La nueva zona azul y naranja de Alicante no convence ni a los vecinos ni a la oposición

Nunca llueve a gusto de todos, pero, en el caso de la zona azul y naranja de Alicante, no lo hace a gusto de casi nadie. Ni los vecinos de los barrios afectados ni la oposición municipal (desde la izquierda a Vox) respaldan la nueva propuesta del Ayuntamiento, que plantea unas 3.000 plazas más en la ciudad. Los residentes creen que la idea del ejecutivo de Luis Barcala no resuelve el problema de aparcamiento existente mientras que el resto de grupos políticos aprecian que se trata de una medida recaudatoria. El gobierno popular, por su parte, defiende que la mayor parte de los nuevos aparcamientos (unas 2.500 plazas de zona naranja) serán gratuitos para los residentes y prevé destinar 140 millones al futuro contrato, junto con el servicio de grúa, para los próximos 19 años.

"Rechazamos la implantación en nuestro barrio, ya que no soluciona el problema de aparcamiento y, por el contrario, lo agrava", sostiene Diego Ardanaz, de la asociación de vecinos de Alipark. "Aunque la zona naranja se plantee gratuita para residentes, no es una solución: es un problema añadido", añade, ya que la creación de plazas de zona azul "supone, en la práctica, una reducción del aparcamiento disponible" para quienes viven en el barrio.

Según Ardanaz, el resultado "es evidente" y se traducirá en "menos plazas reales para los vecinos y más presión sobre el estacionamiento". Además, destaca que quienes acuden puntualmente a los juzgados u otras gestiones "no tendrán problema en pagar, incluso en zona naranja si es necesario, lo que desplazará aún más a los residentes y hará mucho más difícil aparcar".

"Es evidente que se traducirá en menos plazas reales para los vecinos y más presión sobre el estacionamiento"

Diego Ardanaz

— Asociación de vecinos de Alipark

Por todo ello, exige la paralización del proyecto y la apertura de un proceso de diálogo, ya que considera que se trata de "una medida con claro afán recaudatorio, impuesta sin alternativas reales ni diálogo suficiente con los vecinos" y ve "inaceptable" que se presente como una solución "lo que en realidad supone perder espacio".

En la misma línea, Ernest Gil, de la asociación de vecinos El Templete de Benalúa, valora que lo anunciado "es poco más que un parche", cuando "lo que procede es un plan integral de adaptación de la ciudad". El portavoz de los residentes reclaman "un compromiso público secuenciado", que pase por "incentivar el uso del transporte público e ir disminuyendo privilegios al vehículo privado".

"Lo anunciado es poco más que un parche, hace falta un plan integral de adaptación de la ciudad"

Ernest Gil

— El Templete de Benalúa

Lo urgente, según Gil, es dar una respuesta a las necesidades que plantea el cambio climático en materia de movilidad urbana, ya que, de lo contrario, "se hace como que se aborda el problema, pero sin ir a la raíz", por lo que la ciudad estará "siempre en el mismo punto".

Desde Princesa Mercedes, otro de los barrios que se verán afectados, según el gobierno de Barcala, descartan que la ampliación vaya a alcanzar las calles de su distrito. La presidenta de la asociación, Isabel Molina, asegura que los vecinos del entorno fueron "muy críticos" con la medida cuando fue anunciada, pero que "el Ayuntamiento dijo en una reunión que solo se iba a extender a los alrededores de los juzgados, en lo que se considera Francisco Albert, pero que no llegaría hasta Princesa Mercedes". José Barreto, presidente vecinal de dicho barrio, ha recriminado al Consistorio que "una zona azul sería fatal y molestaría mucho a los vecinos porque viven familias y personas mayores que necesitan usar su vehículo" a diario. "La verdad es que será un caos, intentaremos organizar protestas para que no la pongan”, ha añadido.

El PSOE pide la retirada

Al igual que algunos colectivos vecinales, la oposición municipal (tanto la izquierda como Vox) desconfía de la utilidad que pueda tener para los residentes el incremento del estacionamiento regulado, y se muestran contraria a medidas "recaudatorias". Un posicionamiento que podría complicar la renovación del servicio, ya que para poder aumentar la zona azul y naranja es necesario modificar la ordenanza reguladora, para lo que el Ayuntamiento necesitará el respaldo del Pleno, donde el PP no cuenta con mayoría.

