El Ayuntamiento de Alicante descarta reforzar el personal para atender a migrantes en el proceso de regularización

“Vamos a hacer el máximo con los medios que tengamos”. Es lo que ha respondido el vicealcalde de Alicante, Manuel Villar, cuando ha sido preguntado sobre si reforzará el personal de Servicios Sociales para atender a los migrantes que estos días se están acogiendo al proceso regulatorio habilitado por el Gobierno de España. Otros ayuntamientos gobernados por el PSOE, como el de Elda o el de Alcoy, sí que han tomado esta decisión que desde el Consistorio alicantino, presidido por Luis Barcala, del PP, a día de hoy no contemplan.

Villar, que ha sido consultado por esta cuestión tras la Junta de Gobierno Local celebrada este martes, ha iniciado su intervención criticando la medida del ejecutivo central, que según él se ha tomado “sin tener en cuenta los medios materiales y humanos con los que cuentan las administraciones locales, que son las que tienen que tramitarlo”.

Además, el vicealcalde ha aprobado la toma de posición de su partido, el PP, a nivel nacional, que “va a pedir la suspensión de la aplicación de la norma hasta que el Gobierno central dé los medios”, ha dicho. Cabe recordar que el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, también del PP, anunció un recurso contra esta medida, que cuenta con el aval de los sindicatos, de los empresarios y de la Conferencia Episcopal.

Cifras

Por otra parte, el vicealcalde ha señalado que el pasado viernes 17 de abril se atendieron, “en el Ayuntamiento, a más de 1.500 personas”, sin especificar si la atención fue simplemente tomar los datos a los interesados, como señalan fuentes de los trabajadores. También ha apuntado que este martes se ha superado la cifra de 3.000 personas atendidas, “un sobresfuerzo” que la institución municipal, según Villar, “hará todo lo que esté en su mano para llevarlo a cabo”, atacando a su vez al Gobierno que preside Pedro Sánchez por considerar que “lo que menos le importa son las personas y como se les trata”.

Se ha tomado la decisión sin tener en cuenta los medios materiales y humanos con los que cuentan las administraciones locales

Manuel Villar

— Vicealcalde de Alicante

Posteriormente, el vicealcalde también ha dicho que “la mayoría de peticiones” se cursan “en centros sociales”, y Cristina Cutanda, portavoz del equipo de gobierno, ha aclarado que gran parte de estas se ciñen a la obtención de certificados de vulnerabilidad.

Reacciones

Los partidos de izquierdas han rechazado la manera de afrontar por parte del Ayuntamiento los procesos de regularización de personas migrantes. Ana Barceló, portavoz del PSOE, critica que en el Ayuntamiento “no hay capacidad para atender a las demandas de los alicantinos porque” la institución municipal “no pone los recursos suficientes”. Y “en lugar de criticar al Gobierno de España”, cree que desde el ejecutivo local “deberían examinar lo que ocurre en el Ayuntamiento y disponer de los medios que necesitan”.

Rafa Mas, portavoz de Compromís, ha recordado que la concejala de Servicios Sociales, Begoña León, “despidió al 80 % de la plantilla de acción social”, y ha valorado positivamente la actuación de la alcaldesa de València, María José Catalá, también del PP, que “se ha reunido con el servicio del padrón, con bienestar social, con todas las áreas que pueden participar en esta regularización de personas migrantes”, preguntándose seguidamente “por qué Barcala no ha hecho eso”.

Por último, Manolo Copé, de Esquerra Unida-Podemos, ha mostrado su “apoyo absoluto al proceso de regularización” recordando que el Gobierno que presidió José María Aznar “ya regularizó a personas que llevan tantos años trabajando y conviviendo”, a la vez que ha solicitado a la Generalitat que facilite medios.

Los funcionarios se expresan

Los trabajadores del Ayuntamiento de Alicante, a través del sindicato mayoritario (SEP), también han solicitado que en la próxima sesión de la Junta de Personal se debata una propuesta de "medidas urgentes ante el impacto de la regularización", constatando el "incremento inmediato y significativo en la demanda de trámites", especialmente en el Servicio de Atención Integral a la Ciudadanía (SAIC), en el Servicio de Inmigración y el de Bienestar Social, "debido principalmente al repunte de solicitudes de empadronamiento, certificados de convivencia e informes de arraigo" necesarios para acreditar la permanencia en el país.

Esta situación, advierten, "plantea un riesgo real de saturación", y temen que sin una "intervención preventiva" la prestación de servicios municipales se vea "comprometida", por lo que exigen adoptar medidas como que se evalúe el impacto de esta carga laboral, se lleve a cabo un "refuerzo organizativo y de plantilla", se proteja la salud laboral, se garantice la seguridad jurídica y se actúe con "transparencia e información".

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