El plantón de los técnicos evita aclarar las dudas sobre el escándalo de las viviendas protegidas de Les Naus en Alicante

El Ayuntamiento de Alicante celebra este martes una nueva sesión de la comisión de investigación sobre el escándalo de las viviendas protegidas de Les Naus. En la reunión estaba previsto que comparecieran hasta seis funcionarios municipales, incluyendo a la jefa de Patrimonio (que advirtió al gobierno de Barcala sobre posibles conflictos de interés) y al arquitecto municipal Francisco Nieto, beneficiario de uno de los pisos y asesor técnico durante la tramitación del contrato. Sin embargo, el encuentro se ha iniciado dando cuenta de que la mayor parte de los llamados a participar ya habían anunciado previamente su intención de no presentarse al interrogatorio.

Las dos ausencias más sonadas han sido la del propio Nieto, que trasladó al Ayuntamiento su negativa el pasado día 10 de abril, y la de la responsable de Patrimonio, que hizo lo propio varios días antes, el 7 de abril. El citado arquitecto municipal, vecino de Les Naus, ahora apartado de su labor el departamento de planeamiento, "no solo mantuvo reuniones con el personal de este servicio para tratar el asunto" del polémico residencial, sino que también estuvo presente en diversos encuentros celebrados con la cooperativa.

De hecho, "dada su predisposición e intervención, se llegó a proponer su nombramiento como responsable del contrato", tras no haberse formalizado sucesión alguna desde las jubilaciones de los anteriores supervisores. Finalmente, tras las conversaciones mantenidas entre la Concejalía de Patrimonio y la de Urbanismo (en manos de los dos ediles populares que posteriormente han dimitido este mandado), "se decidió que el técnico designado fuera otro arquitecto municipal", jefe del departamento de licencias, "en cumplimiento de las directrices dadas" por la edil Rocío Gómez, de que "no podía ser el que figurara como técnico-asesor del contrato".

Cambios de versión

Tampoco participará en la sesión de este martes la jefa de Patrimonio, el departamento que alertó al alcalde Luis Barcala de posibles conflictos de interés en las adjudicaciones de Les Naus. De ella se esperaba que aclarase, entre otras cuestiones, el cambio de versión entre su primer informe (enviado por email al secretario del Pleno) y un segundo documento, ya de carácter oficial, incorporado a la investigación abierta por el regidor popular.

El primero de los archivos (que no consta de número de registro y, según el alcalde, fue enviado desde el departamento de Patrimonio al vicesecretario del Ayuntamiento) apuntaba que, tras constatar la existencia de adjudicatarios "vinculados a personal municipal que ha intervenido en la gestión del contrato", se considera que "podría conllevar la exigencia de responsabilidades" a dichas personas, así como "afectar a la imagen de la Corporación municipal y de su personal". Además, si bien se indicaba que "la adecuación al cumplimiento de la normativa de vivienda protegida debe ser atendida por la conselleria y no por el Ayuntamiento", sí se avisaba de que el Consistorio "debe velar porque el reparto se haya efectuado conforme a los principios de accesibilidad universal, publicidad y concurrencia".

Los técnicos plantan a la comisión de investigación del escándalo de las viviendas protegidas de Alicante

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En el marco de la investigación iniciada por Barcala, el departamento de Patrimonio hizo entrega al instructor del expediente (en esta ocasión sí por registro oficial y que también forma parte del expediente municipal) un segundo informe sobre los hechos bajo sospecha. En este nuevo documento, con la mayor parte de párrafos calcados palabra por palabra del primer archivo, se suprimía la alusión a posibles consecuencias para los implicados y la imagen de la Corporación, así como el aviso sobre responsabilidad del Ayuntamiento de velar por un reparto de acuerdo con los principios fijados en la ley. Además, se excluyó también toda alusión concreta a los cargos y funcionarios señalados en el primer escrito, limitando las sospechas a que "figuran como adquirientes determinadas personas vinculadas a personal municipal que ha intervenido en la gestión del contrato".

"Habéis jugado con ventaja"

La ausencia de la mayoría de los técnicos llamados a comparecer ha indignado a la oposición municipal, especialmente por las fechas en las que cada uno de los grupos ha sido conocedor de las ausencias. Mientras que los grupos de izquierda y Vox se han enterado del "plantón" este mismo martes, con la sesión iniciada, los ediles del gobierno popular sí estaban al tanto de la intención de los funcionarios desde el momento en que cada uno de los implicados lo comunicó: entre el 7 y el 13 de abril.

La secretaría de la comisión ha excusado la falta de comunicación al resto de grupos en que la decisión de los funcionarios podría haber cambiado en cualquier momento. "El PP sabe desde el primer momento que no comparecen, pero el resto de grupos hemos perdido un tiempo maravilloso porque el Partido Popular no ha querido informar. Nos han tenido hasta el día de hoy trabajando cuando ellos lo sabían desde hace una semana", ha recriminado el portavoz de Compromís, Rafa Mas.

