Vox exige a Barcala que no contrate personal extra para agilizar la regularización de migrantes en Alicante

Dos declaraciones institucionales en un mes y sin apenas diferencias. La primera, en un intento de “garantizar la prioridad nacional y la sostenibilidad del estado de bienestar de los españoles” y además “repatriar a todos los inmigrantes que se encuentren de forma ilegal”. La segunda, “sobre regularización masiva”, con menos contenido escrito pero con la misma intención.

Vox ha registrado este viernes una nueva declaración en el Ayuntamiento de Alicante y en el resto de consistorios en los que tienen representación. Lo ha hecho de la mano de su síndic en las Cortes, José María Llanos, que se ha visto acompañado por tres de sus cinco diputados autonómicos por Alicante: Ana Vega, Julia Llopis y José Muñoz; y por los cuatro concejales que los ultras tienen en Alicante, con la portavoz, Carmen Robledillo, al frente.

En la propuesta de declaración institucional, donde no se menciona a la ciudad de Alicante en la exposición de motivos, los ultras argumentan, en referencia a la regularización de migrantes impulsada por el Gobierno central, que con la medida se envía un “mensaje inequívoco de impunidad y estímulo a la infracción” por regularizar la situación de extranjeros que “han accedido al territorio nacional al margen de la legalidad”.

También alertan porque, aseguran, el proceso “está provocando una afluencia masiva de solicitantes hacia los servicios municipales”, hecho que estaría “generando una sobrecarga significativa de recursos públicos locales, con riesgo de colapso en la atención ordinaria”.

Llanos, además, ha criticado que la medida no se haya debatido ni votado en el Congreso, y ha hablado de “establecer la prioridad nacional para el acceso a las ayudas sociales y a los programas de vivienda”. Robledillo, portavoz municipal de Vox, ha profundizado en la propuesta y ha pedido que “en toda la documentación y las solicitudes que se presenten en el Ayuntamiento se verifiquen los requisitos legales exigidos”, tal como ya se lleva a cabo, y ha solicitado que “una comisión técnica” evalúe los informes de vulnerabilidad, proponiendo incluso “entrevistas personales” para analizar “la situación personal del dinero que puedan tener, la situación laboral, el empadronamiento y otras ayudas”.

También ha exigido al Ayuntamiento de Alicante que no tome medidas extraordinarias para facilitar la regularización. “Que no se contrate personal ni se dé horas extra a los funcionarios” y que “se garantice que todos los servicios que se prestan sigan su curso”. Preguntada sobre si contarán con el apoyo del PP para aprobar la moción, Robledillo ha dicho que no han contactado aún con la formación del gobierno local, ha recordado que en el pleno de abril votaron en contra de otra propuesta de Vox en este aspecto y que el PP “un día dicen una cosa y otro hacen otra”.

Por último, Llanos, preguntado por la postura favorable de la patronal y de la Conferencia Episcopal a la regularización impulsada por el Gobierno, ha criticado a los empresarios. “Ellos sabrán por qué quieren mano de obra casi esclava”, ha declarado, obviando que los migrantes no regularizados trabajan actualmente sin amparo legislativo.

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