Hacienda advierte de que la nueva zona azul y naranja de Alicante corre el riesgo de no ser rentable
El ministerio apunta que una variación de tan solo el 0,21 % sobre el presupuesto previsto haría que los ingresos del adjudicatario fueran "nulos", por lo que aprecia una amenaza "nada desdeñable" para los beneficios de las empresas que se presenten al contrato
Vecinos de Princesa Mercedes y Alipark rechazan la implantación de la nueva zona azul / Héctor Fuentes
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El contrato para la gestión de la nueva zona azul y naranja que el gobierno de Luis Barcala pretende impulsar en Alicante podría no ser rentable. Pese a que el ejecutivo municipal ha planteado una inversión de 140 millones de euros para gestionar el servicio durante los próximos 19 años, incluyendo la grúa municipal, el Ministerio de Hacienda advierte de que los márgenes de ingresos son mínimos y de que existe un riesgo para el futuro adjudicatario.
La Oficina Nacional de Evaluación (ONE), que se ocupa del análisis de la sostenibilidad financiera de los contratos del sector público, ha evaluado los pliegos para el futuro contrato con el que el Ayuntamiento pretende gestionar tanto el estacionamiento regulado como el servicio de grúa y el depósito de vehículos. En este sentido, las conclusiones del organismo estatal advierten de que los beneficios estimados por el ejecutivo municipal podrían no ser suficientes.
Poco margen
En concreto, concluye que con una disminución del precio base de licitación de tan solo el 0,21 %, aunque se mantuviesen inalteradas el resto de variables, "la rentabilidad del concesionario sería nula". Es decir, si el contrato (con un presupuesto base de más de 143 millones) se adjudicara por 300.000 euros menos, "el proyecto obtendría rentabilidades que pondrían en riesgo la sostenibilidad financiera de la concesión, conforme a la información facilitada en el expediente".
Con este contexto, Hacienda alude al riesgo que podría suponer para el futuro contratista, afirmando que "puede concluirse que el riesgo asumido por el concesionario no es desdeñable en condiciones normales de funcionamiento". En la misma línea, la ONE entiende que la adjudicataria "está expuesta a las incertidumbres del mercado y no tiene garantizada la cobertura de sus costes ni la recuperación de la inversión que debe realizar, por lo que puede obtener rentabilidades negativas con variaciones normales de los ingresos".
Por todo ello, se aconseja "el establecimiento de un marco adecuado para la correcta ejecución del contrato y su sostenibilidad financiera" así como "vigilar los compromisos asumidos por los licitadores en sus ofertas".
Entre las principales novedades que incluirá el servicio, de acuerdo con el ejecutivo de Luis Barcala, destaca la incorporación de 2.542 nuevas plazas naranja en los barrios de Ensanche-Diputación, Benalúa Sur, el entorno de los juzgados y Princesa Mercedes. Además, los residentes podrán hacer uso de estos espacios de forma gratuita, en vez de con un precio bonificado como hasta ahora, de 30 céntimos de lunes a viernes y 15 céntimos los sábados. El resto, unas 535, serán en zona azul en rotación.
En un primer momento, ni los vecinos de los barrios afectados ni la oposición municipal (desde la izquierda a Vox) respaldan la nueva propuesta del gobierno de Barcala, que debe pasar por pleno al ir vinculada a una modificación de la ordenanza municipal.
El PSOE insiste en dar marcha atrás al contrato
Desde el Partido Socialista, que ya solicitó la retirada de la licitación para buscar una propuesta consensuada con los vecinos, se ha iniciado una ronda de reuniones con los colectivos de residentes de las zonas afectadas con el objetivo de "articular una respuesta conjunta frente a esta medida impulsada por Barcala".
El PSOE inicia una ronda de reuniones con los residentes afectados para "articular una respuesta conjunta"
En los encuentros ha participado el concejal Raúl Ruiz junto a la portavoz del grupo, Ana Barceló, quien ha lamentado que "Barcala vuelve a demostrar que gobierna de espaldas a la ciudadanía" porque "quiere ampliar en más de 3.000 las plazas de zona azul y naranja para hacer caja a costa del bolsillo de los alicantinos". La edil progresista sostiene que el Consistorio "pretende incrementar un 115 % la recaudación de la zona azul, además de aumentar los ingresos por sanciones y por el servicio de grúa", de acuerdo con el presupuesto municipal.
"No estamos ante una medida de movilidad, sino ante un sablazo fiscal en toda regla. Frente a esto, vamos a estar al lado de los vecinos y vecinas para frenar un modelo que solo busca recaudar más", ha concluido Barceló sobre una decisión "que afecta directamente al día a día de miles de vecinos y vecinas y que se ha tomado sin diálogo previo ni consenso".
Compromís lleva a Barcala al Síndic por negarle información sobre el contrato
El grupo municipal de Compromís vuelve a acudir al Síndic de Greuges este jueves, después de que el Ayuntamiento de Alicante no haya respondido a una petición de los valencianistas, registrada en enero de 2025, para obtener información técnica sobre la ampliación de la zona azul y naranja de la ciudad. El pasado año, un mes y medio después del requerimiento, la coalición ya solicitó amparo ante el defensor del pueblo valenciano.
Rafa Mas, portavoz de la formación, lamenta que el gobierno de Barcala no haya facilitado datos que "justificaran la ampliación de plazas de estacionamiento reguladas", por lo que considera que "todo este proyecto se ha llevado a cabo sin contar con los vecinos ni comerciantes de las zonas afectadas", como Benalúa, Princesa Mercedes o Alipark. "No sabemos plazas totales ni en qué calles, solo sabemos por el presupuesto aprobado por PP y Vox, que van a subir las tasas y multas", apunta el edil.
Desde Compromís, además, remarcan que el ejecutivo popular "quiere quitar de los bolsillos de los alicantinos más de 7 millones al año, hasta 143 millones en 19 años, hipotecando el futuro" de la ciudad. "Nos suben la tasa de basura, el agua y prevén aumentar los ingresos por los arrastres de la grúa, pero no mejoran la movilidad ni garantizan el aparcamiento. No podemos permitir más privatización del espacio público", concluye Mas.
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