«El aforamiento no debe ser un burladero para no responder ante la Justicia»

Carlos Castresana, el fiscal que persiguió a Pinochet y lideró la lucha contra la impunidad en Guatemala, ha presentado en Alicante su libro «Bajo las togas», donde analiza las costuras de la justicia. Con una mirada que viaja del siglo XVI a la actualidad, el hoy fiscal del Tribunal de Cuentas analiza en esta entrevista la politización del CGPJ, el polémico sistema de aforamientos y la crisis de un derecho internacional que hoy asiste impotente a los conflictos bélicos.

Pregunta: En su libro Bajo las togas dibuja una justicia con problemas estructurales. Si tuviera que resumirlo en una sola idea, ¿cuál sería?

Respuesta: Básicamente, que seguimos tropezando en las mismas piedras de manera inexplicable. En el libro analizo 25 procesos penales desde el siglo XVI al XXI en ocho países distintos. De ese examen se desprende que las causas de los errores judiciales son muy claras y se podrían remediar, pero no se ponen los medios. Además, no nos preparamos para prevenir el uso abusivo de la justicia penal que hacen instituciones o ciudadanos para deshacerse de sus adversarios.

«La independencia judicial no es un derecho de los jueces, sino una obligación hacia el justiciable»

P: ¿Cuáles son esos fallos concretos que el sistema parece incapaz de corregir?

R.: Hay varios focos. Primero, una mala interpretación de los testimonios; sigue habiendo mucha discriminación por razones de sexo, raza, edad o procedencia. Los prejuicios de los juzgadores, a veces inconscientes, conducen al error. Segundo, el uso de la prueba indiciaria a veces sirve como pretexto para construir pruebas de cargo que en realidad no existen. Y tercero, la impunidad del falso testimonio: no aplicamos el rigor de la ley a quienes van deliberadamente a engañar a un tribunal.

P: También dedica una parte del libro a la tortura y a la "razón de Estado"...

R.: Sí, me refiero a la tortura literal, pero también a los mecanismos de coerción para que los inculpados acepten culpas que no son suyas. Pese a que está prohibida, Amnistía Internacional denuncia que se practica en más de 140 países; el sistema mira para otro lado ante esos indicios. Sobre la razón de Estado, analizo cómo el poder utiliza el proceso penal para eliminar a personas molestas.

P.: ¿Escribió este libro pensando solo en jueces y abogados?

R.: Al contrario, está escrito para todos los públicos. Especialmente para cualquier ciudadano que mañana pueda ser llamado a integrar un jurado. El objetivo es desvelar esos «arcanos» que a la gente común resultan incomprensibles y que provocan una desconfianza generalizada en la Administración de Justicia. Ese divorcio entre ciudadanos y tribunales tiene consecuencias nefastas: la gente percibe la justicia como algo ajeno de lo que conviene mantenerse lejos, y eso dificulta que los testigos colaboren o que las víctimas denuncien.

El CGPJ ha sido colonizado por los partidos políticos desde hace cuarenta años

P.: Hablemos del sistema actual. ¿La justicia española es independiente o solo lo parece?

R.: Tiene un nivel razonable de independencia respecto del poder político en su actuación cotidiana. La independencia no es un privilegio de los jueces, es una obligación hacia el justiciable. El juez tiene el deber de eludir las presiones externas. Sin embargo, en España el déficit no es tanto de independencia, sino de responsabilidad. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no ha sido lo suficientemente contundente para asegurar la independencia cuando ha sido amenazada, ni para exigir responsabilidades a los jueces que se han apartado de su obligación. El juez debe responder de su gestión. Insisto: el problema real es la responsabilidad y recordar que detrás de los papeles hay personas. Lo que para un funcionario es un expediente de rutina, para el afectado es el caso de su vida.

P.: ¿Qué opina de las influencias externas que vemos cada día?

R.: Cada día percibimos presiones que vienen del Gobierno, pero también de la oposición, dirigidas a los tribunales. Incluso percibimos ataques del Poder Judicial a la independencia del Ejecutivo o del Legislativo. La separación de poderes es el verdadero problema en España y debemos asegurar entre todos que cada uno desempeñe su función.

P.: ¿Cómo ha afectado el bloqueo y la politización del CGPJ a la credibilidad del sistema?

