La Generalitat restablece en su puesto al funcionario suspendido de empleo y sueldo por visar irregularmente viviendas protegidas de Les Naus de Alicante

La Conselleria de Vivienda dirigida por Susana Camarero ha devuelto a su puesto de trabajo al funcionario encargado de validar las adjudicaciones de viviendas protegidas en el residencial Les Naus. El técnico, que fue suspendido de empleo y sueldo por visar irregularmente la solicitud de su mujer, se ofreció voluntario para controlar los expedientes y reconoció su error cuando fue descubierto: "La he cagado, asumo las consecuencias", señaló. Ahora, debido al inicio del procedimiento penal (que obliga a suspender el administrativo) se ha paralizado su expediente sancionador, aunque le han sido retiradas sus anteriores competencias, por lo que no podrá visar ni acceder a los expedientes, según fuentes de Vivienda.

Son algunos de los hechos que han declarado este miércoles los primeros testigos de la investigación judicial por el escándalo de las viviendas protegidas de Alicante, todos ellos técnicos de la Conselleria de Vivienda, ante la magistrada titular de la plaza número 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante; los dos fiscales Anticorrupción, Pablo Romero y Fran Marco; y las acusaciones ejercidas por el PSOE y Ciudadanos, representadas por Fernando Cazorla y Eduardo García Ontiveros, respectivamente.

Durante las comparecencias, que se ha iniciado en torno a las 10:00 horas, han prestado declaración tanto el secretario territorial adjunto de Vivienda, como el director territorial en Alicante y la jefa del servicio, quienes han manifestado que Roberto Palencia (el funcionario suspendido a principios de febrero por la conselleria) ya se ha reincorporado a su puesto de trabajo.

Se ofreció voluntario

Además, han declarado también que fue el propio Roberto Palencia quien se ofreció voluntario para ejercer la responsabilidad de validar las solicitudes de vivienda protegida en la urbanización de La Condomina, donde posteriormente terminó dando el visto bueno al expediente de su mujer (la funcionaria del Ayuntamiento de Alicante Elsa Lloret) pese a que no cumplía las condiciones exigidas, según señaló en su momento la conselleria.

Se trata del mismo mecanismo (el de postularse por sus propios medios) que el que empleó el arquitecto municipal Francisco Nieto (también adjudicatario de Les Naus) para ofrecerse como responsable del contrato en el Ayuntamiento de Alicante. Finalmente, ese nombramiento fue frenado por la entonces concejala de Urbanismo, Rocío Gómez, igualmente vecina de la polémica urbanización de La Condomina.

"Asumo las consecuencias"

Según han relatado los testigos, después de que INFORMACIÓN destapara el escándalo, un superior llamó directamente a Palencia para pedirle explicaciones, después de que el nombre de su mujer se encontrase entre los beneficiarios de la polémica promoción, a lo que él respondió: "La he cagado, asumo las consecuencias". Tras ello, han afirmado que se abrió un expediente que ya ha sido zanjado al abrirse una causa penal en un juzgado de Alicante.

"La he cagado, asumo las consecuencias", aseguró el funcionario apartado al ser descubiertas las irregularidades

A su vez, los testigos han insistido en que Palencia era el encargado de revisar toda la documentación entregada por los futuros compradores de las viviendas protegidas y que ellos carecían de capacidad para verificar si los datos que se les entregan son correctos o no. Además, también han insistido en que no disponen de medios para investigar otro tipo de irregularidades, como posibles parejas no declaradas en la unidad familiar.

Tras las declaraciones, García Ontiveros ya ha adelantado que solicitarán la declaración de Palencia, para que "explique lo ocurrido", aunque ha reconocido que todavía es pronto para conocer la fecha concreta de su citación. La próxima sesión del procedimiento tendrá lugar el viernes 24 de abril, cuando está previsto que declaren en calidad de testigos otros cinco funcionarios de la delegación territorial de Vivienda, que han participado en la revisión de los expedientes tras destaparse las presuntas irregularidades.

Apartado de sus competencias

El pasado mes de febrero, la Conselleria de Vivienda suspendió de empleo y sueldo a Roberto Palencia por su tramitación de las adjudicaciones de Les Naus. Una decisión que el funcionario recurrió, pero con la que el departamento autonómico de Susana Camarero siguió adelante, apartándolo como medida cautelar. Sin embargo, fuentes de la Generalitat han indicado que dicho expediente sancionador, de carácter administrativo, se ha dejado en suspensión mientras se resuelve el procedimiento judicial, tal y como marca la ley. Una vez que esto suceda, siempre y cuando la vía penal no haya procedido contra el técnico, sería posible retomar los trámites del expediente sancionador.

Desde la conselleria aseguran que el expediente sancionador, de carácter administrativo, está en suspensión al abrirse un procedimiento judicial

En este sentido, las mismas fuentes han señalado que no se cierra el expediente, sino que se levanta la medida cautelar de suspensión de funciones acordada, hasta que se produzca un pronunciamiento por el órgano judicial correspondiente, tal y como estipula el artículo 168.2 de la Ley de Función Pública Valenciana. En cualquier caso, desde la conselleria señalan que la posición a la que se incorpora dicho funcionario cuenta con competencias distintas de las que desempeñaba, por lo que no se le permite visar solicitudes ni acceder a expedientes previos.

Respecto a las declaraciones de la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Alicante, Ana Barceló, que criticaba el cierre del expediente de Palencia, el secretario autonómico de Vivienda, Sebastián Fernández, ha defendido que la Generalitat "ha actuado con total transparencia" y que "desconocer este extremo evidencia una preocupante falta de conocimiento sobre los procedimientos que rigen la función pública".

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