Urbanismo promete medidas en plena crisis por Les Naus para que los trámites para construir vivienda en Alicante no se retrasen hasta 10 años

Generar las condiciones para acelerar la construcción de vivienda en Alicante. Es el compromiso que ha adquirido el Ayuntamiento en una reunión mantenida este jueves entre el concejal de Urbanismo, Antonio Peral, y representantes de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de la Provincia, Provia. Las propuestas para llevar a cabo esta tarea llegan en plena polémica por las adjudicaciones de viviendas protegidas en el residencial Les Naus, destapadas por INFORMACIÓN a finales de enero, intentando, de esta manera, desviar el foco de un caso que acumula 15 imputaciones, cuatro de ellas de personas vinculadas con el Ayuntamiento: dos arquitectos del área de Urbanismo, la jefa de Contratación, María Pérez-Hickman, que dimitió como directora general tras publicar este diario que sus dos hijos y un sobrino habían sido agraciados con viviendas (pese a que mantiene su cargo actual tras dejar el de directora general); y la que fue concejala de Urbanismo y dimitió un día después de que estallara el caso, Rocío Gómez, que también es vecina del residencial.

Las medidas anunciadas, tomadas en virtud de la “colaboración público-privada” y que definen como “plan de choque”, concepto recurrente en la administración municipal y planteado en épocas pasadas ante el atasco en Urbanismo sin los resultados anunciados, están pensadas para cumplir con las expectativas del Plan General Estructural, que según el Consistorio contempla la construcción de más de 40.000 viviendas; así como con el propósito del Plan Vive, impulsado por la Generalitat para construir inmuebles, según ha argumentado el concejal Antonio Peral a través de un comunicado, en el que ha asegurado que "la vivienda es la principal preocupación de los alicantinos y, por tanto, de este equipo de gobierno", en alusión al liderado por Barcala, ahora en el foco por la gestión tras las polémicas adjudicaciones de Les Naus, una promoción sobre un suelo vendido por el Ayuntamiento.

La vivienda es la principal preocupación de los alicantinos y, por tanto, de este equipo de gobierno

Antonio Peral

— Concejal de Urbanismo

El ejecutivo local se ha comprometido a llevar a cabo ese "plan de choque” al que contribuirán, según pretende la institución municipal, dos nuevos contratos. Uno será el “servicio de asesoramiento, soporte y apoyo a la racionalización y simplificación de procedimientos administrativos en Urbanismo y Servicios Sociales”, formalizado el pasado 17 de abril por 102.850 euros y con un plazo de ejecución de cinco meses, para “implementar mecanismos para agilizar trámites de licencias”. El contrato, adjudicado a KPMG Asesores, se empezó a tramitarse el pasado mes de julio, y el retraso en la formalización ha obligado al Ayuntamiento a un reajuste en las anualidades.

El otro contrato es para "la redacción de estudios y trabajos vinculados a expedientes de planeamiento y de gestión urbanística”. Su adjudicación, aseguran desde el Ayuntamiento, está “próxima”, e irá a parar a la mercantil Arvum Consultoría & Proyectos, clasificada en primer lugar en la Mesa de Contratación tras establecer un precio de licitación de casi 700.000 euros. Con este contrato se pretende garantizar “una tramitación más ágil y eficaz de expedientes relevantes como el Plan General Estratégico y el Plan de Ordenación Pormenorizada y la revisión del Catálogo de Protecciones, así como modificaciones puntuales del Plan General”, indican desde el Consistorio.

Motivación

Según apuntan personas que han participado en la reunión, de lo que se trata es de aplicar “un plan de choque para promover cuanto antes vivienda asequible”, hecho que pasa por “acelerar licencias para atender toda la demanda ampliando la oferta”. Licencias que, según los empresarios del sector, pueden tardar actualmente "hasta diez años" en tramitarse, un hecho que "no tiene sentido".

Los empresarios consultados sitúan el principal problema en “la complejidad de las normativas” de ámbito estatal, autonómica y municipal, ya que “los controles requieren mucho tiempo y numerosos informes y cada gestión se puede eternizar”, una situación que tiende a “desanimar” a las empresas a involucrarse en el proceso para construir vivienda protegida, donde el suelo lo habilita la administración a una empresa que vende viviendas a precios limitados por la ley; y vivienda asequible, construida en suelos de titularidad privada pero “con precios muy similares” y con la “colaboración” de la administración a la hora de “agilizar trámites”.

Según estas mismas voces, la “complejidad burocrática” provoca “retrasos” en “todo tipo de proyectos”, dificultad que repercute en “la falta de oferta habitacional”, situación que estas medidas tratarán de resolver.

Suscríbete para seguir leyendo