Una citación entregada por la Policía Local "agrava el estado de salud" de una implicada en el caso de Les Naus de Alicante

Una citación para la comisión municipal que investiga el escándalo de Les Naus, entregada en mano por agentes de la Policía Local, "agrava el estado de salud" de la arquitecta municipal Elsa Lloret, una de las personas involucradas en el caso de la promoción pública de Les Naus. Así lo sostiene la propia funcionaria en un escrito remitido al Ayuntamiento de Alicante, en el que comunica su imposibilidad de acudir a la comisión municipal convocada para este viernes, una sesión que queda vacía de contenido tras una cascada de ausencias de los técnicos citados. Ninguno de los cinco previstos acudirá.

La última negativa, comunicada este jueves, ha sido la de la propia arquitecta municipal Elsa Lloret, con un piso en Les Naus y pareja del técnico de Vivienda responsable de validar los visados, y la del jefe del servicio de Disciplina Urbanística y Ambiental. Dos renuncias que se suman a las de los otros tres técnicos que ya habían declinado asistir previamente: la jefa del Departamento de Gestión de Plusvalías, Ordenanzas y Convenios, un técnico de Obras Públicas del área de Urbanismo y una trabajadora de la Concejalía de Estadística.

Un "agravamiento" del estado de salud

En el escrito registrado ante la comisión, Lloret detalla que recibió la notificación el pasado 21 de abril mediante agentes de la Policía Local, en la que se le requería comparecer el día 24. La arquitecta subraya que se encuentra actualmente de baja médica y que su situación le impide acudir. "Comunico mi indisposición por motivos de salud para comparecer", señala en el documento.

Sin embargo, el punto más destacado de su argumentación se centra en la forma de la citación. Lloret considera que el uso de agentes municipales fue "improcedente e innecesario", y añade que esta circunstancia ha contribuido directamente al "agravamiento de su estado de salud". En este sentido, recuerda que, como funcionaria, mantiene la obligación de relacionarse con la administración por medios electrónicos, por lo que solicita que futuras comunicaciones se realicen por esa vía.

La arquitecta también defiende su disposición a colaborar con las administraciones implicadas. Según expone, ya compareció ante el servicio de Recursos Humanos del Ayuntamiento en febrero y ha trasladado a la Conselleria de Vivienda su voluntad de cooperar. "En el momento en que sea requerida por el órgano judicial, prestará las explicaciones y aportará los documentos necesarios", indica Lloret, en referencia a la investigación penal en curso, en el que ha resultado imputada junto a otras catorce personas.

Dudas sobre la adjudicación

Pese a esa voluntad exhibida de colaboración con Vivienda, la documentación aportada por Lloret como propietaria de una vivienda ha sido objeto de cuestionamiento en informes de la Conselleria de Vivienda en la revisión de los visados tras saltar el escándalo. Según estos documentos, la arquitecta figura como adjudicataria única de una de las viviendas sin haber acreditado de forma completa el cumplimiento de los requisitos exigidos para acceder a este tipo de promociones públicas.

El informe citado, que ha sido clave en las imputaciones de diez propietarios, se detalla carencias relevantes en la documentación aportada por Lloret como propietaria en Les Naus, al señalar que "no consta que se ha hecho consulta a la Agencia Tributaria de los ingresos de 2023 de la declarante" y que en la aplicación interna "consta anotado como ingresos el importe de 39.979,24 euros sin justificación documental alguna presentada por la adjudicataria que acredite este importe de ingresos".

Asimismo, se añade que Lloret "aporta certificado de no propiedades solo de la declarante", sin que exista en el expediente "documentación respecto a los ingresos y al Índice Central del Colegio de Registradores de España acreditativa de todas las propiedades en España del cónyuge". En esta línea, el informe también pone el foco en la actuación del técnico responsable del expediente, pareja de la arquitecta, al subrayar que "no se inhibió del expediente debido a su relación de parentesco con la adjudicataria", circunstancia que “no fue comunicada ni verbalmente ni por escrito a ningún superior jerárquico”, manteniendo su intervención "hasta visar el contrato".

En relación con los requerimientos administrativos, el documento de principios de marzo recoge que Lloret solicitó una ampliación de plazo y posteriormente presentó la renuncia a la vivienda "sin aportar documentación acreditativa de los datos económicos ni información de las propiedades del cónyuge". Además, precisa que, tras un segundo requerimiento cursado el 26 de febrero de 2026, "a fecha del presente informe la adjudicataria no ha contestado".

A partir de estos elementos, la conselleria concluye de forma literal que se "desconoce a la fecha de este informe si Elsa Lloret cumple los requisitos de acceso a una vivienda de protección pública ya que no disponemos de la documentación acreditativa de los ingresos ni de las propiedades del cónyuge".

Presión judicial

Por su parte, el jefe de Disciplina Urbanística justificó su decisión apelando al contexto judicial que rodea el caso. En un escrito remitido por correo electrónico, subrayó que la comparecencia es voluntaria y defendió su negativa en la necesidad de no interferir en la investigación penal en curso. "Considero que no debo someterme a pregunta alguna fuera del ámbito judicial en aras a no entorpecer las indagaciones", señaló el técnico, al tiempo que recordó que podría ser citado como testigo en el procedimiento. Asimismo, acotó su intervención en el proyecto a la tramitación del expediente de licencia de obra mayor, sin relación directa con las posibles irregularidades investigadas.

Estas decisiones llegan apenas un día después de conocerse que la magistrada instructora ha imputado a una quincena de personas vinculadas al caso, entre ellas cargos políticos, técnicos y adjudicatarios de viviendas en la urbanización de La Condomina, lo que ha incrementado la tensión en torno a la comisión.

Funcionarios que quisieron declarar sin respuesta

Con este escenario, la comisión de este viernes queda seriamente desdibujada. Sin técnicos que respondan a las preguntas de los grupos municipales, el foco recaerá en el vicealcalde, Manuel Villar, quien será el encargado de dar explicaciones sobre una cuestión pendiente: por qué el gobierno local ocultó a la oposición que dos técnicos clave habían mostrado su predisposición a responder por escrito.

Este nuevo rechazo se enmarca además en un contexto en el que cinco de los seis funcionarios municipales citados tampoco acudieron a declarar en la comisión de la pasada semana, aunque algunos de ellos sí mostraron su disposición a colaborar por escrito, aunque esa información no fue trasladada a los grupos hasta que este diario reveló el escrito dirigido a la comisión. Entre esos funcionarios se encuentran precisamente quienes alertaron en enero de posibles conflictos de interés en las adjudicaciones de Les Naus.

Tras esta situación, los grupos de izquierdas (PSOE, Compromís y Esquerra Unida-Podemos) solicitaron formalmente el pasado 17 de abril una sesión urgente por entender que se habían desarrollado hechos que "afectan al normal funcionamiento de la misma y al ejercicio de las funciones de control político". Sin embargo, este martes el vicealcalde de Alicante, Manuel Villar, evidenció que esa sesión urgente no se celebraría y que las explicaciones se darían en la sesión ordinaria prevista para este viernes.

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