R.: Mucho. Aunque el CGPJ no dicta sentencias, es el que gobierna el Poder Judicial: decide nombramientos y sanciones. Desgraciadamente, hace al menos 40 años que ha sido colonizado por los partidos políticos mayoritarios. Se ha convertido en una correa de transmisión de las mayorías parlamentarias. Esto provoca que a los tribunales más importantes (Supremo, TSJ o Constitucional) no siempre lleguen las personas mejor cualificadas, sino las más afines políticamente.

«El divorcio entre los tribunales y los ciudadanos tiene consecuencias nefastas»

P.: Usted ha sido fiscal anticorrupción, antidroga y ahora está en el Tribunal de Cuentas. En su carrera, ¿ha sufrido presiones directas?

R.: Sí las he tenido, pero un juez o fiscal no suele ser molestado en el 99% de los casos. Solo ocurre en los casos políticamente sensibles. En mi etapa en la Fiscalía Anticorrupción sí recibía órdenes del Fiscal General de la época indicándome qué hacer o no hacer. Cuando yo consideraba que no se ajustaban a derecho, expresaba mi discrepancia. Pero en Antidroga o en el Supremo nunca recibí una directriz extrajurídica.

P.: ¿Se olvida la faceta humana por la carga de trabajo?

R.: En gran parte, sí. España sigue por debajo de la media europea en número de jueces y fiscales. Por ejemplo, la Sala Primera del Supremo tiene 15.000 asuntos pendientes para solo diez magistrados. ¿Cuándo van a resolver eso? ¿Y cuántos se acumularán mientras tanto?

P.: ¿Sigue siendo la justicia igual para todos en España?

R.: Debería serlo, pero yo vivo cada día la situación de discriminación y prejuicios. Seamos sinceros: no se atiende igual a un español que a un extranjero, ni se valora igual el testimonio de un hombre que el de una mujer. Si eres extranjero, no residente y de una minoría racial, tienes malas cartas para jugar esta partida. Lo mismo ocurre en casos de violencia de género o agresiones sexuales; tendríamos que ser mucho más objetivos y exigir siempre corroboraciones para evitar versiones interesadas. Recojo infinidad de casos de discriminación a las mujeres y por nacionalidad. Tropezamos siempre con la misma piedra. Pero es evitable y no cabe lugar para la resignación.

P.: ¿Tiene sentido el sistema de aforamientos en España?

R.: Algunos son indispensables para proteger altas magistraturas en el poder judicial, legislativo y ejecutivo de acciones insidiosas o políticamente motivadas. Pero debería limitarse exclusivamente al cargo y al ejercicio de sus funciones. No debería tener la extensión enorme que tiene en España, que no tiene precedentes, ni aplicarse a cuestiones de la vida privada. El aforamiento protege la función, no al individuo.

P.: En el caso de la Comunidad Valenciana, ¿el aforamiento de Carlos Mazón podría condicionar una investigación sobre sus responsabilidades?

R.: No debería. Es lógico que un presidente autonómico tenga un estatuto que le proteja de actuaciones malintencionadas por el cargo que ocupa. Pero eso no puede convertirse en un «burladero» para no responder ante la justicia de la misma manera que cualquier otro ciudadano. El equilibrio está en proteger la función sin convertirlo en una ventaja personal.

P.: Esta semana coinciden causas de corrupción que afectan a PP (Kitchen) y PSOE (Ábalos). ¿Qué lectura hace de esta simultaneidad?

R.: Probablemente, sea fortuito, ya que son tribunales distintos. Lo importante es la rendición de cuentas y que sea lo más rápida y transparente posible. Eso contribuye a la confianza en la Justicia. Nuestra justicia ha pecado de falta de transparencia desde la Transición. Casos como el de la Fiscalía de Palma de Mallorca con la corrupción en Baleares demuestran que, con la misma ley y recursos que otros, se puede hacer una tarea ejemplar llamando a capítulo a los responsables políticos. El sistema tiene contrapesos para que quien infrinja la ley pague.

«Lo que ocurre en Oriente Medio es como un cáncer con actuaciones muy destructivas pero el 98% de los estados respetan el Derecho Internacional»

P.: Saltando al escenario internacional, ante los conflictos de Gaza, Ucrania y Venezuela, ¿sigue siendo eficaz el Derecho Internacional o es «papel mojado»?

R.: Sigue siendo una herramienta eficaz porque el 98% de los estados lo respetan el 98% del tiempo. El problema es que es un derecho consensual, no hay un parlamento mundial. En casos de países marginales, las violaciones no son tan relevantes, pero cuando quienes violan las normas son superpotencias como Rusia, China o EEUU, se produce una conmoción y parece que el orden se ha destruido. Lo que ocurre en Gaza, Ucrania o el Líbano es como un cáncer; son actuaciones muy destructivas que siembran un ejemplo contagioso y perturbador.

