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Alicante solo permite por ahora pedir de forma telemática el certificado de vulnerabilidad que necesitan los migrantes

El Ayuntamiento asegura que está en curso la atención presencial a los solicitantes del documento y que indicará próximamente los puntos y horarios de atención

Largas colas en las OMAC de Elche en el inicio de la regularización extraordinaria de extranjeros

Largas colas en las OMACs de Elche en el inicio de la regularización extraordinaria de extranjeros / Áxel Álvarez

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J. Hernández

J. Hernández

El certificado clave que necesitan miles de personas afectadas por el proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes, que en los primeros días está colapsando centros sociales y entidades colaboradoras de la provincia de Alicante, se podrá obtener en el caso de la ciudad de Alicante solo a través de sede electrónica, es decir, de forma telemática, al menos por el momento. Así reza en las instrucciones elaboradas al respecto por el gobierno municipal, en las que se informa de que, de forma presencial, se indicarán próximamente los puntos y horarios de atención, y que los preparativos para este tipo de atención en persona están ahora mismo en curso. Así reza en una hoja informativa que se ha distribuido en los centros sociales, que va acompañada de una instancia con la petición del informe de vulnerabilidad para poder regularizarse.

En la instancia el solicitante deberá introducir sus datos y solicitar la emisión del informe de vulnerabilidad social "a efectos de su aportación en el procedimiento de regularización extraordinaria". Con él expone que se encuentra en situación administrativa irregular en España y presenta dificultades para acceder a recursos económicos, laborales y sociales, encontrándose en una situación de vulnerabilidad social, y confirmando que actualmente tiene su residencia en el municipio de Alicante.

El Ayuntamiento de Alicante, junto al de Elche, ha sido uno de los más críticos en el arranque del proceso con el modo en que ha sido organizado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Julio Calero, concejal de Derechos Públicos del Ayuntamiento de Alicante (PP), declaró el pasado lunes que "quien tiene que reforzar los medios materiales y humanos para atender este proceso extraordinario de regularización es el Gobierno central, que nuevamente actúa por interés y estrategia política, a golpe de improvisación y de falta de planificación cuando activa un procedimiento masivo sin contar con los ayuntamientos, ni tener en cuenta la limitación de los recursos municipales".

La Concejalía de Derechos Públicos, que engloba Inmigración, asume la gestión de la tramitación del documento más buscado

Inmigración

Sin embargo, trabajadores municipales consultados por este diario han criticado la falta de coordinación del Ayuntamiento de Alicante con las autoridades de Inmigración. "Aquí el problema es que no sabemos qué parte van a hacer los ayuntamientos, qué parte Inmigración o si se van a repartir las solicitudes, que van a ser muchísimas. Estarán viendo qué parte hace cada uno y, en función del personal, se tardará más o menos en tramitar los informes". La Concejalía de Derechos Públicos, que engloba Inmigración, y no la de Servicios Sociales, va a asumir la gestión del polémico certificado que miles de personas están solicitando aunque no se necesita en todos los supuestos para acceder a las autorizaciones de residencia temporal por arraigo extraordinario en marco del proceso impulsado por el Gobierno central que se prolongará hasta el 30 de junio.

"Lo que está claro es que si no habilitan medios se van a poder regularizar muy pocas personas", insisten las fuentes consultadas entre los trabajadores.

Dado que a comienzos de semana no había instrucciones claras, cuando los migrantes acudían a los centros sociales preguntando cómo presentar el informe de vulnerabilidad para la regularización extraordinaria, se les fue anotando en una lista con nombre y teléfono para llamarles una vez recibidas esas indicaciones, que se dieron ayer. Ahora, se les están contactando para indicarles lo que tienen que hacer para presentar la instancia. Solo en dos centros sociales de Alicante en zonas donde reside mucha inmigración apuntaron a más de un millar de personas para llamarlas posteriormente.

Colas de inmigrantes en la oficina de atención al ciudadano de Elche, el pasado lunes

Colas de inmigrantes en provincia de Alicante, en concreto en una oficina de atención al ciudadano de Elche, el pasado lunes / Áxel Álvarez

Dificultades

La dificultad, según consideran estos trabajadores, está en que todavía no se han habilitado las citas ni los puntos de atención de registro del Servicio de Atención e Información al Ciudadano (SAIC) u otros donde la gente pueda ir de manera presencial.

"De momento solamente está la opción telemática, pero hay mucha gente que digitalmente no se aclara o no puede presentar los papeles. Aún no han habilitado cómo va a ser esa atención presencial, cómo va a poder ir la gente, si va a poder pedir una cita para acudir de manera presencial al SAIC a entregar su solicitud para que le hagan el informe de vulnerabilidad".

Con el mismo personal

El Ayuntamiento de Alicante ya descartó el pasado martes reforzar su personal para atender a migrantes en el proceso de regularización. "Vamos a hacer el máximo con los medios que tengamos”, dijo el vicealcalde de AlicanteManuel Villar, al ser consultado por los recursos con que cuenta Servicios Sociales para asumir esta situación. Municipios gobernados por el PSOE, como el de Elda o el de Alcoysí que han tomado esta decisión que desde el Consistorio alicantino, presidido por Luis Barcala, del PP, a día de hoy no contemplan.

El vicealcalde señaló que el pasado viernes 17 de abril atendieron en el Ayuntamiento a más de 1.500 personas, sin especificar si la atención fue simplemente tomar los datos a los interesados, como señalan fuentes de los trabajadores. También apuntó que el martes ya eran más de 3.000 las personas atendidas, “un sobreesfuerzo” que la institución municipal, según Villar, “hará todo lo que esté en su mano para llevarlo a cabo”. A la vez atacó al Gobierno que preside Pedro Sánchez por considerar que “lo que menos le importa son las personas y cómo se les trata”.

Por otro lado, las ONG colaboradoras superan el millar cada una de ellas de personas en lista de espera interesadas en el informe de vulnerabilidad.

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