Por su parte, la portavoz del PSOE, Ana Barceló, ha incidido en que "eL hecho de que no se comparezca deja botando la idea de que las cosas no están claras", especialmente cuando el informe de la jefa de Patrimonio "es la base jurídica de la denuncia presentada por el Ayuntamiento ante Fiscalía".

En la misma línea, el edil de EU-Podemos, Manolo Copé, cree que la ausencia de los funcionarios municipales "compromete el desarrollo y dificulta el esclarecimiento de los hechos". Según el edil progresista, "si las personas que tienen que rendir cuentas, no vienen, el objetivo de la comisión queda bastante dañado, esperemos que el juzgado les llame y den las explicaciones que no han querido dar a conocer a los representantes de la ciudadanía".

"El procedimiento se desvirtúa"

Sí ha comparecido el ex jefe técnico de Urbanismo que participó en el proceso de adjudicación de la parcela sobre la que se construyó el residencial, José Luis Ortuño, quien se ha mostrado sorprendido por haber sido el único de los funcionarios en aceptar la llamada de la comisión: "No sé si es un honor o un horror", ha bromeado.

Antes de comenzar, Ortuño ha querido destacar su ausencia de vinculación con la polémica urbanización de La Condomina: "Ni yo ni mi familia tenemos ningún piso en Les Naus ni tengo nada que ver con las adjudicaciones de viviendas". Tras ello, ha lamentado que los retrasos en la tramitación del expediente ha avivado la polémica, ya que "cuando se dilata tanto un procedimiento, los objetivos se desvirtúan". Según él, la tramitación de Les Naus "en un año debía de haberse solventado, pero ha tardado diez".

El PP pregunta quién eligió La Condomina

A la hora de las preguntas, el vicealcalde y presidente de la comisión, Manuel Villar (PP), ha preguntado a Ortuño quién redactó el pliego de enajenación de la parcela y por qué se escogió hacerlo en la zona de La Condomina, una de las mejores de Alicante.

El que fuera funcionario de Urbanismo ha señalado que aquellos documentos fueron elaborados por Elpidio Vázquez (uno de los funcionarios que ha declinado acudir este martes a la comisión) y él mismo. En cuanto a quién decidió construir VPP en dicha parcela, no ha podido determinar si fue una decisión técnica o política, pese a la insistencia del vicealcalde: "No lo recuerdo, fue hace más de 10 años, imagino que sería por los técnicos", ha manifestado.

El PSOE advierte de cambios en el pliego

También ha querido aclarar José Luis Ortuño la polémica cláusula de desempate incorporada al pliego. Aunque este punto no resultó de aplicación, premiaba la oferta que se hubiera presentado primero y que, en el caso de Les Naus, habría beneficiado a la cooperativa, que registró su propuesta al día siguiente de la apertura del plazo. "Recurrimos a una compañera de Contratación, que no era María Pérez-Hickman y ella dijo que había que poner algo sobre el empate", ha apuntado. Con todo, se apreció que "el reglamento de la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas fijaba ese criterio [la prioridad en la presentación] en los casos de subasta".

Al respecto, la portavoz socialista, Ana Barceló, ha señalado que en los pliegos que constan en la plataforma de Contratación, modificados en 2018, ya establecían otros criterios de desempate contemplados por la Ley de Contratos del Sector Público (del año 2017) como el mayor porcentaje de personas con discapacidad entre la plantilla o incluso un sorteo. ¿Por qué no se llevaron esos criterios de desempate al pliego?, ha consultado Barceló, a lo que Ortuño ha replicado no tener constancia de que le solicitaran llevar a cabo la modificación de los pliegos que se ejecutó en 2018.

La líder de los socialistas ha recordado que, en marzo de 2022, se firmó la escritura de compraventa de la parcela pero que, previamente, se modificó una de las condiciones para resolver el contrato. En este sentido, se daba a la empresa responsable 12 meses para obtener la calificación provisional de la Generalitat y, en caso de no obtenerla en dicho plazo, el Ayuntamiento contaba con la potestad para resolver la adjudicación. Sin embargo, antes de formalizar la compraventa, dicho requisito se suavizó, exigiendo únicamente que se hubiera llevado a cabo "la solicitud de la calificación", sin necesidad que esta hubiera sido aprobada por la Conselleria de Vivienda.

Dicha modificación, ha apuntado Ana Barceló, se llevó a cabo por el entonces concejal, Adrián Santos Pérez, mediante una diligencia presentada en notaría, sin que conste un acuerdo previo de la Junta de Gobierno Local, un informe técnico o un acuerdo del Pleno que validase la variación en las condiciones resolutorias.

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