Pérez Llorca apela al respeto judicial y el PSPV y Compromís cargan contra el PP tras las quince imputaciones de Les Naus

Las primeras imputaciones judiciales por el escándalo de las viviendas protegidas de Les Naus han tenido réplica fuera de la ciudad de Alicante. Tras la decisión de la jueza de citar como investigadas a quince personas vinculadas al caso, entre ellos el funcionario de Vivienda que validó los visados, el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha optado por un tono institucional, mientras el PSPV y Compromís han aprovechado la novedad judicial para redoblar sus ataques al PP.

Desde Presidencia, la respuesta de Pérez Llorca se ha movido en la línea que ya había venido manteniendo el Consell en las últimas semanas: “Respeto absoluto” al procedimiento y a las decisiones judiciales. Junto a ese mensaje, la Generalitat destaca que fue la propia administración autonómica la que trasladó el caso a la Fiscalía, aunque en primer lugar fueron Sumar y el PSOE, y la que abrió expediente al funcionario del servicio territorial de Vivienda implicado en los visados, al tiempo que recuerda que ese empleado ocupaba el puesto en comisión de servicio aprobada en la etapa del Botànic.

En esa misma línea se ha expresado también el síndic del PP en las Cortes, Nando Pastor, que ha defendido que la actuación de la Administración en el caso de Les Naus ha sido “ejemplar”. El portavoz popular ha señalado además que el Consell ha reforzado los controles en la adjudicación de vivienda protegida, aunque sin concretar, tras detectar fallos en los mecanismos heredados del Botànic y ha apostillado que, a partir de la entrada de la Justicia, solo cabe “respetar su actuación y trabajo”.

Se han tomado medidas para reforzar el control en la adjudicación de viviendas protegidas

Nando Pastor

— Síndic del PP en las Cortes

Ese intento de fijar una posición institucional ha chocado enseguida con la ofensiva del PSPV. La secretaria general de los socialistas valencianos y ministra, Diana Morant, ha reaccionado en redes sociales con un mensaje muy directo. “El PPCV vuelve a los juzgados: 15 imputados por el escándalo de las VPP de Alicante. Les Naus es ya un caso judicial que apunta a la gestión del PP”, ha publicado. La socialista convierte así las primeras imputaciones en un argumento político contra los populares.

Morant ha ampliado después ese mensaje en unas declaraciones realizadas en un encuentro organizado por la Fundación Conexus en Madrid, donde ha reclamado que la vivienda pública se proteja “para siempre”, tal y como promueve el Gobierno y se hacía en la Comunidad hasta la llegada del gobierno de Mazón, y que su adjudicación se haga con criterios “objetivos y transparentes”.

La dirigente socialista ha señalado además que “si no hay transparencia no habrá fondos” y ha utilizado el caso de Les Naus para cargar de nuevo contra el jefe del Consell, al afirmar que, desde que estalló el escándalo, Pérez Llorca no ha hecho “nada, excepto aparentar que estaba ofendido”. También le ha exigido que actúe para que quienes, según sus palabras, “se han llevado un piso por la cara, lo devuelvan” y que se adhiera al plan estatal de vivienda como vía para recuperar la confianza ciudadana y facilitar el acceso a una casa.

Les Naus es ya un caso judicial que apunta a la gestión del PP. Desde que estalló el caso, Pérez Llorca solo se ha hecho el ofendido

Diana Morant

— Secretaria general del PSPV

En una línea todavía más dura se ha expresado la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, que ha vinculado el caso a una crítica general al PP por su política de vivienda. A su juicio, el problema no se limita a unos hechos concretos ocurridos en Alicante, sino que encaja en una forma de gobernar en la que, según sostiene, los populares modifican las reglas para convertir la vivienda en negocio. Bernabé ha llegado a afirmar que la Comunidad Valenciana vuelve a situarse “en los medios por la corrupción y por la gestión opaca de un gobierno que vino aquí para hacer negocio de los valencianos y las valencianas”.

