El Supremo cierra la puerta al Ayuntamiento de Alicante y le fuerza a indemnizar al SEP por suspender su cuenta de correo electrónico

El Ayuntamiento de Alicante tendrá que indemnizar al SEP, el sindicato mayoritario, por haber suspendido durante un mes su cuenta de correo electrónico. Después de que el gobierno municipal haya elevado el asunto hasta el Supremo, recurriendo dos sentencias condenatorias, el alto tribunal ha inadmitido la última petición del Consistorio, forzándole a pagar 2.000 euros a la organización sindical.

El conflicto se originó en los meses de marzo y abril de 2024, cuando el Ayuntamiento de Alicante acordó suspender el buzón de correo electrónico del Sindicato de Empleados Públicos. A través de dicha cuenta, la organización sindical mantenía la comunicación con su afiliación y recibía notificaciones esenciales para el ejercicio de su actividad, incluidas convocatorias a mesas de negociación y otra información relevante para su funcionamiento diario.

El "castigo" fue acordado por el Comité de Seguridad de la Información del Ayuntamiento, alegando un supuesto incumplimiento de las nuevas normas de uso del correo electrónico corporativo. Sin embargo, tras el recurso del SEP, un juzgado declaró nula dicha actuación, al entender que esos requisitos no habían sido notificadas en tiempo y forma al sindicato. La resolución también subrayó que, durante el periodo en el que la cuenta permaneció suspendida, los representantes de los trabajadores recibieron más de 300 correos electrónicos, "entre los que se encontraba información de relevancia para su normal funcionamiento".

Tras el primer revés judicial, el ejecutivo de Luis Barcala acordó recurrir la decisión al Tribunal Superior de Justicia, que falló igualmente a favor del sindicato. Finalmente, el asunto fue recurrido de nuevo por el Consistorio, esta vez ante el Tribunal Supremo. Sin embargo, los magistrados del alto tribunal han seguido el mismo criterio que sus colegas y han inadmitido el recurso municipal, convirtiendo en firme la condena. La estrategia judicial del Ayuntamiento, tras dos años de batalla en los juzgados, costará 2.000 euros a las arcas municipales, en concepto de daños y perjuicios.

El SEP pide asumir la decisión "con responsabilidad"

Para el SEP, esta resolución supone "una importante defensa del derecho fundamental a la libertad sindical y una advertencia clara frente a cualquier actuación administrativa que limite, obstaculice o dificulte el ejercicio legítimo de la actividad sindical". El sindicato recuerda que "la libertad sindical no es una concesión de la Administración", sino "un derecho fundamental reconocido constitucionalmente", especialmente protegido "cuando afecta a la representación de los empleados públicos y al normal funcionamiento de sus organizaciones sindicales".

Desde el SEP, además, han instado al Ayuntamiento a que "asuma esta resolución con responsabilidad institucional y adopte las medidas necesarias para evitar que vuelvan a producirse actuaciones que puedan lesionar derechos fundamentales de las organizaciones sindicales y, por extensión, de los empleados públicos a los que representan".

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