Miles de inmigrantes colapsan los centros sociales de la provincia de Alicante en demanda del certificado clave para su regularización

El certificado de vulnerabilidad, clave para la regularización de inmigrantes, está colapsando los centros sociales de la provincia de Alicante, sobre todo en las poblaciones más grandes, coincidiendo con el inicio de la solicitud presencial en las oficinas de Correos, de la Seguridad Social y Extranjería, donde acuden los primeros solicitantes de las autorizaciones de residencia temporal por arraigo extraordinario en el marco de un proceso impulsado por el Gobierno central que se prolongará hasta el 30 de junio. Con el fin de evitar colas, estas sedes han habilitado un sistema de cita previa para poder presentar la documentación, pues de lo contrario no se les atiende. Como ejemplo, Extranjería de Alicante ha citado para esta primera jornada a 32 personas.

Estar en situación de vulnerabilidad es un requisito que debe acreditarse en determinados supuestos mediante un certificado validado y sellado por los servicios sociales o diversas entidades colaboradoras. Conseguirlo no está siendo fácil en lugares como la ciudad de Alicante, donde aún no se han dado instrucciones claras a los trabajadores de los centros sociales, que de momento se están limitando a anotar en una hoja el nombre y el número de teléfono de contacto de los solicitantes para llamarles, cuando reciban esas instrucciones, para indicarles cómo tramitar ese informe de arraigo. Solo en dos centros sociales de barrios con mucha inmigración tienen ya a más de un millar de personas apuntadas.

Falta de coordinación

Trabajadores consultados consideran lamentable la falta de coordinación del Ayuntamiento con las autoridades de Inmigración en este aspecto. Aunque hay una aplicación informática en la que se introducen los datos y se extrae el informe que acredita si la persona es vulnerable o no, "aquí el problema es que no sabemos qué parte van a hacer los ayuntamientos, qué parte Inmigración o si se van a repartir las solicitudes, que van a ser muchísimas. Estarán viendo qué parte hace cada uno y, en función del personal, se tardará más o menos en tramitar los informes".

Julio Calero, concejal de Derechos Públicos del Ayuntamiento de Alicante (PP), ha declarado que esta institución mantiene sus servicios de atención, y que el pasado viernes se atendió en distintos recursos municipales a 1.568 personas. Sin embargo, afirma que "quien tiene que reforzar los medios materiales y humanos para atender este proceso extraordinario de regularización es el Gobierno central, que nuevamente actúa por interés y estrategia política, a golpe de improvisación y de falta de planificación cuando activa un procedimiento masivo sin contar con los ayuntamientos, ni tener en cuenta la limitación de los recursos municipales".

La demanda de certificados de empadronamiento aumenta en Elche un 40 % este mes

La regularización también tiene su impacto en Elche (PP), donde la petición de certificados de empadronamiento en los primeros 15 días de abril se sitúa en unas 2.400, un 40% más de lo habitual, y se presume que este incremento tiene que ver con la regularización de inmigrantes. Para informes de vulnerabilidad el Ayuntamiento afirma que, de media, se estaban tardando 15 días, pero admiten que otra cosa es cuánto se vaya a tardar ahora, porque sostienen que dependerá del número de personas que pidan estos certificados.

Aun así, aseguran que se ha puesto en marcha un servicio específico para pedir este trámite, y que se pueda aligerar. También va a depender de los informes que se tramiten por otras entidades, como Elche Acoge.

Medidas para agilizar

Ayuntamientos como el de Alcoy han activado un procedimiento específico en su sede electrónica para gestionar la solicitud del certificado de vulnerabilidad, pieza clave para el proceso de regulación extraordinaria de extranjeros establecido por el Real Decreto 316/2026, el cual permite obtener autorizaciones de residencia temporal por arraigo extraordinario.

Esta medida de ámbito estatal busca dar una respuesta de integración a las personas migrantes que residen en la ciudad, facilitándoles el acceso a una situación legal y su incorporación regularizada al mercado de trabajo, según han informado desde el Consistorio, gobernado por PSOE y Compromís.

El certificado solo debe aportarse cuando la persona interesada no pueda acreditar haber trabajado en España ni tenga intención de hacerlo mediante oferta o declaración responsable, y tampoco cuente con una unidad familiar compuesta por hijos menores, mayores con discapacidad o ascendientes de primer grado. Por el contrario, las personas que sean o hayan sido solicitantes de protección internacional están exentas de presentarlo. Pedir este certificado sin cumplir los supuestos precisos puede retrasar la obtención del documento para otras personas que realmente lo necesitan para tramitar su expediente.

También la Concejalía de Servicios Sociales de Elda (PSOE) ha elaborado un protocolo de trabajo para reestructurar las tareas del personal con el fin de atender la demanda.

