Sigue el plantón técnico a la comisión de Les Naus del Ayuntamiento de Alicante

La investigación a nivel municipal sobre el caso de las viviendas protegidas de Les Naus en Alicante sigue acumulando obstáculos. Hasta tres técnicos municipales más han comunicado que no acudirán a la comisión municipal creada tras el escándalo en las adjudicaciones de vivienda de promoción pública. El portazo llegar tras la imputación de una quincena de personas. La magistrada que instruye la causa ha citado a declarar como investigadas a quince personas, entre ellas representantes políticos, altos cargos de la administración local, técnicos y varios propietarios de viviendas en la urbanización de La Condomina.

La ausencia de estos tres técnicos municipales fue comunicada este miércoles mediante correo electrónico a los miembros de la comisión. En concreto, han declinado asistir a la sesión prevista para este viernes, 24 de abril, la jefa del Departamento de Gestión de Plusvalías, Ordenanzas y Convenios, un técnico de Obras Públicas del área de Urbanismo y una técnico de la Concejalía de Estadística.

A las tres ausencias ya confirmadas, se pueden sumar más, ya que entre los citados el miércoles también se encuentra el jefe del servicio de Disciplina Urbanística y Ambiental y Elsa Lloret, arquitecta en el Ayuntamiento de Alicante y pareja del técnico de Vivienda responsable de validar, con presuntas irregularidades en algunos casos, los visados.

Según un informe de la conselleria realizado tras destaparse el escándalo, la funcionaria figura entre los adjudicatarios que no han demostrado con documentos oficiales que cumplen con las exigencias ya que ni presentó en tiempo y forma los papeles sobre sus ingresos ni las propiedades de su cónyuge. La arquitecta anotó unos supuestos ingresos próximos a los 40.000 euros, pero sin justificación documental.

Funcionarios que quisieron declarar sin respuesta

Este nuevo rechazo se enmarca además en un contexto en el que cinco de los seis funcionarios municipales citados tampoco acudieron a declarar en la comisión de la pasada semana, aunque algunos de ellos sí mostraron su disposición a colaborar por escrito, aunque esa información no fue trasladada a los grupos hasta que este diario reveló el escrito dirigido a la comisión. Entre esos funcionarios se encuentran precisamente quienes alertaron en enero de posibles conflictos de interés en las adjudicaciones de Les Naus.

Tras esta situación, los grupos de izquierdas (PSOE, Compromís y Esquerra Unida-Podemos) solicitaron formalmente el pasado 17 de abril una sesión urgente por entender que se habían desarrollado hechos que "afectan al normal funcionamiento de la misma y al ejercicio de las funciones de control político". Sin embargo, este martes el vicealcalde de Alicante, Manuel Villar, evidenció que esa sesión urgente no se celebraría.

La clave de Plusvalías y las acusaciones de Vox

La relevancia del área de Plusvalías se situó en el centro del debate político en el pleno extraordinario celebrado en marzo, cuando Vox puso el foco en la gestión de estos expedientes. Fue la portavoz municipal de la formación, Carmen Robledillo, quien cuestionó directamente al equipo de gobierno sobre si el Ayuntamiento tenía conocimiento previo de que la entonces concejala de Urbanismo, Rocío Gómez, disponía de una vivienda protegida en Les Naus, y sobre la tramitación de los recibos vinculados a esas operaciones.

Robledillo sostuvo que esa información había entrado en el Ayuntamiento durante el verano y deslizó que pudo no ser atendida, lo que llevó al gobierno local del PP a abrir un expediente específico sobre la gestión de las plusvalías. A partir de ahí, el alcalde defendió que era necesario comprobar el recorrido administrativo de esos documentos. "La información consiste en averiguar cuándo se están abriendo esos expedientes y se está preguntando a los funcionarios que gestionan los expedientes de plusvalía", explicó Luis Barcala en el mes de mazo.

El alcalde insistió en que el objetivo era aclarar si los recibos habían sido efectivamente registrados y abiertos. "Ese expediente es para contrastar que, por anómalo que parezca, estaban sin descargar", señaló Barcala, defendiendo que el equipo de gobierno no tuvo conocimiento de esa información en el momento en que, según Vox, ya obraba en poder del Ayuntamiento.

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