Cambiaron las leyes para hacer de la vivienda un negocio y ahora también es corrupción

Pilar Bernabé

— Delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana

La reacción socialista la ha completado José Díaz, diputado autonómico y portavoz del PSPV en la comisión de investigación de las Cortes. También en redes, ha rechazado que lo ocurrido pueda explicarse como un simple error administrativo o como un episodio aislado. “Quince imputados en Les Naus. Exconcejala, altos cargos, técnicos… y adjudicatarios sin derecho”, ha escrito, antes de cargar contra los intentos del PP de rebajar el alcance del escándalo y presentar el caso como “un error” o como la actuación de unos pocos “jetas”.

Compromís se ha situado en una posición muy similar. La diputada en el Congreso Àgueda Micó ha considerado “una buena noticia” que la Justicia actúe en este “caso de corrupción” relacionado con la vivienda protegida en Alicante y ha aprovechado para acusar al PP de utilizar los servicios públicos y la vivienda pública “para hacer negocio y para especular” en un momento de emergencia habitacional. La formación valencianista vuelve así a enmarcar Les Naus no solo como un escándalo concreto, sino como un ejemplo de una política de vivienda mal orientada.

Estamos demasiado acostumbrados a que el PP utilice la vivienda pública para hacer negocio

Àgueda Micó

— Diputada en el Congreso de Compromís

Aitana Mas ha ido un paso más allá y ha acusado al PP de intentar “acallar toda voz que busca profundizar” en un asunto que, según su lectura, lo retrata como “saqueador del bien colectivo”. La portavoz adjunta en las Cortes de Compromís considera que Les Naus ha “pervertido” el acceso a la vivienda protegida en plena crisis habitacional y ha ligado el caso al modelo de vivienda impulsado por el PP, que, a su juicio, esconde “el negocio y el privilegio de unos pocos frente al derecho a una vivienda digna”.

El caso de Les Naus esconde el negocio y el privilegio de unos pocos

Aitana Mas

— Portavoz adjunta de Compromís en las Cortes

El bloque de reacciones autonómicas lo ha cerrado Ana Vega, portavoz adjunta de Vox en las Cortes y presidenta de la comisión de investigación parlamentaria, con una posición más contenida en el plano judicial y más firme en el político. Vega ha evitado hacer una valoración de fondo “por respeto” al procedimiento en curso, pero ha destacado que el caso exige depurar “responsabilidades judiciales, pero también políticas, caiga quien caiga”, y ha reivindicado el papel de la comisión abierta en las Cortes para esclarecer lo sucedido en Les Naus.

Debe haber una depuración de responsabilidades judiciales, pero también políticas, caiga quien caiga

Ana Vega

— Portavoz adjunta de Vox en las Cortes y presidenta de la comisión de investigación

La novedad judicial que ha provocado estas reacciones supone un salto importante en el caso. La jueza ha acordado citar como investigadas a quince personas, entre ellas cargos políticos, altos funcionarios, técnicos y una decena de propietarios de viviendas protegidas señalados por no reunir presuntamente los requisitos exigidos. Además, también declararán como testigos la jefa de Patrimonio que alertó de las posibles irregularidades y otros técnicos municipales y autonómicos relacionados con el expediente.

En el caso de Les Naus, el paso dado ahora por la jueza eleva la presión sobre un asunto que ya había provocado la dimisión de Rocío Gómez como concejala de Urbanismo y que había derivado en dos comisiones de investigación, una en el Ayuntamiento de Alicante y otra en las Cortes. Las imputaciones añaden así un componente judicial mucho más contundente a una crisis que hasta ahora combinaba escándalo político y polémica administrativa. Y, al mismo tiempo, reabren la batalla entre un Consell que intenta reivindicar que actuó cuando detectó las irregularidades y una oposición que ve en Les Naus una nueva muestra de la gestión del PP en materia de vivienda.

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