La Fiscalía lleva a juicio las primeras construcciones ilegales en partidas rurales de Alicante

La Fiscalía de Medio Ambiente ha comenzado a llevar a juicio las primeras causas derivadas de la macroinvestigación sobre construcciones ilegales en partidas rurales de Alicante. A lo largo del año pasado se llevó a cabo una campaña masiva de inspecciones que ya están llegando a los tribunales por la vía penal con acusaciones por delitos contra la ordenación del territorio. Uno de estos procedimientos, por la construcción sin licencia de un edificio en suelo rústico en la partida de Fontcalent, ya ha sido remitido a un juzgado de lo Penal con una petición de dos años de prisión para el acusado.

El caso se enmarca en la denominada operación Urbanitas, desarrollada por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, que se saldó en su día con 64 personas investigadas por delitos contra la ordenación del territorio y el urbanismo, y en algunos casos también por falsedad documental y fraude a la Hacienda Pública.

En el procedimiento que ahora llega a juicio, según el escrito de acusación, el procesado, un hombre de 48 años, firmó el 1 de noviembre de 2023 un contrato privado de compraventa con la propietaria de una parcela de 2.658 metros cuadrados, con el precio aplazado. El terreno está clasificado como suelo no urbanizable común rústico en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante, circunstancia que, según la Fiscalía, el acusado conocía.

Pese a ello, siempre según el Ministerio Público, actuó como promotor y ejecutó obras sin licencia para la construcción de un edificio de grandes dimensiones en suelo rústico. En concreto, excavó un hueco de unos 370 metros cuadrados y tres metros de profundidad, sobre el que levantó una planta sótano de 33 metros de largo por 11 de ancho, que fue cubierta con hormigón. En el momento de la inspección, además, se encontraba en marcha la construcción de una segunda planta sobre la estructura.

Los hechos fueron constatados el 5 de febrero de 2025 por agentes del Seprona, que verificaron tanto la edificación como la presencia de abundante material de obra en la parcela, como ladrillos, bloques, cemento y arena.

La Fiscalía considera que estos hechos son constitutivos de un delito contra la ordenación del territorio, por lo que, además de la pena de prisión, solicita una multa de 18 meses, con una cuota diaria de 10 euros. Asimismo, ha pedido el archivo de la causa respecto a la propietaria de la parcela al no quedar acreditada su participación en las obras, ni que fuera conocedora de las actuaciones urbanísticas que pretendía llevar a cabo el comprador en la parcela.

Causas separadas y criterios dispares

Las diligencias derivadas de la operación han sido divididas en múltiples procedimientos, que se tramitan en distintos juzgados de Alicante, y este es uno de los primeros en alcanzar la fase de enjuiciamiento.

En varios de ellos, la Fiscalía ya ha presentado escritos de acusación similares por delitos urbanísticos. Sin embargo, en otras causas los juzgados de instrucción han acordado el archivo al no apreciar indicios de delito, decisiones que el Ministerio Público ha recurrido ante la Audiencia Provincial al entender que sí existen elementos suficientes para continuar con la vía penal.

Este escenario está generando criterios dispares en el abordaje judicial de unas mismas prácticas urbanísticas, a la espera de que la Audiencia fije una posición más uniforme.

Más de 70 inspecciones en suelo rústico

La investigación, iniciada a raíz de denuncias vecinales y actuaciones de oficio, ha incluido más de 70 inspecciones en partidas como Fontcalent, El Moralet, El Verdegás, La Cañada del Fenollar o La Alcoraya.

Según la Guardia Civil, en muchos casos se detectó un patrón consistente en la parcelación de suelo rústico no urbanizable para su venta mediante contratos privados, en ocasiones sin asignación concreta dentro de la finca matriz, lo que trasladaba a los compradores la responsabilidad sobre el conjunto del terreno.

Además, parte de estas construcciones se ubican en zonas de rambla, donde la normativa prohíbe expresamente edificar, lo que puede conllevar sanciones, problemas legales e incluso la demolición de las viviendas.

Suscríbete para seguir leyendo