La Generalitat pide personarse como acusación particular en el caso de Les Naus de Alicante

La Generalitat Valenciana es la primera administración pública que ha pedido personarse como acusación particular en la causa judicial que investiga las presuntas irregularidades en la adjudicación de las viviendas protegidas de Les Naus, en Alicante, desveladas por INFORMACIÓN. Así lo ha hecho constar en un escrito la Abogacía, en el que solicita la personación "con el fin de defender los intereses de la Generalitat en el procedimiento judicial que se está tramitando".

Por ahora, ya forman parte del proceso judicial, en calidad de acusaciones populares, tanto el PSOE como Ciudadanos. Nada se sabe todavía de qué hará el Ayuntamiento de Alicante, que hace días aseguró que estaba estudiando la posible personación en la causa.

Tras recibir el escrito de la Generalitat, la jueza encargada de la investigación, Amparo Rubio, titular de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante plaza número 5, ha emitido una providencia para dar traslado a las partes, así como a la Fiscalía Anticorrupción, del escrito presentado por la Abogacía de la Generalitat. Ahora tienen cinco días para presentar alegaciones sobre la procedencia de la personación de la Generalitat en el proceso.

Esta decisión de la Generalitat se ha conocido apenas un día antes de la segunda jornada de comparecencias ante la jueza. Este viernes, está previsto que pasen por los juzgados de Benalúa funcionarios de la Conselleria de Vivienda que elaboraron el informe sobre las presuntas irregularidades, que acudirán en calidad de testigos. Unos testimonios que se sumarán a los de otros tres empleados públicos del servicio territorial de la conselleria en Alicante, quienes aseguraron que el compañero que fue apartado por estos hechos, que ya se encuentra de nuevo en su puesto de trabajo, se ofreció a tramitar los visados de Les Naus.

Testimonios clave

Este viernes también debe ser el día en el que acudan al juzgado los primeros funcionarios del Ayuntamiento de Alicante. En concreto, se espera la comparecencia, también en calidad de testigos, de la jefa de Patrimonio, Paloma Romero, y de los técnicos Pablo Torregrosa (Patrimonio) y Antonio Faura (Urbanismo). Romero, junto a Torregrosa, fueron los funcionarios que alertaron de posibles irregularidades en las adjudicaciones. Ninguno de los dos acudió a la comisión de investigación a nivel municipal, aunque se abrieron a contestar por escrito a las dudas que surgieran. Finalmente, los miembros del órgano declinaron esa propuesta.

En la causa, por ahora, están ya imputadas quince personas, entre las que se encuentran representantes políticos, altas funcionarias de la Administración local, técnicos y una decena de propietarios de viviendas de la urbanización de La Condomina.

La causa se abrió por los delitos de prevaricación, negociaciones prohibidas a funcionarios, información privilegiada, fraude a la Administración y fraude de ley. Un listado que, al igual que el de los imputados, puede ir sufriendo modificaciones a medida que avance la instrucción.

Buena parte de las citaciones, dadas a conocer el pasado 22 de abril, ponen el foco en personas vinculadas al Ayuntamiento. Tal es el caso de la exconcejala de Urbanismo Rocío Gómez, que dimitió tras estallar el escándalo al conocerse que había sido una de las agraciadas con un primer piso en el residencial, que permutó con un quinto de su suegro, al que también cita la jueza como imputado.

También figuran en la primera remesa de imputados la jefa de Contratación del Ayuntamiento de Alicante, María Pérez-Hickman, que dimitió como directora general tras desvelar este medio que sus dos hijos y un sobrino tienen casas en Les Naus. Y el arquitecto municipal Francisco Nieto, vinculado a la gestión del expediente y beneficiario también de uno de los pisos.

La magistrada ha citado como imputado además a Francisco Ordiñana, gerente de Fraorgi, la empresa que gestiona la cooperativa, así como al arquitecto de la Conselleria de Vivienda Roberto Palencia, que validó los visados de las 140 viviendas, entre ellas la de su mujer, una arquitecta también funcionaria del Ayuntamiento de Alicante. Los cinco deberán comparecer el próximo 20 de mayo en el juzgado asistidos de abogado.

Para el 5 de junio se ha señalado una nueva tanda de declaraciones con otros diez investigados, todos ellos adjudicatarios de las viviendas protegidas. Entre estos propietarios se encuentran el suegro de la exconcejala, la tesorera del Ayuntamiento de Sant Joan, Sira Pérez, y la mujer del funcionario de la Generalitat expedientado, Elsa Lloret. Los diez aparecen señalados en el informe que la Conselleria de Vivienda remitió al juzgado como propietarios que por algún motivo no reunían los requisitos para acceder a los pisos.

El PSOE pide a Barcala que también se persone

En Alicante, la portavoz del grupo municipal socialista, Ana Barceló, ha exigido hoy al alcalde, Luis Barcala, que el Ayuntamiento se persone igualmente en la causa judicial abierta por el caso de las viviendas protegidas de Les Naus, después de que la Generalitat Valenciana haya solicitado formalmente ejercer la acusación en el procedimiento. "Si la Generalitat va a personarse para defender el interés público, el Consistorio ya no tiene ninguna excusa para quedarse al margen", ha señalado.

La concejala socialista ha recordado que fue el propio gobierno municipal el que trasladó el asunto a la Fiscalía Anticorrupción después de que INFORMACIÓN destapara las presuntas irregularidades en la adjudicación de viviendas protegidas y ha advertido de que "resultaría gravísimo que ahora Barcala intentara dejar al Ayuntamiento al margen en la investigación judicial". Según Barceló, si el alcalde "no da la orden de que el Ayuntamiento se persone, lo que estará trasladando a la ciudadanía es que le preocupa más proteger políticamente a su gobierno que defender los intereses de Alicante".

En la misma línea, la portavoz del PSOE ha incidido en que entre las 15 personas investigadas "figuran cargos y personas vinculadas al Partido Popular, familiares de dirigentes del PP, así como la actual jefa de Contratación del Ayuntamiento y técnicos municipales", por lo que "Barcala tiene que decidir si quiere que el Ayuntamiento colabore para esclarecer uno de los mayores escándalos de esta ciudad o si, por el contrario, va a utilizar la institución para proteger a su entorno político", ha concluido. Desde el equipo de gobierno popular se han limitado a señalar que "la posible personación del Ayuntamiento la están estudiando los servicios jurídicos municipales".

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