Mayor estabilidad

La realidad es que personas como Omar Ortega, un ciudadano colombiano de 57 años que busca regularizar su situación en España, señala que hay aspectos que resultan confusos en el procedimiento, especialmente conseguir el informe de vulnerabilidad. Explica que muchas personas no tienen claro cómo obtenerlo, ya que implica contactar con trabajadoras sociales y realizar diversos trámites con el ayuntamiento, lo que genera incertidumbre.

A pesar de las dificultades, Omar afirma sentirse a gusto viviendo en España y mantiene la esperanza de poder regularizar su situación y construir una vida más estable junto a su familia. En su caso ha acudido a una oficina de Correos con el empadronamiento, el certificado judicial, el pasaporte y la historia clínica, aunque le falta ese informe de vulnerabilidad.

Es una oportunidad porque puedo trabajar legalmente y no van a explotarle a uno

Omar Ortega

— Colombia, 57 años

Ortega llegó a Alicante hace casi dos años y trabaja en el campo y en la construcción. Su mujer está interna y él paga 300 euros por una habitación. Ha sufrido dos operaciones cerebrales desde su llegada y está agradecido por la atención médica. El colombiano considera el procedimiento una oportunidad "porque puedo trabajar legalmente y no van a explotarle a uno".

Ruby Mont, de 41 años, salió también de Colombia hace dos años buscando una mejor economía y se asentó en Alicante. Valora muy positivamente la oportunidad de regularizar su situación en España para mejorar sus condiciones de vida y estabilizarse. "La idea es legalizar mi situación también para poder ir a mi país y volver". Ahora si se marcha correría el riesgo de no poder volver a entrar durante varios años a España.

Sobre la regularización, indica que "nos ayuda a nosotros porque sufrimos mucho por el empleo. Se nos hace muy difícil conseguir un trabajo, lo que más podemos hacer es cuidar señores y a veces se nos mueren, y hay que empezar de nuevo en otra parte". Ella, que ha trabajado también en el campo, cree que el procedimiento le servirá para conseguir un empleo mejor.

Sufrimos mucho por el empleo. Lo que más podemos hacer es cuidar señores y a veces se nos mueren, y hay que empezar en otra parte

Ruby Mont

— Colombia, 41 años

De Colombia es también Andrea Hernández, de 46 años, que lleva casi tres en España y está en proceso de regularización para ella y su hija de 20 años, quien no puede estudiar por falta de papeles y que es una apasionada del diseño gráfico. En este tiempo, las dos han salido adelante gracias al trabajo de la madre en limpieza del hogar y cuidando niños, y le gustaría seguir con este último empleo y también cuidar ancianos.

"Me gustaría tener un trabajo estable para mí y para mi hija, para sobrevivir y estar bien. Este país nos ha acogido superbién. La gente es amable, acogedora". Además de la calidad de vida, destaca que el transporte "es muy bueno". En su caso ha seguido los trámites para conseguir documentos que se indica por internet en la página oficial del Ministerio y les falta una tasa, para cuyo abono les dan diez días.

Me gustaría tener un trabajo estable para mí y para mi hija, para sobrevivir y estar bien, y quedarnos, que este país nos ha acogido muy bien

Andrea Hernández

— Colombia, 46 años

Yoseph Ramírez es un venezolano de 20 años que reside en Alicante desde hace poco más de un año y busca regularizarse en España "porque es un proceso que para nosotros los inmigrantes es un poco más rápido. Es una oportunidad de poder estar aquí en España". Tanto él como su padre, quien lleva 5 años en el país, tienen empleo y les gusta vivir en Alicante.

El proceso de regularización, aunque un poco tardío, le parece bien organizado, funcionando con cita previa y llamando por número de lista, sin colas. "Nos piden el padrón y otros documentos dependiendo también de la situación en la que te encuentres, de si eres irregular, etc...". En su caso, es recepcionista y le gustaría seguir estudiando y trabajar en una oficina.

Es un proceso que para nosotros los inmigrantes es un poco más rápido. Es una oportunidad de poder estar aquí en España

Yoseph Ramírez

— Venezolano, 20 años

Antecedentes penales

Además del certificado de vulnerabilidad, otro de los documentos clave para la tramitación del expediente que deben aportar los inmigrantes en este proceso es el padrón así como el certificado de antecedentes penales de España, del país de origen y de aquellos países en los que la persona haya residido durante los cinco años previos a su entrada en territorio español.

También es imprescindible presentar el formulario de solicitud, disponible en el portal de la regularización del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y una copia del pasaporte, de la cédula de inscripción o del título de viaje reconocido como válido en España.

Podrán acogerse a esta regularización los extranjeros que se encuentren en una de estas dos situaciones: haber solicitado protección internacional en España antes del 1 de enero de 2026 o encontrarse en situación administrativa irregular y haber llegado a España antes de esa misma fecha.

El plazo de solicitud se abrió el 16 de abril, coincidiendo con el inicio de la tramitación telemática y del sistema de cita previa para la atención presencial. Tanto la vía telemática como la presencial permanecerán abiertas hasta el 30 de junio.

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