Desde la bancada progresista, el PSOE también reclama que el ejecutivo de Barcala dé marcha atrás en sus pretensiones de expansión para la zona azul y naranja, como ya hizo en el entorno de Carolinas. Los socialistas sostienen que el alcalde "pretende hacer caja a costa de los vecinos e hipotecar la ciudad hasta el 2045" y advierten de que los residentes en los barrios estacionamiento regulado "no tendrán garantizado el aparcamiento", mientras que los no empadronados "deberán pagar la tarifa más alta que existe en estos momentos".

"Barcala pretende hacer caja a costa de los vecinos e hipotecar la ciudad hasta el 2045"

Ana Barceló

— Portavoz del PSOE

La portavoz del grupo, Ana Barceló, ha recriminado que el nuevo contrato representa "un atraco fiscal a las familias alicantinas" porque se pretende recaudar un 115 % más por la zona azul, un 40 % más en sanciones y un 15 % más por arrastres de la grúa. En ese sentido, el PSOE ha anunciado que realizará una ronda de reuniones con las asociaciones vecinales para coordinar acciones conjuntas. "Estadísticamente, hay más residentes y más vehículos que plazas gratuitas en la zona naranja. Además, hay familias con varios vehículos y numerosos alicantinos que se desplazan en moto y se desconoce si se van a habilitar plazas específicas", ha afirmado.

Por su parte, el portavoz del grupo municipal Compromís en el Ayuntamiento, Rafa Mas, ha recordado que su formación ya solicitó "el informe que justificara la ampliación de la ORA en Alicante cuando se conoció el estudio de viabilidad sobre el contrato". Para analizar el problema, los valencianistas reclaman "la convocatoria urgente de la Mesa de Transporte y el Consejo Local de Comercio", al entender que "esta medida afectará a vecinos y comerciantes".

"El PP no sabe ni explicar en qué barrios se va a aplicar y de qué manera se va a hacer"

Rafa Mas

— Portavoz de Compromís

Desde Compromís inciden en que "no se soluciona la movilidad ni el transporte público ni se crea una red de aparcamientos disuasorios" y sostienen que el PP "no sabe ni explicar en qué barrios se va a aplicar y de qué manera se va a hacer". Para Mas, "de lo que no cabe duda es de que con esta ampliación se incrementa el negocio a los aparcamientos y de la empresa concesionaria de la gestión de la zona azul".

Del mismo modo, Manolo Copé, de EU-Podemos, cree que "Alicante no necesita más zona azul, sino menos desigualdad para poder moverse" por la ciudad. "Aquí hay una decisión de fondo: o planificas la ciudad para garantizar el derecho a la movilidad, o la conviertes en un espacio donde desplazarse depende de lo que puedas pagar", sostiene el edil progresista.

"Este contrato convierte Alicante en un espacio donde desplazarse depende de lo que puedas pagar"

Manolo Copé

— Portavoz de EU-Podemos

Al respecto, Copé argumenta que "este contrato apunta claramente a lo segundo", además de que "comprometer 19 años limita cualquier cambio futuro y ata la ciudad a un modelo que ya está cuestionado en muchos municipios europeos".

Vox: "No puede ser un mecanismo de financiación"

Para Vox, que a nivel nacional se ha mostrado siempre crítico con este tipo de medidas, así como con las Zonas de Bajas Emisiones, "el estacionamiento regulado únicamente puede justificarse como instrumento de ordenación del espacio público y de gestión de la rotación, y no como mecanismo estructural de financiación municipal".

"La ampliación de la zona regulada reduce plazas disponibles y dificulta la vida de trabajadores y familias"

Óscar Castillo

— Concejal de Vox

A su vez, la formación de ultraderecha insta al gobierno a que su diseño y aplicación "respeten los principios de proporcionalidad, necesidad y adecuación", evitando cualquier "desviación" hacia fines esencialmente recaudatorios. "Rechazamos cualquier configuración del estacionamiento regulado que produzca discriminación directa o indirecta por razón de renta, barrio, lugar de residencia o tipo de vehículo", han manifestado fuentes de Vox. Los de Abascal solicitan al Ayuntamiento que garantice "una protección efectiva del residente", especialmente en barrios no céntricos o con insuficiente transporte público, y "evite que la movilidad cotidiana quede condicionada a la capacidad económica".

Según el concejal Óscar Castillo, la ampliación de la zona regulada "reduce plazas disponibles y dificulta la vida de trabajadores y familias", mientras Alicante "no necesita más calles pintadas ni más limitaciones", sino "más aparcamiento y una planificación real al servicio de los vecinos".

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