Más margen para aprobar el Catálogo de Protecciones: este es el nuevo plazo para el Ayuntamiento de Alicante

El Ayuntamiento de Alicante dispondrá de más margen del inicialmente previsto para la aprobación definitiva del Catálogo de Protecciones. Este jueves, el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) ha publicado una resolución firmada por el director general de Urbanismo, Miguel Ángel Ivorra, en la que consta la publicación de la declaración ambiental y territorial estratégica (DATE) de dicho catálogo.

Este documento consiste en una serie de subsanaciones que la Conselleria de Medio Ambiente, liderada por Vicente Martínez Mus, exigió al Consistorio para poder llevar a cabo la aprobación definitiva del catálogo y, con ello, que los bienes y espacios sometidos a régimen de preservación por su valor cultural, histórico y medioambiental queden definitivamente auxiliados por la administración.

La declaración ambiental se firmó el 29 de febrero de 2024 y se ha publicado en el DOGV con dos años y dos meses de retraso. Eso implica que el plazo para llevar a cabo las subsanaciones y, con ellos, según fuentes jurídicas consultadas, la aprobación definitiva del catálogo, se inicia a partir de ahora. Dicho plazo es de cuatro años, más otros dos prorrogables, por lo que el desenlace final podría alargarse hasta el año 2032, aunque fuentes del Consell dan por hecho que no se apurará este margen. La tramitación arrancó en 2016, con el tripartito en el gobierno, aunque no fue hasta 2020 cuando se aprobó inicialmente por el Pleno.

Próximos pasos

Según las mismas fuentes conocedoras del reglamento, el retraso de años en la publicación de este tipo de resoluciones es una práctica “habitual” en la administración autonómica. El Ayuntamiento de Alicante debe proceder a una nueva aprobación del Catálogo de Protecciones en sesión plenaria (la primera fue en septiembre de 2020) una vez haya realizado las subsanaciones a través de los informes exigidos por parte de la Generalitat.

Dicha aprobación sería provisional, ya que quedaría a expensas de la validación de la Conselleria de Medio Ambiente, quien se encargaría de dar el visto bueno final. Cabe recordar que, en caso de no aprobar el catálogo en el plazo indicado, la DATE caducará y tendrá que emitirse una nueva.

Un largo recorrido

El Catálogo de Protecciones ha afrontado numerosos obstáculos en su camino hacia la aprobación final durante los últimos años, un periodo en el que diferentes gobiernos de diverso color político han intentado, sin éxito, sacarlo adelante. En 2016, bajo el gobierno tripartito de izquierdas se dio inicio al proceso de forma independiente al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), para evitar la desprotección de elementos patrimoniales significativos. Sin embargo, el ejecutivo local cambió de color político sin lograr su aprobación definitiva: el PP y Ciudadanos, con el apoyo de los dos tránsfugas (Fernando Sepulcre y Nerea Belmonte) tumbaron el documento, impulsado por Miguel Ángel Pavón desde Urbanismo, ante el temor a indemnizaciones millonarias por la protección de suelo.

Posteriormente, ya con Luis Barcala en la Alcaldía y compartiendo el gobierno con Cs en el siguiente mandato, el 9 de septiembre de 2020 se aprobó parcialmente el catálogo en sesión plenaria, ya con Adrián Santos Pérez en Urbanismo.

Desde entonces ha habido derribos de edificios como el número 11 de la calle Segura, que contaba con una fachada protegida y que fue echada abajo para reformar el inmueble. También otro en la avenida Benito Pérez Galdós, en la esquina con José María Py.

A la espera de la aprobación definitiva, en junio de 2022 el Ayuntamiento suspendió las licencias de demolición en edificios incluidos en el documento y en marzo del año pasado solicitó la ampliación de la vigencia de esta medida, que caducaba en dos años.

Poco antes, en febrero de 2024, la Generalitat envió la citada DATE con las subsanaciones pertinentes al Ayuntamiento sin que el proceso se haya resuelto. En su momento, Manuel Villar, en calidad de portavoz municipal, afirmó en sesión plenaria que el consistorio planteaba la revisión del catálogo a través de un “equipo técnico” formado gracias a un convenio de colaboración con la Universidad de Alicante que, en abril de este año, desde la Concejalía de Urbanismo se concluyó que “no era viable”.

A la espera de la aprobación definitiva del catálogo, el régimen de conservación específico requerido para elementos, espacios o bienes inmuebles debido a sus valores culturales, naturales, paisajísticos o de otro tipo continúa sin poder ser aplicado.

