El Sindicato de Vivienda de Carolinas lleva a los juzgados al tercer mayor casero de España por el cobro de cláusulas abusivas
Una treintena de familias de Alicante y San Vicente presentan dos demandas colectivas por la imposición del pago del IBI, los gastos de comunidad y la tasa de basuras, además de la obligatoriedad de contratar un seguro de impago anual cuyo coste equivale aproximadamente a la mitad de una mensualidad
Protesta ante un desahucio en el barrio alicantino de Carolinas en una imagen de archivo. / Alex Domínguez
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Un total de 29 familias de Alicante y San Vicente del Raspeig, organizadas en el Sindicato de Vivienda de Carolinas, han interpuesto dos demandas judiciales colectivas contra el fondo de inversión Nestar-Azora en los juzgados. La empresa, que cuenta con más de 9.500 viviendas en alquiler, está considerada el tercer mayor casero del Estado español, según el sindicato.
Las familias demandantes reclaman la devolución de las cantidades abonadas en concepto de cláusulas abusivas, así como la eliminación de dichas cláusulas de sus contratos de alquiler. Entre estas prácticas, señalan la imposición del pago del IBI, los gastos de comunidad y la tasa de basuras, además de la obligatoriedad de contratar un seguro de impago anual cuyo coste equivale aproximadamente a la mitad de una mensualidad, según un comunicado del Sindicato de Vivienda de Carolinas.
"Estas condiciones ya han sido calificadas como abusivas por diversos tribunales, lo que, según el Sindicat de Vivenda de Carolines, refuerza las posibilidades de éxito de las demandas presentadas", añaden desde la organización, que denuncia que estas prácticas forman parte de un "modelo estructural que permite a grandes empresas especular con la vivienda".
Asimismo, la entidad subraya que las viviendas de Nestar continúan calificadas como vivienda protegida, "lo que no ha impedido la aplicación de alquileres elevados, la inclusión de cláusulas abusivas, la falta de mantenimiento de los inmuebles y la tentativa de venta por encima de los precios legalmente establecidos". Esta iniciativa se enmarca en una "línea de lucha" ya iniciada por el Sindicato de Inquilinas de Madrid, que en los últimos años ha impulsado acciones judiciales contra el mismo fondo. "En una sentencia dictada el pasado mes de junio, un tribunal declaró abusivas seis de las siete cláusulas impugnadas, obligando a la empresa a devolver miles de euros a las personas afectadas", subrayan desde la entidad alicantina.
El proceso de organización de los inquilinos, iniciado en mayo de 2025, ha requerido aproximadamente un año hasta su formalización. Se trata, según señalan, de la primera demanda interpuesta contra un fondo de inversión de estas características en la Comunidad Valenciana, así como la primera impulsada por un sindicato de vivienda en este territorio. Desde el Sindicato señalan que el objetivo es abrir "camino para que otras organizaciones sigan el mismo ejemplo".
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