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El choque entre PP y Vox por la inmigración llega al Ayuntamiento de Alicante

El equipo de gobierno y su socio habitual registran sendas propuestas al pleno de abril para rechazar la regularización pero con argumentos muy diferentes

Comienza el proceso de regularización en Alicante: "Esta es una oportunidad para conseguir un trabajo mejor”

Alex Domínguez

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Manuel Lillo

Manuel Lillo

Las diferencias entre el PP y Vox en referencia a la inmigración se hacen notar también en Alicante. Después de la “prioridad nacional” que, por exigencia de la ultraderecha, se incluyó en el pacto de gobierno de Extremadura y que algunos líderes autonómicos del PP (como Isabel Díaz Ayuso en Madrid o Juan Manuel Moreno Bonilla en Andalucía) han discutido, en el Ayuntamiento de Alicante se ha instalado la controversia.

Mientras el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha evitado pronunciarse sobre este concepto, que Vox ha conseguido introducir en la negociación por los Presupuestos autonómicos, en el Consistorio alicantino ambas formaciones han registrado sendas declaraciones institucionales para el próximo pleno municipal, que se celebrará el 30 de abril. De momento, ante la regularización de personas migrantes, Vox ha aprovechado para introducir la “prioridad nacional”. Un concepto al que el PP no alude.

Como viene siendo habitual, Vox expone un argumento mucho más agresivo con el que incluso responsabiliza a “los sucesivos gobiernos del bipartidismo”, es decir, tanto al PP como al PSOE, de “fomentar un proceso de inmigración masiva”. La declaración que presenta su portavoz municipal, Carmen Robledillo, habla también de “sustitución progresiva” o de la presunta intención de que los migrantes “proporcionen millones de votos a los partidos de izquierda”, pese a que para poder votar es necesaria la nacionalidad, que los regularizados no obtendrán en este proceso.

Por su parte, el PP, en su declaración, solicita la promoción de “una inmigración legal, ordenada y segura”, tildando la “inmigración irregular” como “injusta" y considerando que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es el responsable de “una crisis de inmigración ilegal sin precedentes”. A su vez, el texto que firma la portavoz popular, Mari Carmen de España, habla también “la degradación de ciertos barrios de la ciudad” y de paralizar el proceso regulatorio actual “hasta que se dote a los ayuntamientos de recursos”. Vox, sin embargo, pide la derogación de la medida sin condiciones.

Propuestas de la izquierda

La inmigración también es el eje de una propuesta de declaración institucional registrada por Esquerra Unida-Podemos, que asegura que en Alicante “se ha consolidado una práctica administrativa que vulnera de forma reiterada la legislación estatal e impide el ejercicio efectivo del derecho al empadronamiento”, la cual piden erradicar y “revisar de oficio los expedientes de empadronamiento denegados” en el último año.

En otro orden de cosas y tras el debate generado en las Fallas de València, Compromís ha registrado otra propuesta de declaración institucional para “reactivar la propuesta” de la tasa turística, justificando que su ausencia ha supuesto “un impacto negativo” de unos 100 millones de euros en los últimos años. Los valencianistas defienden la medida para contribuir “al sostenimiento” de las Hogueras, recordando los datos récord de ocupación e ingresos en estas fiestas durante el pasado año, y el “contraste con la falta de ingresos de las comisiones de hogueras y barracas”.

También desde Compromís han propuesto la creación de una comisión no permanente para analizar el nuevo contrato relacionado con la gestión del aparcamiento de pago (zona azul y naranja) y buscar “soluciones de estacionamiento que no supongan una carga adicional para los residentes”, dada la “preocupación” en barrios como Benalúa, Alipark o Princesa Mercedes.

Por último, entre las propuestas más destacadas también está una del PSOE, que piden trasladar el Punto de Encuentro Familiar de Alicante “a una nueva ubicación”. Este punto, instalado para garantizar el contacto de niños, niñas y adolescentes con familiares durante procesos o situaciones de separación, divorcio u otros casos, fue trasladado en diciembre de 2025 del parque Lo Morant a Urbanova, “una zona alejada y mal comunicada”.

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