El Ayuntamiento de Alicante cede y ampliará la plantilla de Inmigración para atender el proceso de regularización
El gobierno de Barcala anuncia ahora la incorporación de "cuatro o cinco" funcionarios de refuerzo e insiste en culpar al Gobierno por aprobar la normativa sin tener en cuenta a las administraciones locales

Alex Domínguez
El Ayuntamiento de Alicante asume que no puede atender el proceso de regularización de personas migrantes con los medios actuales y anuncia que reforzará el personal de Inmigración. El ejecutivo local municipal de Luis Barcala incorporará entre cuatro y cinco técnicos de refuerzo mientras insiste en culpar al Gobierno de Pedro Sánchez por haber aprobado la normativa sin tener en cuenta la capacidad de las administraciones locales.
En un primer momento, el ejecutivo popular rechazó la posibilidad de ampliar el servicio para atender las solicitudes relativas al proceso regulatorio habilitado por el Ejecutivo nacional para las personas migrantes. "Vamos a hacer el máximo con los medios que tengamos", señaló la pasada semana el vicealcalde de Alicante, Manuel Villar. Mientras que otros ayuntamientos gobernados por el PSOE, como el de Elda o el de Alcoy, sí que tomaron esa decisión desde el primer momento, en el Consistorio alicantino, los populares liderados por Luis Barcala no la contemplaban. Villar recordaba entonces que el PP, a nivel nacional, "va a pedir la suspensión de la aplicación de la norma hasta que el Gobierno central dé los medios", en la misma línea que el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, quien anunció un recurso contra la medida, que cuenta con el aval de los sindicatos, de los empresarios y de la Conferencia Episcopal.
Ahora, justo una semana después, el vicealcalde se desdice y anuncia un refuerzo del personal de Inmigración, donde se espera contratar a entre cuatro y cinco personas más, para prestar apoyo a la plantilla actual. "Estamos agilizando lo máximo posible un expediente para incorporar en torno a cuatro o cinco personas para empezar a mitigar la avalancha que ha provocado esta decisión", ha anunciado Villar este martes. "Las administraciones vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para cumplir con esta normativa que ha sido aprobada sin consultarlos, lo que es una actitud bastante desleal por parte del Gobierno central", ha añadido el edil popular.
Atención presencial a miles de personas
Respecto al proceso de regularización, el concejal ha señalado que se está atendiendo de forma presencial a aquellas personas que se desplazan tanto a los centros sociales como a los puntos del Servicio de Atención Integral al Ciudadano. "Evidentemente, ha provocado un sobreesfuerzo en las personas que están empleadas en esta concejalía, con esa razón se ha tomado la decisión de contratar por medio de bolsa a las personas que nos han pedido para apoyo", ha señalado.
Según las cifras del Consistorio, solo el pasado 17 de abril ya se atendió en el Ayuntamiento a más de 1.500 personas, aunque no se concreta si dichas "atenciones" consistieron únicamente en recabar los datos de los interesados, como señalaban algunos de los trabajadores. Dos días después, el gobierno local avanzaba que la cifra ya superaba las 3.000 personas atendidas.
Los trabajadores del Ayuntamiento, a través del sindicato mayoritario (SEP), ya habían solicitado que en la próxima sesión de la Junta de Personal, celebrada este lunes, se debatiera una propuesta de "medidas urgentes ante el impacto de la regularización", constatando el "incremento inmediato y significativo en la demanda de trámites", especialmente en el Servicio de Atención Integral a la Ciudadanía (SAIC), en el Servicio de Inmigración y el de Bienestar Social, "debido principalmente al repunte de solicitudes de empadronamiento, certificados de convivencia e informes de arraigo" necesarios para acreditar la permanencia en el país.
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