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La oposición contrapone el avance judicial en Les Naus al bloqueo de la comisión del Ayuntamiento de Alicante

La izquierda destaca tras las quince imputaciones que la jueza da pasos en paralelo a una investigación municipal atascada y vuelve a situar el foco sobre Barcala

Una de las reuniones de la comisión de investigación del Ayuntamiento de Alicante por el escándalo de la vivienda protegida

Alex Domínguez

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Borja Campoy

Borja Campoy

Las quince imputaciones judiciales acordadas en el caso de las viviendas protegidas de Les Naus han avivado el frente político en el Ayuntamiento de Alicante con una idea que atraviesa buena parte de las reacciones de la oposición: mientras la jueza avanza en la instrucción, la comisión municipal de investigación sigue bajo sospecha de bloqueo. Ese contraste, especialmente resaltado por el PSOE y Compromís, ha marcado la respuesta de los cuatro grupos que se sitúan frente al PP en el Consistorio, aunque con distintos grados de dureza y con un reparto desigual de los señalamientos directos al alcalde, Luis Barcala.

No fue una exageración ni una polémica artificial, sino un pelotazo extraordinario

Ana Barceló

— Portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Alicante

La portavoz del grupo socialista, Ana Barceló, ha sido una de las voces que más claramente ha aprovechado ese paso judicial para confrontarlo con la marcha de la investigación política en el Ayuntamiento. A su juicio, las citaciones demuestran que lo ocurrido en Les Naus no fue “una exageración de la oposición ni una polémica artificial”, sino “un pelotazo con vivienda pública de una gravedad extraordinaria”. Posteriormente, ha añadido: “Mientras el PP está tratando de boicotear la comisión municipal para esclarecer lo que pasó realmente, el juzgado está dando pasos adelante para arrojar luz y aclarar lo ocurrido con la adjudicación de viviendas públicas en Alicante”.

La Justicia ya va dando pasos mientras en la comisión seguimos sin documentación

Rafa Mas

— Portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de Alicante

Esa misma comparación ha aparecido también en la reacción de Compromís. Su portavoz, Rafa Mas, ha recalcado que “la Justicia ya va dando pasos” con quince imputados, mientras en la comisión municipal. Para el edil valencianista, esa diferencia entre la velocidad del juzgado y la del Ayuntamiento refuerza la idea de que el gobierno local no está facilitando el esclarecimiento del caso. Además, ha vinculado de forma muy directa las imputaciones con el entorno político del alcalde al hablar de “dos personas de la máxima confianza de Barcala” y ha reclamado que se depuren responsabilidades.

No estábamos ante una polémica menor, sino ante un asunto de enorme gravedad

Manolo Copé

— Portavoz de EU-Podemos en el Ayuntamiento de Alicante

El PSOE también ha inicidido en esa conexión con el núcleo del gobierno local. Barceló ha manifestado que el escándalo “no ocurrió al margen del Ayuntamiento, sino dentro del propio Ayuntamiento”, una formulación con la que ha tratado de reforzar la tesis de que el caso afecta de lleno a la estructura municipal y no solo a decisiones periféricas o individuales. La portavoz socialista ha apuntado además que entre las personas citadas como investigadas figuran la exconcejala de Urbanismo y una directora general nombrada por el propio Barcala, por lo que reclama responsabilidades políticas al alcalde.

Este caso ya es uno de los mayores escándalos de los últimos años en Alicante

Carmen Robledillo

— Portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Alicante

EU-Podemos se ha movido en un plano algo distinto, menos centrado en el choque directo con Barcala y más en la gravedad institucional y social del caso. Su portavoz, Manolo Copé, ha señalado que la decisión judicial confirma que no se estaba ante una simple discusión administrativa, sino ante un asunto de enorme gravedad que afecta “a la gestión del suelo público, a la limpieza institucional y al derecho a la vivienda de miles de familias”. También ha reclamado máxima transparencia, colaboración absoluta con la Justicia y la asunción de todas las responsabilidades políticas que correspondan. En su lectura, el caso adquiere aún más dimensión al producirse en una ciudad con una fuerte emergencia habitacional y miles de solicitudes de vivienda.

La reacción de Vox despertaba su interés por la incógnita sobre si endurecería el tono frente al PP o buscaría un ángulo más neutro. Finalmente, su portavoz, Carmen Robledillo, sí ha cargado contra la dimensión del caso, aunque sin personalizar, definiéndolo como “uno de los mayores escándalos de los últimos años en el Ayuntamiento de Alicante”, y ha reclamado que la investigación llegue “hasta el final” y que se depuren todas las responsabilidades “caiga quien caiga”. A diferencia del PSOE y Compromís, no ha citado expresamente a Barcala ni ha centrado el tiro en su entorno político, pero sí ha dejado claro que espera que comparezcan ante la Justicia todas las personas con responsabilidad política, técnica o administrativa.

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