Vox recula y "valora" ahora llamar a Camarero para que comparezca en la comisión de Les Naus de las Cortes

Un posible cambio de guion. Si en un primer momento el grupo de Vox en las Cortes Valencianas, preguntado por INFORMACIÓN, aseguró "no tener contemplado" llamar a la vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Susana Camarero, para que acuda a la comisión de investigación sobre las polémicas adjudicaciones de inmuebles en el residencial Les Naus de Alicante, ahora afirman "estar valorando" incluirla en la lista de comparecientes.

Esta rectificación se produce después de que este diario haya preguntado a los distintos portavoces de los grupos parlamentarios en la comisión sobre las personas a las que pretenden llamar a comparecer en este órgano, que investiga un escándalo destapado a finales de enero por INFORMACIÓN. En el caso de la formación ultraderechista, el diputado Miguel Pascual, que ejerce de portavoz en el órgano, ha dado marcha atrás, asegurando ahora que su partido estaría estudiando la posibilidad de llamar a la vicepresidenta.

Con esta corrección, si Vox acabara apostando por llamar a la vicepresidenta de la Generalitat, el PP se quedaría solo en su posición y sin mayoría suficiente para vetar dicha comparecencia. “Camarero no tienen ningún tipo de responsabilidad directa sobre el caso, ya llevó a la Fiscalía los aspectos presuntamente irregulares de las adjudicaciones y tomó las medidas que le competen”, afirma Javier Gutiérrez, portavoz del PP en la comisión, que añade que “buscar la responsabilidad de la titular de la conselleria en un documento firmado por un funcionario nombrado por el Botànic es buscar el circo y desconocer los procedimientos”.

Camarero no tienen ningún tipo de responsabilidad directa sobre el caso

Javier Gutiérrez

— Portavoz del PP en la comisión

Gutiérrez se refiere al trabajador de la Generalitat que fue suspendido de empleo y sueldo tras conocerse que había validado supuestamente datos falsos para adjudicar un piso a su mujer en la polémica promoción. La pareja es arquitecta en el departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante, área que lideraba la concejala Rocío Gómez, del PP, que dimitió después de que INFORMACIÓN relevara que había sido una de las beneficiarias de las casas.

El plan de trabajo, con plazo para presentarlo por parte de los grupos hasta el 30 de abril, establecerá los nombres de las comparecencias para investigar el caso. Desde el PP, Javier Gutiérrez afirma que plantean solicitar comparecencias “parecidas a las de la comisión que se está llevando a cabo en el Ayuntamiento de Alicante”, pero no llamarán “a nadie ajeno al círculo de la responsabilidad directa”.

No pondremos líneas rojas a las comparecencias, pero tampoco será una barra libre

Miguel Pascual

— Portavoz de Vox en la comisión

En este sector sitúan al Ayuntamiento, a los técnicos de la conselleria presuntamente implicados y a los adjudicatarios que tengan relación con el Consistorio. Entre estos comparecientes solicitados estaría el alcalde de Alicante, Luis Barcala, también del PP, por entender que la institución municipal debe dar su versión de los hechos. Sobre comparecientes de alta responsabilidad autonómica, Gutiérrez los rechaza. “No queremos espectáculo, eso es lo que quieren el PSOE y Compromís, que protestan porque el ritmo de la comisión en el Ayuntamiento es rápido y porque en las Cortes está siendo más lento”.

Por su parte, en Vox, más allá de la rectificación comentada, afirman que aún están “valorando” los posibles nombres. “Queremos llamar a todos los que corresponda para esclarecerlo todo”, dice Miguel Pascual, que asegura que no pondrán “líneas rojas”, pero que tampoco será “una barra libre”. “Por nuestra parte no habrá restricciones”, asegura, y cita también como posibles comparecientes al secretario autonómico de Vivienda, Sebastián Fernández; y al director general, Juan Antonio Pérez.

La izquierda

Las formaciones de izquierdas quieren ir más allá en la lista de comparecientes. José Díaz, portavoz del PSPV en la comisión, afirma que aún no tienen ultimados los nombres, pero prevé que pedirán la comparecencia de “los 140 adjudicatarios de viviendas de la promoción”. A su vez, propone “llamar a miembros de colegios profesionales de notarios, registradores o arquitectos para tener voces autorizadas sobre el funcionamiento correcto de estos procesos”, así como “sindicatos o la Plataforma de Afectados por la Hipoteca” (PAH), ya que “la comisión debe servir para estudiar el modelo del Plan Vive de Mazón”, instaurado por la Generalitat para generar vivienda protegida.

Carlos Mazón, Camarero, Barcala, María Pérez-Hickman, Rocío Gómez y los funcionarios que visaron datos deben desfilar por la comisión

José Díaz

— Portavoz del PSPV en la comisión

A su vez, Díaz también pretende pedir información “sobre las permutas de pisos” o centrarse incluso en las sospechas que han surgido en otras localidades, como Sant Joan d'Alacant o València. “Solicitaremos toda la documentación y consultaremos todos los puntos de vista y, por supuesto, Carlos Mazón, Camarero, Barcala, María Pérez-Hickman, Rocío Gómez y los funcionarios que visaron datos deben desfilar por la comisión”.

Mazón y Camarero deben estar desde el principio y deben dar explicaciones

María José Calabuig

— Portavoz de Compromís en la comisión

Por último, en Compromís, la portavoz de la formación en el órgano, María José Calabuig, pronostica que “no habrá sorpresas” en sus propuestas y que llamarán “a las personas implicadas y que han pasado por las concejalías”. También plantean llamar “a los agentes de policía que realizaron las inspecciones, a los representantes de la cooperativa de Les Naus” y consideran, además, que “Mazón y Camarero deben estar desde el principio y deben dar explicaciones”.

También pedirán la comparecencia del actual presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, que según la diputada “ha mentido descaradamente” sobre este caso. Por último, otros de los comparecientes solicitados serán “personas relacionadas con la construcción, con la jurisprudencia y con el ámbito académico que puedan analizar la normativa y que puedan aportar algo sobre la finalidad de la vivienda protegida para saber qué se hizo mal, cómo mejorar el decreto y cómo garantir la función social de la vivienda”.

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