El suegro de Rocío Gómez, entre los ocho dueños de viviendas protegidas en Les Naus de Alicante que incumplen los requisitos

El suegro de Rocío Gómez, la exconcejala de Urbanismo de Alicante que dimitió por el escándalo de las viviendas protegidas, es uno de los ocho adjudicatarios que no cumplen los requisitos para hacerse con uno de los pisos de Les Naus. La Conselleria de Vivienda ha constatado que, pese a que presentó la solicitud de forma individual, se encuentra casado en régimen de gananciales y es propietario de pleno dominio de al menos otros dos inmuebles. Además, pese a habérselo requerido la Generalitat, ha evitado declarar los ingresos de su cónyuge, haciendo imposible que los técnicos autonómicos comprobaran si el matrimonio respeta el máximo estipulado en la normativa vigente.

De acuerdo con un informe de la Conselleria de Vivienda, que forma parte de la causa y que este miércoles fue ratificado en las primeras comparecencias judiciales, al menos ocho expedientes de Les Naus fueron validados por el departamento autonómico sin cumplir los requisitos exigidos para poder acceder a una vivienda protegida. Es el caso del suegro de la exconcejala Rocío Gómez, quien constaba como el único declarante de su expediente, pese a estar casado. Al detectar que no se habían computado los ingresos de su cónyuge, la conselleria le requirió, el 9 de febrero de 2026, que aportara los datos correspondientes. Diez días más tarde, el 19 de febrero, el beneficiario evita aportar la declaración de su esposa y se escuda en que ella reside en otra vivienda.

Vivienda constata que el familiar de la exedil, pese a presentar la solicitud de forma individual, está casado y es propietario de al menos otros dos inmuebles

Esta negativa a facilitar la información solicitada impidió a los técnicos municipales constatar si cumplen con el requisito de no superar en 6,5 veces el IPREM, cuando únicamente los ingresos de él (44.577 euros al año) ya multiplican este indicador por 5,31. No obstante, los funcionarios de Vivienda sí comprobaron que el matrimonio es propietario en pleno dominio de otra vivienda, una de las condiciones que impiden ser adjudicatario de un inmueble protegido, y concluyeron que, por tanto, el suegro de Rocío Gómez no cumple con los requisitos para ser vecino de Les Naus.

A principios de febrero, INFORMACIÓN ya publicó que la exedil popular intercambió su vivienda (un primer piso) por la del padre de su marido, situada en una quinta planta. La permuta se formalizó, según documentación oficial, el 27 de noviembre de 2024 y, unos nueve meses después, Rocío Gómez y su marido recibieron las llaves de su vivienda en el residencial, cuando ella era concejala de Urbanismo.

Peticiones sin respuesta

En la misma situación que el suegro de Gómez se encuentran, al menos, otros siete vecinos de Les Naus, según el citado informe de la Conselleria de Vivienda. Es también el caso de Elsa Lloret, la arquitecta municipal del Ayuntamiento de Alicante que está casada con Roberto Palencia, el funcionario de la Generalitat que estaba encargado de validar las solicitudes, entre ellas la de su esposa.

La funcionaria del Consistorio alicantino empleó la misma fórmula: adquirió la vivienda mediante una solicitud individual, pese a que se encuentra casada en régimen de separación de bienes. En este caso, el informe destaca que su marido no se inhibió del expediente ni comunicó su relación de parentesco a ningún superior. Después de destaparse el escándalo, la conselleria requirió igualmente a la adjudicararia documentación adicional para verificar su cumplimiento de las condiciones.

A esta solicitud, Lloret respondió reclamando una ampliación del plazo para atender el requerimiento y terminó registrando un escrito en el que solicitaba la renuncia a la vivienda adjudicada, sin aportar en ningún caso la documentación acreditativa de los datos económicos y registrales de su cónyuge. Pese a que Vivienda insistió en su petición, la arquitecta municipal sigue sin entregar los archivos que se le reclaman.

En idéntica situación se encuentra Sira Pérez Ortuño, tesorera del Ayuntamiento de Sant Joan, quien declaró que su unidad familiar la conformaban ella y dos hijos, excluyendo a su marido. De esta forma, los ingresos aportados fueron de 57.888 euros, equivalente al 6,89 veces el IPREM siendo el límite para la situación familiar que ella declaró era de 6,9. Tras el requerimiento de la conselleria para que aportase documentación de su cónyuge, Pérez se inclinó igualmente por solicitar la renuncia a la vivienda, sin hacer entrega de la información solicitada.

Más casos

El informe de la Conselleria de Vivienda constan otros cinco casos en los que tampoco se cumplen los requisitos para el acceso a viviendas protegidas, principalmente por ser ya propietarios (los adjudicatarios o sus cónyuges) de otros inmuebles, aunque con otras situaciones llamativas.

Una de las beneficiarias de la promoción, que accedió a la vivienda omitiendo igualmente la figura de su marido dentro de la unidad familiar, declaró unos ingresos de cero euros anuales. Tras una petición de la conselleria, presentó un certificado de la Agencia Tributaria aludiendo que no tributa en España porque reside en Pentling, Alemania. Ante estos hechos, la conselleria le requirió los beneficios obtenidos en el país germano por parte de ambos cónyuges, pero ella solo aportó los suyos: unos 57.000 euros al año.

De las 147 solicitudes de visados, seis finalizaron por desestimiento y solo una fue rechazada por el técnico

Tampoco debería haber accedido a un inmueble protegido, según los funcionarios autonómicos, uno de los propietarios que declaró ingresos de 12.396 euros anuales, pero evitó aportar las propiedades de su esposa a su expediente. Cuando la conselleria le exigió más información, se constató que era propietaria del 100 % del pleno dominio de otra vivienda, por lo que incumplían los requisitos. Situación idéntica a la de otra adjudicataria, que accedió sola y con tres hijos, dejando también fuera del expediente a su marido, del que después se comprobó que era dueño de otra propiedad.

En algunas situaciones, como la del propietario de la vivienda 101, el incumplimiento es doble. En un primer momento, se registró un solo declarante, con ingresos de 37.845 euros al año. Sin embargo, evitó aportar los datos de su mujer: propietaria junto con él de otra vivienda y con unos ingresos de otros 38.354 euros al año, infringiendo la normativa por dos motivos distintos.

Por último, se contempla otra unidad de convivencia en la que solo consta una mujer y su hijo, pese a estar casada, que también declara unos ingresos de cero euros anuales. Tras las comprobaciones oportunas, se averigua que el marido es propietario del 100 % de otra vivienda de protección pública, además de contar con unos ingresos anuales de 24.182 euros.

En manos de la jueza

Toda esta información, tal y como publicó este diario a principios de marzo, se encuentra ya en manos de la jueza que investiga el escándalo de Les Naus. En ese momento, la Conselleria de Vivienda no solo remitió el informe sobre la situación de los adjudicatarios, sino también los 140 expedientes que fueron validados por el técnico que terminó siendo suspendido de empleo y sueldo y pero que desde este lunes ha sido reestablecido en su puesto.

En total, según el documento, se presentaron 147 solicitudes, todas ellas revisadas por el mismo funcionario. Del conjunto, seis de ellas se zanjaron por desestimiento de sus titulares y solo una fue rechazada por el técnico, al constatar que incumplía lo requerido por la normativa.

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