Este es el argumento del Consell para aplazar la subida salarial de los profesores de Alicante

La Comunidad Valenciana ha alcanzado 77.700 profesores este curso, pese a que la Ley de Presupuestos vigente reconoce, es decir, autoriza y financia estructuralmente 69.850 puestos docentes. Son las cifras que le han servido de argumento a la Conselleria de Educación para justificar su negativa a subir el sueldo a los profesionales de la enseñanza pública este curso, tal y como están reclamando de forma masiva a través de dos huelgas, numerosas movilizaciones y al borde de convocar un parón indefinido en mayo que desataría el caos a final de curso.

El departamento de Carmen Ortí, que este jueves comunicó a los sindicatos que hasta otoño no podrá hacer pública su propuesta para mejorar las retribuciones del profesorado por el exceso actual de gasto, ha explicado a INFORMACIÓN que con la Ley de Presupuestos vigente no existe esa disponibilidad, pero ha insistido en que no renuncia a la subida de salarios.

"Para que esa propuesta llegue, que lo hará, es imprescindible la aprobación de un nuevo presupuesto que modifique el número total de docentes actual y lo amplíe para integrar a los que hemos añadido a lo largo de los dos últimos cursos. Por tanto, ese nuevo presupuesto puede estar aprobado después del verano, y de ahí la referencia al otoño", apuntan desde la Administración autonómica.

Es más, agregan que la consellera se ha entrevistado con todas las instancias que tienen un papel en la cuestión presupuestaria para tratar de desbloquear ese límite de 69.850 profesores, "pero no se ha encontrado la forma".

La conselleria alega que hasta que no se modifique el presupuesto tras el verano no es posible atender a la mejora salarial

El incremento de la plantilla a la que aduce Educación se ha producido por diferentes circunstancias, aunque la más importante es la matriculación sobrevenida, con 28.000 alumnos más que a principio de curso, de los cuales, el 47 % se han escolarizado en la provincia de Alicante, donde la llegada de escolares con el curso ya empezado tiene más impacto.

Precisamente, el refuerzo del personal, en el que se escuda la Generalitat, es otra de las principales reivindicaciones que ha incluido el profesorado en su lucha, para atajar la masificación de las aulas y el aumento de alumnos con necesidades especiales por desconocer el idioma o por sufrir dificultades de aprendizaje.

De cualquier manera, tras la indignación desatada al término de la reunión de este jueves y ante la ausencia de la consellera y del secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy el próximo lunes habrá otra reunión para seguir abordando este conflicto laboral.

Diez condiciones

El departamento de Ortí ya había dejado claro a los sindicatos algunas de las reticencias para atender las demandas del profesorado, a través de un decálogo hecho público el pasado mes de marzo y en las diferentes mesas sectoriales: "La infrafinanciación estructural de la Comunidad Valenciana condiciona el ritmo y alcance de las posibles negociaciones sobre mejoras retributivas del personal docente".

Educación también había advertido de que las eventuales mejoras retributivas del personal se aplicarían de forma gradual y estarían condicionadas a la evolución de la financiación autonómica y a la estabilidad presupuestaria de cada ejercicio económico.

Otro de los puntos del decálogo, que semanas atrás elevó las críticas del profesorado, indicó que la mejora retributiva promovida por el Estado (+8,5 % hasta 2027) se financia íntegramente con cargo a los presupuestos de la Generalitat, por lo que la Administración autonómica defiende que deberá incorporarse y computarse dentro de cualquier acuerdo relativo a las condiciones laborales del personal docente.

Respecto al refuerzo del personal, Educación se ha venido aferrando a que las plantillas deberán regirse siguiendo los criterios establecidos en la Orden 9/2025 (la distribución del profesorado que aprobó el Consell del PP, tras tumbar la que el Botànic acordó con los sindicatos estando en funciones, avalada en dos ocasiones por el Tribunal Superior de Justicia).

Según Educación, su marco normativo "garantiza equidad, coherencia organizativa y una adecuada planificación de los recursos humanos". Esta distribución ha sido llevada a los juzgados por diferentes organizaciones sindicales que han denunciado "duros recortes" y el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha avalado hasta en dos ocasiones la planificación del aumento del profesorado que hizo la izquierda.

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