Barcala rechaza de nuevo la tasa turística en Alicante, pese a la unión de la izquierda y la presión de las Hogueras

El debate sobre la tasa turística vuelve a escena después de que cada vez más voces se muestren abiertas a su implantación, para que los visitantes paguen un "peaje" por noche que repercuta directamente en las ciudades que les reciban. La medida fue impulsada en la pasada legislatura por el Botànic, aunque su aplicación era voluntaria, y anulada más tarde por el PP de Mazón, pero ahora incluso el Ayuntamiento de València (dirigido por la popular María José Catalá) se muestra dispuesto a estudiar su puesta en marcha. En Alicante, los últimos en sumarse al cobro de la tasa han sido la Federació de Fogueres (que pide desde hace tiempo que los ingresos que genera la Fiesta contribuyan directamente a su organización) y el PSOE a nivel, que hasta ahora se había posicionado en contra, al entender que el sector arrastraba pérdidas por los efectos de la pandemia.

En esta ocasión, la tasa volvió al pleno de Alicante de la mano de Compromís, la misma formación que ya intentó (sin éxito) que el Consistorio la pusiera en marcha en mayo de 2024. El portavoz de los valencianistas, Rafa Mas, esgrimió una larga lista de ciudades en las que ya se cobra una tasa similar (de Ibiza y Barcelona a Bratislava o Edimburgo) para terminar recriminando su inacción al alcalde Luis Barcala: "Somos los pagafantas de Europa. Mientras que a los alicantinos nos están hinchando con la subida de la tasa de basura, la del agua, los arrastres de la grúa, la zona azul y zona naranja, los turistas sin colaborar", lamentó.

La propuesta de Mas sumó el apoyo habitual del portavoz de EU-Podemos, Manolo Copé, quien incidió en que los cinco millones de visitantes anuales que recibe la ciudad podrían traducirse en ingresos municipales para mejoras en los barrios. Además, por primera vez en este mandato, el bloque favorable a la tasa turística pudo contar con el PSOE, que hasta ayer se había opuesto a su aplicación. Pese a ello, la concejala socialista Trini Amorós destacó que el Consell "eliminó el marco legal" para poder practicar este cobro y solicitó a la Generalitat que recuperase su regulación.

Frente al bloque progresista, inalterables se mostraron el PP y Vox, que rechazaron una vez más su implantación. El concejal ultra Juan Utrera reclamó a la izquierda que "deje de ver al turista como un cajero automático y empiece a verlo como el motor que da de comer a miles de familias alicantinas". En la misma línea se pronunció el gobierno popular, pese a que en este mandato se ha abierto a buscar el "equilibrio" entre visitantes y vecinos para "garantizar la convivencia". La edil del área, Ana Poquet, reconoció que "los servicios públicos de la ciudad se ven tensionados" por la llegada de turistas, pero manifestó que la tasa es "un parche" que no ataja la raíz del problema, según los populares: la falta de financiación por parte del Gobierno de España.

Choque por la inmigración

Sin embargo, la dupla del PP y Vox no se mantuvo en el otro asunto que protagonizó la sesión de ayer: la regularización de personas migrantes impulsada por el Gobierno de España. Pese a que se presentaron dos iniciativas al respecto, una de cada grupo, populares y ultras se boicotearon mutuamente: ninguna de las formaciones aceptó la enmienda propuesta por la otra, propiciando que ambas declaraciones fracasaran, con el rechazo de la izquierda.

"España ha sido tradicionalmente país de migración. La que es legal, aporta"

JULIO CALERO

— CONCEJAL DE SEGURIDAD

En este punto, el concejal de Seguridad del PP, Julio Calero, defendió que la "inmigración legal aporta" y reconoció que "España ha sido tradicionalmente un país de migración". No obstante, sostuvo que el Gobierno de Pedro Sánchez está promoviendo un incremento de la llegada irregular de personas al país. Por ello, el PP instaba al Ejecutivo "a un control efectivo de las fronteras y la creación de un sistema de autorizaciones temporales y de integración, la lucha contra las mafias y la paralización del proceso de regularización actual hasta que se dote de los medios técnicos necesarios".

"Llaman racismo a poner orden. El PSOE ha traído el caos, pero el PP lo ha permitido"

CARMEN ROBLEDILLO

— PORTAVOZ DE VOX

Desde Vox, en cambio, señalaron que "los españoles pagan las consecuencias de la inacción del PP y el PSOE". Su portavoz, Carmen Robledillo, afirmó que "esto no va de buenismo" porque "los recursos son limitados". Según la líder de los ultras, "la izquierda llama racismo a poner orden", por lo que abogó por la "prioridad nacional" que defiende su formación a nivel nacional. "El PSOE ha traído el caos, pero el PP lo ha permitido", remarcó.

"Los bulos de la derecha son una coartada para no hablar de su responsabilidad"

ANA BARCELÓ

— PORTAVOZ DEL PSOE

En la bancada progresista, la portavoz del PSOE, Ana Barceló, recriminó que el PP y Vox trataran de extender la "idea peligrosa" de que la inmigración "explica la tensión en los barrios, el deterioro de los servicios públicos o el problema de la vivienda". Según la edil socialista, estos argumentos son "solo una coartada para no hablar de su responsabilidad de gobierno" y criticó "los bulos de la derecha" que tratan de "vender la regularización como una barra libre" cuando cuenta con unos requisitos concretos.

"El PP y Vox hablan de degradación en los barrios mientras invierten cuatro de cada diez euros que prometen"

RAFA MAS

— PORTAVOZ DE COMPROMÍS

Por su parte, el portavoz de Compromís, Rafa Mas, afeó al PP y Vox que hablaran de "degradación en los barrios" con las bajas cifras de ejecución del Ayuntamiento en inversiones en los barrios: solo cuatro de cada diez euros el pasado 2024. Finalmente, desde EU-Podemos, Manolo Copé, apreció que en los argumentos del PP "hay una contradicción evidente", ya que "se exige inmigración legal, pero cuando se articula un proceso para ello, se rechaza".

"El PP y Vox exigen inmigración legal, pero cuando se articula un proceso, lo rechazan"

MANOLO COPÉ

— PORTAVOZ DE EU-PODEMOS

Un pleno más, el escándalo de las viviendas protegidas destapado por INFORMACIÓN volvió a copar parte de la sesión. En este caso, lo hizo a raíz de los documentos que el PP ha ocultado a la oposición en el marco de la comisión de investigación municipal: el ofrecimiento de los técnicos que destaparon el escándalo a contestar preguntas por escrito y un informe del vicesecretario que hablaba de que el órgano podría "vulnerar derechos" de los comparecientes. Por todo ello, la portavoz del PSOE, Ana Barceló, preguntó al alcalde cuándo tiene previsto entregar la documentación pendiente al resto de grupos. Barcala dejó la respuesta en manos de su número dos, Manuel Villar, quien replicó que ya había puesto a disposición de las demás formaciones los mismos archivos de los que dispone el juzgado.

La líder de los socialistas cargó también directamente contra el vicesecretario, Germán Pascual, quien aglutina también las funciones de secretario de forma accidental desde hace 18 años. "¿De dónde saca que acudir a la comisión es puramente voluntario?", preguntó Barceló, quien señaló después que, de acuerdo con normativa estatal, el presidente del órgano podría haber ordenado a los técnicos presentarse antes el mismo.

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