Condiciones

En la DATE de febrero de 2024 que este jueves se ha publicado en el DOGV figuran las condiciones que la Generalitat pone al Ayuntamiento de Alicante para la aprobación definitiva del catálogo. Fundamentalmente, exige la espera para que haya pronunciamientos definitivos de diferentes administraciones sobre el contenido en las secciones de paisaje, de patrimonio cultural o natural del catálogo, así como que las fichas del catálogo incorporen la autorización de las cuencas hidrográficas para llevar a cabo obras en cauces o prohibir actuaciones que comporten la ejecución de construcciones vulnerables en zonas inundables.

También piden que se añada la condición de que las modificaciones de uso de inmuebles catalogados, “en caso de estar afectados por inundabilidad, dispongan de un informe del órgano competente en la materia”.

Tal como figura en el mismo documento de la DATE del Catálogo de Protecciones, el Ayuntamiento propuso la redacción de un documento siguiendo las determinaciones de la Trlotup, siglas de la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunidad Valenciana. Sin embargo, en el borrador del catálogo no figuraba una memoria justificativa de la selección de elementos ni de exposición de criterios de selección, clasificación y valoración aplicados, así como otros requisitos generales que obligaron a realizar subsanaciones.

En total, el catálogo comprende 945 fichas, de las cuales la mayoría (418) son de Bienes de Protección Parcial, seguidos por los Bienes de Relevancia Local (102), los árboles monumentales (97), los Bienes de Protección General Integral (77), elementos de patrimonio arqueológico (57) y 32 Bienes de Interés Cultural (BIC) en edificios y espacios urbanos, entre otros elementos.

Entidades consultadas

Entre las entidades consultadas sobre posibles afectaciones constan, por ejemplo, afectaciones advertidas por la Epsar, la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas, que en 2021 informó de “coincidencias espaciales entre algunos elementos del Catálogo de Protecciones e infraestructuras de saneamiento”, como la localización de la EDAR (estación depuradora) de Monte Orgegia junto al área natural de Las Lomas, “dentro de la unidad de paisaje Lomas del Garbinet y de Orgegia”. También pedían “considerar la coincidencia de los trazados de conducciones por gravedad e impulsión”, respecto a la EDAR del Rincón de León, “en el cauce del barranco de las Ovejas, en el cruce con el cauce del barranco de Agua Amarga y con el área natural de El Saladar y de las dunas fósiles de Agua Amarga, también considerado un recurso paisajístico dentro de la unidad de paisaje El Saladar”. A su vez, apuntaban que “la EDAR de Tabarca se ve plenamente afectada”.

También se pronunció la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Rede Ferroviaria del Ministro de Transportes, que en 2020, en la etapa del ahora investigado José Luis Ábalos, señalaba la posibilidad de “rebajar el rasante de la vía ferroviaria que discurre sobre el barranco de las Ovejas y pedía resolver de manera coordinada la aparente incompatibilidad”, según se lee en el informe. Frente a este y otros apuntes, la Generalitat indicaba que el régimen de protección debía de ser “compatible” con el desarrollo de las actuaciones previstas en el estudio informativo de la remodelación de la red ferroviaria de Alicante. Cabe recordar que el Ministerio se ha comprometido con el desmantelamiento de las vías ferroviarias que cruzan el litoral sur del término municipal, en los barrios de Agua Amarga y San Gabriel.

Otra de las instituciones que se pronunciaron fue la Dirección General de Aviación Civil, también del Ministerio de Transportes, que observó que el catálogo no recogía los límites del “área de cautela” del Plan director del Aeropuerto, donde se incluye una unidad de paisaje y un recurso paisajístico, y encomendó a incluir la zona en el documento y condicionar cualquier desarrollo urbanístico en el área a acuerdos con AENA.

También hizo aportaciones el Ayuntamiento de Elche, en referencia a los elementos de interés natural que tienen continuidad en este término municipal, pidiendo el estudio de “alternativas válidas para dotar de continuidad espacial los ámbitos de la sierra de Colmenares y el saladar de Agua Amarga”.

Estos y otros aspectos deben ser resueltos por el Ayuntamiento de Alicante no más tarde del año 2032, 16 años después de que se iniciara el camino para la aprobación del catálogo. Un objetivo que, de cumplirse el plazo, habrá pasado por cuatro equipos de gobierno diferentes: el tripartito de izquierdas que lideró Gabriel Echávarri, los dos gobiernos de Barcala (el primero con Cs y el segundo con el PP en solitario, aunque con el apoyo externo habitual de Vox) y el ejecutivo que se conforme después de las elecciones municipales de mayo de 2027. Y en caso de prórroga podría participar un quinto gobierno local, el que surja después de los comicios de 2031.

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