Nuevos empadronados en Les Naus de Alicante: de Rocío Gómez a cuatro propietarios que querían renunciar a los pisos y ya viven en la urbanización

Hace tres meses, INFORMACIÓN destapó el escándalo de las adjudicaciones de viviendas protegidas en el residencial Les Naus, en Alicante. En este tiempo, en el que han dimitido de sus cargos tres personas (Rocío Gómez, de concejala de Urbanismo; María Pérez Hickman, de directora general del gobierno de Barcala, y Miguel Ángel Sánchez, de jefe de Gabinete de la Conselleria de Turismo) y quince han sido imputadas por la jueza que instruye la causa, casi un centenar de personas se han empadronado en sus viviendas del residencial de Historiador Vicente Ramos.

Así, ahora son 277 vecinos en los 134 pisos habitados, según registros municipales. Entre ellos, ya figuran caras conocidas como la de Rocío Gómez, y también todos los propietarios que exhibieron su voluntad de devolver sus pisos, una vez saltó el escándalo, al supuestamente incumplir los requisitos exigidos para acceder a viviendas protegidas.

Actualmente, ya solo quedan seis casas sin residentes oficiales. Salvo quien tenga la excepcionalidad de la Conselleria de Vivienda para no ocupar el piso, que según fuentes oficiales serían en total tres personas, el resto de los dueños de pisos aún sin empadronar ya están incumpliendo la normativa autonómica, que obliga, al tratarse de viviendas protegidas, a registrarse oficialmente en un plazo máximo de seis meses desde la entrega de llaves, que empezó a realizarse a principios de agosto de 2025.

En otras tres viviendas del residencial, como ya se evidenció durante la inspección policial llevada a cabo a mediados de febrero, siguen empadronadas personas diferentes a los propietarios de los pisos. Se trata de un quinto y un séptimo que comparten escalera, así como de un sexto. Los agentes, en esa visita, advirtieron de otras posibles irregularidades de los adjudicatarios, como en un sexto donde vivían, estando incluso empadronadas, dos personas distintas a la propietaria de la vivienda. Lo mismo sucedía en un tercero. Sensación similar se llevaron los agentes al llamar a un octavo, donde la residente decía que vivía con la dueña, aunque sin aportar más información. En esos pisos, dos meses después, los empadronados siguen siendo los mismos, aunque se desconoce quién reside realmente en las viviendas.

Caras nuevas

El Padrón, con todo, ha sufrido importantes cambios. En el último mes y medio, medio centenar de personas han cumplimentado el proceso de empadronamiento en el Ayuntamiento de Alicante. Entre ellos, figuran nombres relevantes, como el del Rocío Gómez, la exconcejala de Urbanismo imputada en la causa, que ya aparece en el Padrón municipal junto a su marido, copropietario del quinto que intercambiaron con el padre de él (y suegro de ella) antes de la compra de la vivienda, oficializada en septiembre de 2025.

También ha habido novedades en el Padrón entre aquellos que, al destaparse el escándalo de Les Naus, intentaron renunciar a sus pisos al incumplir los requisitos exigidos por la administración al tratarse de viviendas de protección pública. Entre aquellos que comunicaron por escrito su interés en entregar sus propiedades, cuatro se han empadronado en las últimas semanas tras confirmar Vivienda que no habrá cambios de dueños hasta que, al menos, finalice el proceso judicial, aún en una fase inicial.

Así, esos cuatro se suman a Elsa Lloret, la arquitecta de Urbanismo, empadronada desde antes de estallar el caso, que también mostró interés en entregar las llaves de su piso al destaparse las adjudicaciones irregulares a propietarios que no cumplían con los requisitos, aunque en su caso Vivienda no ha podido determinar si incumple el nivel de ingresos o el de propiedades ya que no presentó, pese a los requerimientos, la documentación relativa a su marido, el funcionario de la conselleria encargado de validar los visados.

Más vecinos

Entre aquellos que pese a querer renunciar a sus pisos se han empadronado recientemente figura Sira Pérez, la tesorera del Ayuntamiento de Sant Joan y exinterventora de la Generalitat, que ya está empadronada oficialmente. Ella forma parte de ese grupo de propietarios que han sido imputados tras ser señalados por Vivienda al incumplir los requisitos que marca la normativa. En su caso, tampoco ha facilitado a la conselleria la documentación requerida para comprobar tanto los ingresos como las propiedades de su cónyuge, con quien está casada en separación de bienes y que, al menos por ahora, no figura empadronado en la vivienda.

Según Vivienda, la funcionaria declaró unos ingresos de 57.888 euros, lo que roza ya el límite legal, sin contar los de su pareja. La tesorera municipal recibió el primer requerimiento para presentar la documentación que faltaba, como el resto de los investigados por Vivienda, el 9 de febrero. En su caso, nueve días después solicitó la renuncia a la vivienda adjudicada. Pese a todo, hubo un segundo requerimiento para reclamar los datos que faltaban en el expediente, que tampoco tuvo respuesta.

Entre los últimos empadronados destaca también una pareja, los primeros en anunciar su intención de renunciar a sus viviendas. En este caso, a dos. Ellos, según relataron, optaron a los pisos cuando vivián bajo un mismo techo, aunque con una relación sentimental ya rota. Pese a que, sobre el papel, estaban en pleno proceso de separación, eligieron el mismo bloque, escalera y letra (con solo una altura de diferencia).

A principios de agosto de 2025 escrituró ella y un mes y medio después lo hizo él, comenzando así una nueva vida de divorciados. Sin embargo, siempre según el relato que hicieron llegar en su día al Ayuntamiento y a la Conselleria de Vivienda, al retomar la relación decidieron renunciar (o al menos intentarlo) a sus viviendas ya que, una vez recuperada supuestamente la unidad de convivencia, ya no cumplían con los requisitos económicos que marca la normativa autonómica.

Además, entre los nuevos empadronados, destaca uno de los hijos del José María Izaguirre, el notario encargado de los primeros trámites vinculados a la promoción, como la compra del suelo al Ayuntamiento de Alicante; uno de los hijos de María Pérez-Hickman, el único de los tres familiares de la todavía jefa de Contratación que vive en el residencial; y otro funcionario del Ayuntamiento.

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