P.: ¿Hay solución para esta crisis del multilateralismo?

R.: Hay una crisis evidente y el papel de la ONU está siendo minimizado por las superpotencias. Pero el sistema tiene recursos. El periodo más seguro que hemos vivido fue entre la caída del Muro de Berlín (1989) y las Torres Gemelas (2001). El mundo funcionó mejor porque las potencias aceptaron jugar con las reglas y no «dar patadas al árbitro». Debemos volver a la mesa de negociación porque es la única vía para la coexistencia pacífica; la otra opción es tirar bombas, y eso no soluciona nada.

P.: ¿Ve paralelismos entre lo que pasa en España y a nivel internacional?

R.: En España hay mucha polarización, pero es más bien verbal y de cara a procesos electorales. En general hay un respeto aceptable del Estado de Derecho tanto por el Gobierno como por la oposición. Somos un Estado democrático de Derecho en el que el sistema funciona razonablemente y hay una rendición de cuentas aceptable. El sistema no es perfecto y hay casos que se quedan por el camino, como personas vinculadas a delitos económicos que se salen con la suya. Pero no hay una fractura del sistema; este funciona y lo hace bien. Debemos darnos cuenta de qué es lo que falla y poner los medios.

P.: ¿Estamos en una era en la que importa menos el Derecho Internacional que la fuerza?

R.: No. Estamos en una era en la que algunos gobiernos, que son de los más poderosos del mundo, están actuando al margen de la legalidad internacional. Eso produce una alteración grave del equilibrio en la comunidad internacional porque las acciones que están desarrollando son verdaderamente relevantes en cuanto a la destrucción del orden jurídico. Pero insisto en que son episódicas. Aunque sean escandalosas y causen una pérdida de vidas humanas dramática, no significa que la mayor parte de la comunidad internacional se haya «echado al monte». Afortunadamente, no estamos en la Edad Media.

P.: ¿Cómo debería reaccionar la comunidad internacional ante estos ataques al orden jurídico?

R.: Igual que se establecieron sanciones a Rusia cuando invadió Ucrania, habría que buscar la forma de imponer medidas sancionatorias a Estados Unidos e Israel, que son los agresores en Oriente Medio. No solo ponen en peligro la vida en la región, sino el orden económico mundial por el suministro de petróleo. La Unión Europea tiene una enorme responsabilidad; por mucho que seamos socios y aliados de EE.UU., no podemos tolerar algunas cosas. Nuestra función como ciudadanos es pedir a nuestros gobiernos que en Bruselas se adopten medidas contundentes. No debemos aceptar que simplemente miren para otro lado.

P.: ¿Estamos a tiempo de corregir los problemas de la Justicia española?

R.: Sí, siempre se está a tiempo. Se debería haber producido un gran pacto por la Justicia en la Transición y no se dio. La Justicia española necesita una reconsideración total para diseñar un sistema más eficiente y garantista. Cuestiones técnicas, como que la instrucción pase a cargo de los fiscales, deberían abordarse de manera desapasionada y no como una discusión partidista. Es increíble que nuestra Ley de Enjuiciamiento Criminal sea del siglo XIX y no nos pongamos de acuerdo en cuestiones puramente técnicas debido a la carga partidista que contamina los debates.

«La Justicia debe quedar fuera del debate partidista»

P.: Veo que su balance final no es tan pesimista.

R.: El mensaje debe ser de realismo, no de pesimismo. Tenemos una justicia homologable a la francesa, la portuguesa o la italiana; no funcionan mejor ni peor que la nuestra. Tenemos disfunciones que hay que corregir por el interés común y para garantizar los derechos de los ciudadanos. La mayor parte de los jueces y fiscales hacen su trabajo y lo hacen bien: se persigue al narcotraficante, al estafador y al homicida. Se mantiene el respeto a las normas del Estado de Derecho como un país más de la UE.

P: ¿Falta voluntad política para abordar esas carencias?

R.: No creo que sea falta de voluntad. El Ministerio de Justicia ha promovido reformas y se han dotado plazas. El problema es que la Justicia, por los casos de corrupción, se ha colocado en el centro de la polarización política y ha sido convertida en arma arrojadiza. Tendríamos que hacer el esfuerzo de sacar la Justicia de ese debate y llevarla a un lugar más técnico y sosegado. Las propuestas no son tan diferentes; se trata de conseguir mayorías que tiendan al interés común.

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