en el calendario, sino también en la lectura que hace la izquierda de la estrategia de fondo: dejar enfriar una comisión en València y acelerar la otra en Alicante, aunque en ambos escenarios el control del PP y Vox sobre los tiempos vuelva a situarse en el centro del debate.

La comisión de investigación de las Cortes se constituyó el 5 de marzo con Ana Vega, de Vox, en la presidencia; José Ramón González de Zárate, del PP, en la vicepresidencia; y María José Salvador, del PSPV, como secretaria. Pero aquella sesión terminó sin fecha para la siguiente convocatoria y sin que se activara todavía el plan de trabajo, el documento llamado a ordenar las comparecencias, la documentación a reclamar y, en la práctica, el arranque efectivo de la investigación parlamentaria.

Señales

Un mes después de aquella sesión constitutiva, la comisión sigue sin dar señales visibles de reactivación. Ni se ha convocado una nueva reunión ni se ha abierto formalmente el plazo para presentar los planes de trabajo, una situación que el PSPV y Compromís aprovechan para denunciar que el órgano permanece en "punto muerto" y que corre el riesgo de convertirse en un "paripé" o en una investigación políticamente controlada por la mayoría que suman el PP y Vox, como ya temían desde el mismo arranque.

Desde Vox, sin embargo, niegan que ese compás de espera equivalga a inacción. El diputado ilicitano Miguel Pascual, integrante de la comisión, atribuye el parón formal al calendario de Fallas y sostiene que su grupo ha seguido trabajando en la elaboración de su plan de trabajo para presentarlo en cuanto se abra el plazo. La formación que preside el órgano defiende además que actuará "con seriedad y rigor" y que, si de la investigación se derivan responsabilidades políticas, las señalará "con claridad".

El PP, por su parte, rechaza la idea de una comisión bloqueada y trata de proyectar una imagen de normalidad institucional. El diputado Javier Gutiérrez sostiene que el objetivo es que la investigación sea "útil", que sirva para esclarecer lo ocurrido en Les Naus y también para detectar posibles fallos del sistema de adjudicación de vivienda protegida, al tiempo que reivindica los cambios introducidos ya por el Consell, pero avisa de que los populares no permitirán que el órgano se convierta en "un circo político".

Fotografía

Con ese cruce de versiones, la fotografía que deja hoy la comisión autonómica es la de un órgano atrapado entre dos relatos opuestos: el de una izquierda que denuncia una investigación congelada antes incluso de arrancar de verdad y el del PP y Vox, que apelan a la necesidad de trabajar con rigor y sin estridencias. Pero, más allá de esa disputa política, el dato objetivo es que un mes después de su constitución la comisión sigue sin haber entrado aún en una dinámica efectiva de trabajo ni haber dado el paso que debía marcar su verdadero arranque, con la aprobación de un plan que ordene tiempos, comparecencias y documentación.

El contraste con la comisión del Ayuntamiento de Alicante es casi inverso. Constituida el 23 de marzo, mes y medio después de su aprobación en pleno y más tarde que la autonómica, la investigación municipal arrancó desde el primer día con un planteamiento mucho más acelerado para fijar calendario, concentrar sesiones y hacer, en palabras del vicealcalde Manuel Villar, que el proceso "se dilate lo menos posible".

Ese enfoque empezó a traducirse enseguida en decisiones concretas. En apenas su segunda reunión, la comisión municipal dejó cerradas ya tres tandas de comparecencias —primero de técnicos y después de responsables políticos— y agendó una cuarta sesión, con un calendario que proyecta la investigación sobre abril y mayo y que, a diferencia de lo que ocurre en las Cortes, sí ha colocado ya al órgano en una fase operativa visible, con nombres, fechas y un itinerario de trabajo mucho más perfilado.

Ese ritmo ha despertado, sin embargo, una sospecha distinta en la oposición municipal. El PSOE y Compromís reprochan al PP y a Vox las "prisas" y sostienen que la comisión corre el riesgo de quedar orientada más a encauzar pronto su cierre que a exprimir a fondo la investigación, una crítica que ambos partidos resumen en la idea similar de que no se puede pretender aclarar un escándalo de esta dimensión sin dar antes tiempo suficiente para estudiar la documentación y ordenar bien las comparecencias.

Recelo

A ese recelo sobre los tiempos se ha sumado además el de la información. La documentación ha llegado más tarde de lo prometido, con un acceso restringido que impide descargarla, imprimirla o consultarla fuera del ordenador habilitado, y sin incluir al menos algunos expedientes sensibles, como las averiguaciones internas abiertas sobre funcionarios. Para la oposición, esa combinación de premura y acceso limitado debilita la comisión; el gobierno de Barcala lo justifica, en cambio, por razones de confidencialidad y protección de datos.

Así, el caso de Les Naus ha acabado dibujando dos formas distintas de gestionar una misma investigación política. En las Cortes, el PSPV y Compromís denuncian que el PP y Vox dejan enfriar la comisión antes de que llegue a arrancar de verdad; en el Ayuntamiento, esas mismas formaciones les acusan de lo contrario, de acelerar una comisión ya en marcha bajo un control férreo de los tiempos y de la documentación. Dos ritmos opuestos para una misma mayoría y una misma duda de fondo sobre hasta dónde se quiere llegar.

Dos meses después de que estallara el escándalo de la vivienda protegida en Alicante, las dos comisiones abiertas para esclarecerlo avanzan, por tanto, por sendas divergentes pero bajo una controversia similar: si acabarán sirviendo para depurar responsabilidades o si terminarán subordinadas a la conveniencia política de la mayoría que hoy las controla. Ese es el debate que ya planea tanto sobre València como sobre Alicante.

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