El Ayuntamiento de Alicante anuncia que regulará el "coliving" en el nuevo Plan General en plena crisis de la vivienda
El documento en elaboración definirá condiciones de habitabilidad, densidad y uso para integrar las nuevas formas de vivienda sin alterar el equilibrio urbano de la ciudad

Residencial Les Naus de Alicante / Jose Navarro
El futuro urbanístico de Alicante sigue tomando forma a base de anuncios y en plena polémica por las adjudicaciones de Les Naus. El Ayuntamiento de Alicante ha vuelto a desgranar este miércoles nuevas claves del Plan General Estructural (PGou), el documento llamado a definir el desarrollo de la ciudad en las próximas décadas, aunque sin que todavía se haya presentado su borrador completo.
El avance se ha dado a conocer mediante un comunicado, en plena crisis de la vivienda y con controversia por las adjudicaciones de vivienda protegida del residencial Les Naus encima de la mesa.
En este escenario, el Consistorio ha puesto el foco en anunciar las líneas estratégicas del nuevo planeamiento como la regulación de las nuevas tipologías residenciales, entre ellas el coliving. De hecho, en el comunicado, desde la concejalía de Urbanismo señalan que no descarta incluso adelantar parte de esta regulación antes de la aprobación definitiva del Plan General, mediante modificaciones puntuales del planeamiento vigente.
Nuevas tipologías en el planeamiento
Así, el Plan General en el que trabaja el Ayuntamiento incorporará un marco regulatorio específico para ordenar la implantación de estas nuevas formas de vivienda y fijar sus condiciones de habitabilidad, diseño y calidad urbana. Conceptos como el "flex living", el "coliving" o los alojamientos dotacionales residenciales forman parte de estas fórmulas emergentes que, hasta ahora, no cuentan con una regulación detallada.
Esta línea estratégica fue abordada en la quinta mesa temática de diálogo sobre el documento urbanístico celebrada este martes. El concejal de Urbanismo, Antonio Peral, defendió la necesidad de adaptar el planeamiento a los cambios sociales. "El Plan General debe recoger estas nuevas tipologías de vivienda con una regulación clara y flexible, capaz de dar respuesta a la transformación de los modelos de hogar, los patrones de movilidad y las nuevas formas de convivencia". En este sentido, Peral subrayó que esta actualización "permite adaptar el planeamiento a la evolución social y garantizar las condiciones adecuadas de habitabilidad y calidad".
Modelos residenciales emergentes
En este marco, se incorporan distintas tipologías residenciales emergentes que el futuro planeamiento pretende ordenar de forma detallada. El "flex living" se configura como un modelo residencial flexible orientado a estancias medias o temporales, caracterizado por la adaptación del tiempo de ocupación, la inclusión de servicios comunes y una gestión unificada del edificio, dirigido especialmente a trabajadores desplazados o con necesidades laborales variables.
El "coliving", por su parte, se basa en la convivencia en espacios privados reducidos que se complementan con amplias zonas comunes compartidas, como cocinas, áreas de trabajo o espacios de ocio y servicios. Este modelo fomenta formas de vida comunitaria y está especialmente orientado a población joven o en transición residencial.
Junto a estos, el PGOU contempla los alojamientos dotacionales residenciales, vinculados a suelo público o dotacional y destinados a colectivos específicos o situaciones de vulnerabilidad. Se trata de fórmulas con regímenes de ocupación regulados que no buscan la propiedad, sino garantizar un acceso estable y asequible a la vivienda.
También se incluyen las residencias temporales o dotacionales vinculadas a actividad, pensadas para estudiantes, investigadores o trabajadores desplazados, con estancias de duración media ligadas a la actividad económica, universitaria o científica. A ellas se suma la vivienda convencional adaptativa, que introduce criterios de flexibilidad en tipologías tradicionales para permitir su adaptación a distintas configuraciones familiares o cambios de uso a lo largo del tiempo.
Hasta ahora, y a la espera de conocer el borrador del futuro Plan General, el Ayuntamiento ya ha avanzado diferentes aspectos del documento. En este sentido, el gobierno de Barcala se ha comprometido a impulsar la vía litoral de 21 kilómetros de la que se lleva hablando en el Consistorio desde tiempos del tripartito; la creación de seis nuevos parques entre los que se incluyen infraestructuras ya anunciadas como el Parque Central, Lomas de Garbinet o el gran campo de viñedos de las Torres de la Huerta; nuevas medidas contra inundaciones como programas de paisaje para la regeneración y mejora de la funcionalidad de los barrancos de las Ovejas, Agua Amarga y Juncaret; más dotaciones culturales junto al puerto; la construcción de aparcamientos disuasorios con 10.000 plazas.
En plena polémica
El anuncio llega en medio de la polémica por las polémicas adjudicaciones de viviendas protegidas del residencial Les Naus. Precisamente, este martes la magistrada que investiga las presuntas irregularidades en las polémicas adjudicaciones ha anunciado que cita a declarar, en calidad de investigados, a un total de quince personas, entre las que se encuentran representantes políticos, altas funcionarias de la Administración local, técnicos y una decena de propietarios de viviendas de la urbanización de La Condomina. La magistrada cita también en calidad de testigos a la jefa de Patrimonio, Paloma Romero, y a los técnicos Pablo Torregrosa y Antonio Faura. La jefa Romero fue la funcionaria que alertó de posibles irregularidades en las adjudicaciones.
Entre los delitos por los que se abrió esta causa figuran los de prevaricación, negociaciones prohibidas a funcionarios, información privilegiada, fraude a la Administración y fraude de ley. Un listado que, al igual que el de los imputados, puede ir sufriendo modificaciones a medida que avance la instrucción. La magistrada Amparo Rubio, instructora del proceso, ha cursado las citaciones a instancia de los fiscales anticorrupción Pablo Romero y Fran Marco. En la causa están personadas tres acusaciones populares ejercidas por el PSOE, Ciudadanos y el sindicato ultra Manos Limpias.
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