Las comisiones en el Ayuntamiento de Alicante: entre el "acelerón" de Les Naus y el letargo del resto

Desde que se inició el presente mandato, con la toma de posesión de la Corporación en junio de 2023, el Ayuntamiento de Alicante ha creado ocho comisiones, al margen de la relativa al escándalo de las viviendas protegidas. Sin embargo, su utilidad y, sobre todo, su frecuencia han sido bien distintas de la del organismo de Les Naus. Mientras que la izquierda acusa al PP de tratar de dar carpetazo por la vía rápida a la investigación sobre las polémicas adjudicaciones de La Condomina, buena parte del resto de asuntos permanecen (algunos, desde hace años) a la espera de que llegue su momento.

Las ocho comisiones son: para la protección y recuperación del valle de Fontcalent; para abordar las necesidades específicas de los barrios de la Zona Norte de Alicante; para efectuar el seguimiento de la elaboración del Plan de Acción Zonal del Casco Histórico; la de las relaciones Puerto-Ciudad; una para establecer acciones para la recuperación del comercio afectado por las obras en zonas comerciales; la de la isla de Tabarca; otra con el objeto de auditar el actual servicio de limpieza y gestión de residuos; y la que nació para analizar y evaluar la gestión y el funcionamiento del cuerpo de la Policía Local. Del total, cuatro de ellas no han pasado de la primera reunión, que es básicamente un formalismo para la constitución del órgano. Todo ello, pese a que dichos trámites tuvieron lugar en el año 2023, en los primeros compases del mandato. Desde entonces, la situación de Fontcalent, la de la Zona Norte, las compensaciones al comercio por los efectos de las obras y la relación entre el puerto y la ciudad no han vuelto a ser abordadas en sus respectivas comisiones.

En cuanto al resto, han corrido mejor suerte, pero tampoco destacan por su ritmo desbocado. La más fructífera hasta la fecha ha sido la de la Policía Local, que acumula seis sesiones en el pasado 2025. La creación de la comisión se pactó en el pleno municipal en diciembre de 2024, aunque no fue constituida por el alcalde, Luis Barcala, hasta tres meses más tarde. Desde entonces, han comparecido en ella tanto el jefe de la Policía Local, José María Conesa, como distintos mandos, aclarando cuestiones sobre el funcionamiento interno del cuerpo y los problemas que atraviesa la plantilla, tras múltiples denuncias de los agentes por deficiencias laborales y de equipamiento. Una vez concluidas las comparecencias, los grupos municipales expusieron sus conclusiones con un único punto en el que coinciden tanto la izquierda como Vox: la necesidad de reforzar la plantilla ante la escasez de efectivos.

En este sentido, el comisario principal (cuya jubilación forzosa está pendiente de resolución judicial) participó voluntariamente en la primera convocatoria de la comisión e incidió en la necesidad de reforzar a la Policía Local de Alicante con más personal. Pese al aparente consenso en, al menos, parte del diagnóstico, la comisión ha quedado vista para una «sentencia» que no termina de llegar. Tras la última reunión, que tuvo lugar el pasado mes de enero, estaba previsto que los grupos celebraran un nuevo encuentro para pactar un dictamen conjunto, algo que no ha sucedido por ahora.

Tabarca y Limpieza

Al margen de la Policía, otra de las comisiones que sí ha contado con actividad durante este mandato es la relativa a la isla de Tabarca, que se ha reunido en cuatro ocasiones. Las necesidades de la isla (donde los vecinos llevan años reclamando mayor atención por la falta de limpieza y la presión turística) se han abordado en un contexto en el que el Ayuntamiento busca aprobar su Plan Especial.

Sin embargo, estos avances han resultado insuficientes para los residentes de Tabarca, que han impulsado recientemente una iniciativa con la que buscan «independizarse» económicamente del Consistorio alicantino. La asociación de vecinos insular ha iniciado los trámites con los que reclamará convertirse en una Entidad Local Menor (ELM), lo que les permitiría, entre otras cuestiones, gozar de mayor autonomía para gestionar su propio presupuesto, como ocurre en territorios como Jesús Pobre o La Xara. Desde la asociación apuntan que cumplen con todos los requisitos para ello y que la petición la respaldan, por ahora, 33 de los 59 empadronados. El gobierno municipal, por su parte, descarta que se pueda hablar de «abandono» y espera poder aprobar el citado Plan Especial «lo antes posible», aunque el trámite sigue sin fecha prevista.

También se ha reunido más allá de la sesión constitutiva la comisión de Limpieza, que acumula tres sesiones con el objetivo de auditar el servicio y el cumplimiento del contrato. En la última cita del organismo, que tuvo lugar el pasado 15 de enero, el orden del día se resumía en el análisis de la documentación aportada hasta la fecha y el habitual turno de ruegos y preguntas. El foro alude a una de las áreas municipales que este mandato (en el que el alcalde ha tenido que remodelar el equipo de gobierno por la dimisión de dos concejales hasta la fecha) han experimentado un cambio de responsable. Tras una primera etapa bajo el mando del vicealcalde, Manuel Villar, el «novato» Rafael Alemañ asumió la concejalía con el reto de mejorar el funcionamiento de un servicio que hasta Barcala reconoce como deficiente. Para ello, se han impulsado por ahora tres modificaciones contractuales y el recién anunciado refuerzo de la plantilla de inspectores, una de las principales demandas de la oposición en el seno de la comisión.

No obstante, si hay una comisión que concentra todas las miradas desde que Luis Barcala llegó a la Alcaldía (con permiso de la que se abrió para investigar un posible caso de nepotismo en las oposiciones de la Policía Local) es la del escándalo de las viviendas protegidas de Les Naus. Las polémicas adjudicaciones destapadas por INFORMACIÓN, en las que cargos del PP se beneficiaron de inmuebles destinados a personas con recursos limitados, se han cobrado por ahora la dimisión de la exconcejala de Urbanismo Rocío Gómez; la ex directora general María Pérez-Hickman; y el que fuera jefe de Gabinete de la Conselleria de Turismo Miguel Ángel Sánchez. La próxima semana, arrancarán las sesiones centrales del organismo, con la mirada puesta en las comparecencias (tanto técnicas como políticas) y la esperanza puesta en que el foro sirva para esclarecer lo ocurrido en un escándalo que ha supuesto para Barcala mayor crisis de gobierno de sus ocho años al frente del gobierno municipal.

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