El Plan de Vivienda de Pedro Sánchez incluye una cláusula “anti Naus”

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, una propuesta con la que el Gobierno central pretende construir vivienda pública y asequible y tomar otro tipo de medidas en este ámbito, como facilitar ayudas para el acceso al alquiler y a la emancipación, poniendo a su vez el foco en los jóvenes y en los colectivos vulnerables, los grandes perjudicados por la situación del mercado de la vivienda.

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha asegurado que garantizarán que “ningún euro de financiación” de su ejecutivo “vaya para la especulación”, según ha expresado en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. Además, este plan incluye una cláusula “anti Naus”. El residencial alicantino, epicentro de las polémicas adjudicaciones de vivienda protegida a personas relacionadas con el Ayuntamiento de Alicante y con otras administraciones públicas gobernadas por el PP, se cuela en este plan en un punto determinado.

La norma incluye que "todas las viviendas construidas o adquiridas con recursos procedentes del plan se tendrán que adjudicar con criterios objetivos, medibles, transparentes y trazables"

En concreto, en el apartado de “blindaje, controles y transparencia”, figura una “cláusula antifraude en las adjudicaciones para evitar escándalos como el sucedido recientemente en Alicante”. En este sentido, “se estipula que todas las viviendas construidas o adquiridas con recursos procedentes del Plan se tendrán que adjudicar con criterios objetivos, medibles, transparentes y trazables”, y se indica también que dicho ministerio “ejercerá un doble control para garantizar que se han respetado esas condiciones”.

Hemos visto escándalos como el del reparto de las viviendas protegidas en Alicante que han hecho saltar todas las alarmas

Isabel Rodríguez

— Ministra de Vivienda

La propia ministra ha asegurado que “los dirigentes del PP se han repartido la vivienda protegida y eso no ha sido casualidad, no es un accidente”. Rodríguez también se compromete con el “blindaje” de la vivienda protegida, de tal manera que no abandone nunca esta condición, y añade que “no se va a financiar ni una sola promoción donde no estén garantizados estos registros conforme a criterios de transparencia, objetivos y que puedan ser fácilmente constatables por la ciudadanía”.

Tras el Consejo de Ministros, la ministra ha justificado la cláusula explicando que los recursos públicos "no pueden acabar en manos de unos pocos" porque la medida "debe llegar a las personas que lo necesitan", ha defendido. "Y hemos visto escándalos como el del reparto de las viviendas protegidas en Alicante que han hecho saltar todas las alarmas", ha criticado, felicitando también "la iniciativa periodística que ha dado a la luz con este escándalo". Según la ministra, las polémicas adjudicaciones fueron posibles "porque se cancelaron los test de garantías de los registros de demandantes de viviendas y de los mecanismos de adjudicación de las mismas de manera transparente", práctica que esta medida intentaría revertir.

El plan cuenta con una inversión estatal de 7.000 millones de euros, de los cuales a la Comunidad Valenciana le corresponderían 798

El plan cuenta con una inversión estatal de 7.000 millones de euros, el triple que el anterior, de los cuales a la Comunidad Valenciana le corresponderían 798, convirtiéndose en la cuarta con más fondos después de Andalucía, Comunidad de Madrid y Cataluña. Se estipula que el Estado asumirá el 60% de la inversión prevista, mientras que las comunidades autónomas aportarán el restante. El 40% del presupuesto del plan irá destinado a aumentar la oferta de vivienda protegida de manera permanente, otro 30% a la rehabilitación del parque de vivienda ya existente a través de ayudas específicas y el 30% restante irá destinado a ayudas como las destinadas a la emancipación juvenil, la reducción de la tasa de esfuerzo financiero y la intervención en zonas tensionadas.

Ante el escándalo de Les Naus, destapado por INFORMACIÓN a finales de enero, la reacción del Consell, presidido por Juanfran Pérez Llorca, fue el anuncio de medidas en la ley autonómica tales como reforzar los controles en el reparto de estas viviendas, fortalecer la publicidad y la transparencia e incorporar el arraigo como condición al solicitante, que por ahora no se han concretado.

Tres objetivos

El Plan de Vivienda, que nace bajo el "paraguas" de la Ley por el Derecho a la Vivienda, persigue tres objetivos: construir, rehabilitar y proteger. Para ello, el Gobierno blinda la vivienda pública y protegida para que nunca se pueda especular con ella, condicionando la financiación de viviendas a que estas sirvan siempre al interés general; incorpora la cláusula antifraude en las adjudicaciones y ofrecerá datos públicos sobre el mercado de la vivienda para que no provengan de "portales privados con intereses privados". Además, en un intento de ejercicio de gobernanza participativa, el Consejo Asesor de Vivienda analizará el cumplimiento de este plan con carácter anual.

Asimismo, según ha indicado la ministra de Vivienda en su comparecencia, el plan también realizará una labor fiscalizadora de todas las administraciones para que el Ejecutivo central no pierda el control del desarrollo de las viviendas que son financiadas con dinero público a través de articular canales de transparencia y de acción con carácter semestral para poder hacer seguimiento.

El calendario que maneja el Gobierno, tras la aprobación en Consejo de Ministros del nuevo Plan de Vivienda, pasa por realizar en lo que queda de abril una ronda de reuniones técnicas bilaterales para la redacción del convenio y una comisión multilateral con las comunidades autónomas tras la aprobación del plan. En mayo tiene previsto llevar a cabo la primera conferencia sectorial para aprobar la distribución territorial de los fondos, ya acordados con las comunidades autónomas, con el objetivo de desplegar a partir del segundo semestre los efectos del plan.

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