El intento de modernizar la gestión de Urbanismo y Servicios Sociales en el Ayuntamiento de Alicante llegará con retraso

Un atasco que se perpetúa. El intento del gobierno de Barcala de impulsar un contrato para modernizar los procedimientos administrativos en las áreas de Servicios Sociales y Urbanismo, dos de las que acumulan un mayor atasco en el Ayuntamiento de Alicante, sigue sin adjudicarse nueve meses después de lanzarse la licitación, lo que ha obligado al ejecutivo municipal a realizar un reajuste en las anualidades. Este procedimiento, de tipo administrativo, sirve para modificar la distribución de los pagos de un contrato público y trasladar, así, la ejecución del pago.

En este caso, según acordó el ejecutivo municipal de Alicante en la Junta de Gobierno Local de esta semana, el contrato relativo al servicio citado se minora en 25.712,50 euros de la previsión inicial para el ejercicio presupuestario de 2025, cuando no se prestó al no haberse aún formalizado. Esta cantidad pasa al ejercicio presupuestario de 2026, en el que se contempla un pago de 102.850 euros a la empresa adjudicataria.

Tal como figura en el expediente, el contrato con la mercantil KPMG Asesores SL “no se ha formalizado a día de la fecha” pese a que se empezó a tramitar el pasado mes de julio. La adjudicación fue contestada con un recurso por otro licitador, UTE SILO&ADD4U, hecho que provocó la suspensión del procedimiento en enero. El 23 de marzo se levantó dicha suspensión después de que se inadmitiera el recurso 11 días antes.

Proyecto

La modernización de los procedimientos administrativos en dichas áreas se planteó con el objetivo de diseñar un sistema más ágil con los trámites entre el Ayuntamiento y los ciudadanos. El Consistorio presidido por el alcalde Luis Barcala sacó a concurso un contrato de asesoramiento con esta intención, con un presupuesto de 156.294 euros para 122 horas de dedicación a cada uno de los 18 procedimientos a realizar en un plazo máximo de ejecución de cinco meses.

En concreto, se pretende simplificar procedimientos como las licencias de obra y de actividad y las declaraciones responsables de obra y actividad, así como la mejora en procesos ligados a la concesión de ayudas económicas o a medidas contra la exclusión social o para la prestación de dependencia.

Según constataba el ejecutivo de Barcala en la memoria del contrato, “la ineficiencia de los procesos administrativos actuales no solo afecta a las personas usuarias, sino que también impone una carga significativa sobre la administración”, y “la duplicación de tareas, la necesidad de manejar grandes cantidades de documentación física y la falta de automatización en muchos procedimientos suponen una pérdida de medios y de tiempo”.

Este proceso continúa sin culminar, con la adjudicación todavía pendiente, lo que ha obligado al Ayuntamiento a llevar a cabo un reajuste.

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