El secretario del Pleno trató de torpedear la comisión de Les Naus de Alicante: "Podría vulnerar el derecho al honor"

Más palos en las ruedas de la comisión del Ayuntamiento de Alicante sobre el escándalo de las viviendas protegidas. El secretario del Pleno (una de las próximas personas llamadas a comparecer) defiende que el órgano "no tiene facultad para investigar" y que hacerlo podría "vulnerar el derecho al honor o a la presunción de inocencia" de los asistentes. Además, el alto funcionario argumenta ahora que los concejales no tienen la obligación de acudir en caso de ser llamados (un criterio que no comparten ni ediles del gobierno de Barcala) pese a que no puso objeción en ocasiones anteriores.

El secretario del Pleno y vicesecretario del Ayuntamiento de Alicante, Germán Pascual, se ha convertido en una figura de gran relevancia dentro de la actualidad municipal en los últimos meses: no solo ha tenido que elaborar distintos informes sobre cuestiones como la polémica sobre el derecho de los concejales de baja a participar en las votaciones, sino que también fue el elegido por el alcalde, Luis Barcala, para llevar a cabo la investigación interna sobre posibles conflictos de interés en las adjudicaciones de Les Naus. Ahora, el secretario ha vuelto a situarse en el centro de la polémica después de que el gobierno municipal ocultase a la oposición un documento suscrito por él, en este caso sobre el funcionamiento de la comisión municipal relacionada con el escándalo de las viviendas protegidas.

Este escrito, firmado el pasado 31 de marzo y redactado a petición del presidente del órgano, Manuel Villar, se puso sobre la mesa cuando se avanzó en la última sesión que María Pérez-Hickman (la jefa de Contratación con dos hijos y un sobrino en el residencial) había rechazado participar en la comisión escudándose, precisamente, en el informe elaborado por Germán Pascual. En el documento, el secretario del Pleno señala que el reglamento municipal "en ningún momento hace referencia a la posibilidad de creación de comisiones de investigación" y que dicha potestad pertenece al Congreso, el Senado y las Cortes.

Vulneración de derechos

Al respecto, Pascual apunta que estos otros órganos cuentan con "su propia regulación específica" donde se vela por "un procedimiento y unas garantías de derechos constitucionales". Además, señala que llevar a cabo una investigación que "corresponde, en exclusiva, a los jueces y tribunales" por parte de la comisión municipal "podría vulnerar los derechos a no sufrir indefensión, a un proceso con todas las garantías, a la tutela efectiva, a la presunción de inocencia, al honor y a la dignidad de la persona".

Por otra parte, el alto funcionario incide en que "ningún ciudadano puede encontrarse ante una comisión en peores condiciones que si estuviera ante un juez" y sostiene que "no procede la solicitud de comparecencia a concejales o miembros de la Junta de Gobierno Local". Un posicionamiento del que discrepa no solo la oposición, sino también el vicealcalde y presidente de la comisión, Manuel Villar, quien así lo manifestó en la última reunión del órgano, celebrada la pasada semana. Tampoco ve oportuno el empleado público que acudan a las sesiones "terceros ajenos a la instrucción de los expedientes".

En la misma línea, Germán Pascual también considera que la función de la citada comisión "ha de ceñirse al examen formal de los expedientes completos" y que "solo se podrán solicitar las comparecencias del personal funcionario o laboral que haya participado en el proceso", aunque advierte de que "no tendrá obligación legal de comparecer" y de que "se le advertirá de que no existe normativa aplicable que garantice la defensa de sus derechos constitucionales".

El propio secretario del Pleno será, precisamente, uno de los próximos citados en la comisión municipal para la reunión del 22 de mayo, junto con el interventor, Francisco Guardiola; el exjefe del servicio jurídico del Ayuntamiento Manuel Cordón y un responsable policial encargado de la inspección de Les Naus.

La izquierda acusa a Barcala de bloquear la comisión

La portavoz del grupo municipal socialista, Ana Barceló, ha valorado que el mencionado informe del secretario "no puede ser la coartada de Barcala para vaciar la comisión que debe aclarar qué controles fallaron en la adjudicación de viviendas protegidas" y ha argumentado que "Villar debe dimitir como presidente de la comisión por ocultar el informe".

La edil del PSOE ha considerado que "el único partido que está convirtiendo en un juicio esta comisión es el PP, que está haciendo advertencias a los funcionarios para que no comparezan" y ha añadido que el objetivo del equipo de gobierno es "bloquear el control democrático del pleno e impedir que se conozca la verdad".

"El informe del secretario no puede ser la coartada de Barcala para vaciar la comisión, el alcalde se está protegiendo a sí mismo"

Ana Barceló

— Portavoz del PSOE

Por su parte, el portavoz de Compromís, Rafa Mas, ha ironizado al señalar que "todo lo que gira en torno a Les Naus, que vincula con este escándalo a personas relacionadas con el Partido Popular, es un cúmulo de casualidades". El valencianista lamenta que el informe del vicesecretario "afirmando que no se puede llamar a declarar a nadie que no sea funcionario" haya llegado después de que la izquierda haya pedido la participación de Carlos Mazón, responsables de la Generalitat y políticos del PP local como la concejal Mari Carmen de España.

Todo lo que gira en torno a Les Naus, que vincula con este escándalo a personas relacionadas con el Partido Popular, es un cúmulo de casualidades

Rafa Mas

— Portavoz de Compromís

Desde Esquerra Unida-Podemos, su portavoz, Manolo Copé, cuestiona la "operación de maquillaje institucional" del PP de Barcala y aboga por "defender la transparencia y el derecho de la ciudadanía a conocer la verdad". El edil sostiene que "si una comisión no puede llamar a responsables políticos, no puede contar con comparecencias efectivas, no puede repreguntar y se limita únicamente a recibir documentación, no se trata de una investigación seria, sino de un simulacro institucional".

"Si una comisión no puede llamar a políticos, no se trata de una investigación seria, sino de un simulacro"

Manolo Copé

— Portavoz de EU-Podemos

Vox cambia de opinión

En Vox, el asunto ha provocado un nuevo giro en la postura de la formación de ultraderecha, que ya pasó de exigir la dimisión del alcalde, Luis Barcala, a impedir su reprobación cuando fue propuesta por la izquierda. Ahora, los de Abascal han pasado de votar a favor de la comisión municipal, impulsada por la izquierda y aprobada por unanimidad, a considerarla "un órgano limitado sin herramientas efectivas", según han informado en un comunicado.

"No es una comisión de investigación y no tiene capacidad real para depurar responsabilidades"

Carmen Robledillo

— Portavoz de Vox

"Esta comisión no podía convertirse en un pseudo-juicio sin garantías jurídicas y el informe de la Secretaría General lo confirma: no es una comisión de investigación y no tiene capacidad real para depurar responsabilidades", ha señalado la portavoz de Vox, Carmen Robledillo. No obstante, según la edil ultra, "resulta muy grave que se utilizara en la última sesión un informe fechado hace casi un mes que no había sido facilitado previamente", porque "genera dudas evidentes sobre la transparencia y el funcionamiento" del órgano.

En un primer momento, la formación hizo llegar a los medios una primera nota de prensa, en la que señalaba que "no se puede sustituir la Justicia por una comisión sin capacidad real y, al mismo tiempo, pretender que aquí no ha pasado nada", defendiendo que "Si hay irregularidades, deben investigarse donde corresponde: en los juzgados". Minutos después, el escrito fue eliminado y sustituido por una segunda versión, menos crítica con el funcionamiento del foro.

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