Jaque al contrato de transporte público de Alicante: un juzgado tumba parte del pliego

Nuevo revés judicial a un contrato del Ayuntamiento de Alicante. Tras la batalla judicial por la adjudicación del servicio de Zonas Verdes, que costó a las arcas municipales cerca de un millón de euros en concepto de indemnización, la Justicia anula ahora parte del pliego del servicio de transporte público, cuya concesión se puso en marcha el pasado 2023. En concreto, el juzgado admite parcialmente el recurso de la asociación Gestión Transporte de Viajeros (GTV) y ordena suprimir algunas de las cláusulas. Un auto que, pese a que todavía puede ser recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia, abre la puerta al "reinicio" del procedimiento.

De acuerdo con la sentencia dictada por el magistrado José María Magán, titular del juzgado de los Contencioso-Administrativo número 3 del Tribunal de Instancia de Alicante, la cláusula del pliego que obligaba a contar con experiencia en transporte urbano de autobuses, en un único contrato, durante los tres últimos años, y con una flota mínima de 71 autobuses "exigía experiencia de forma excesivamente cerrada", pudiendo convertirse en "una barrera de entrada" así como "favorecer a operadores incumbentes o a grandes empresas ya presentes en servicios urbanos de gran dimensión, y excluyendo a empresas con experiencia relevante en transporte regular interurbano, metropolitano, discrecional de gran volumen o servicios equivalentes".

Este era, principalmente, el argumento central del recurso de la GTV, representada por el letrado José Miguel González, quien ha señalado a INFORMACIÓN que el pliego "parecía claramente redactado a medida" para que su adjudicación "fuera a parar a la anterior concesionaria", como terminó ocurriendo finalmente. En este sentido, el magistrado aprecia que dicha cláusula "vulnera los principios de proporcionalidad y libre concurrencia" y debería haberse previsto "una formulación más abierta que permitiera acreditar solvencia mediante experiencia equivalente en servicios de transporte colectivo de viajeros de complejidad comparable".

¿Reinicio del concurso?

Por todo ello, el juez estima parcialmente la demanda contencioso-administrativa interpuesta por la asociación y, en su consecuencia, declara "contraria a Derecho" la cláusula 28.2 del pliego de condiciones, obligando al Ayuntamiento a "reformular los requisitos de solvencia técnica de forma proporcionada y abierta a experiencias equivalentes". Por tanto, la sentencia fuerza igualmente al Consistorio a anular como consecuencia de lo anterior la adjudicación que había sido objeto de impugnación, reiniciando el proceso.

Contra esta decisión cabe recurso, que debería ser interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Desde el Consistorio, el vicealcalde Manuel Villar ya ha avanzado que el ejecutivo local se opondrá al fallo: "Aunque respetamos evidentemente las resoluciones judiciales, vamos a recurrir", ha avanzado.

Al respecto, el edil popular sostiene que "la sentencia lo que dice es que el juez entiende que no se debería ser tan exigentes en la solvencia", pero opina que "Alicante debe ser lo suficientemente exigente" por lo que se impuso "una solvencia para que viniesen aquellos que pudiesen prestar un servicio de calidad". Por otra parte, fuentes de Vectalia, la empresa adjudicataria del contrato y personada en el procedimiento, han asegurado a INFORMACIÓN que se encuentran valorando la opción de recurrir la decisión judicial.

El Ayuntamiento de Alicante adjudicó a la UTE MIA, integrada por Vectalia, Subús y Masatusa, la prestación del servicio de transporte público en autobús de la ciudad de Alicante por 125 millones de euros para 10 años. El concurso se resolvió en noviembre de 2022 y entró en vigor a principios del año siguiente, incluyendo entre sus condiciones una renovación de la flota existente durante el periodo de concesión de diez años, pasando de los 97 autobuses de entonces a un total de 101, así como la instalación de 25 aseos fijos en cabecera y la renovación de tres surtidores de combustible en las cocheras y sus equipos de sensorización.

Demasiada espera

El fallo judicial también pone de manifiesto que el procedimiento se ha alargado más de lo que cabría esperar. Según apunta el magistrado en su auto, la entonces letrada de la Administración de Justicia dictó el decreto de admisión el 8 de mayo de 2023, trasladando la demanda al Ayuntamiento para que remitiese el expediente administrativo y formulase su escrito de contestación.

Sin embargo, este trámite tardó cinco meses en ejecutarse, descontada la inhabilidad del mes de agosto, lo que para el juez constituye una "dilación indebida" y obedece a "una falta de impulso procesal", que imputa "exclusiva y personalmente" a la citada abogada de la Administración de Justicia.

"Caos permanente"

Desde la oposición municipal, el PSOE y EU-Podemos han cuestionado la actuación del gobierno municipal del PP en materia de contratación. La portavoz del grupo municipal socialista, Ana Barceló, ha exigido "que se depuren responsabilidades políticas por el caos permanente en la adjudicación de los grandes servicios municipales del Ayuntamiento de Alicante", después de conocerse la sentencia judicial que anula parte del pliego del servicio de transporte público en autobús, adjudicado y en funcionamiento desde 2023.

"Con Barcala, los grandes contratos siempre acaban igual: recurridos, judicializados o cuestionados por los tribunales. Alicante no puede seguir funcionando a base de chapuzas administrativas y contratos mal hechos que acaban perjudicando a los alicantinos y alicantinas", ha denunciado Barceló. La concejala del PSOE ha asegurado también que la situación “ya no responde a errores puntuales", sino a "una forma de gobernar marcada por la improvisación, la falta de planificación y la incapacidad para gestionar con seguridad jurídica los principales contratos de esta ciudad".

Por su parte, el portavoz de EU-Podemos, Manolo Copé, ha considerado "muy grave" la sentencia del juzgado, que anula parte del pliego del contrato del transporte público urbano, porque "confirma las sospechas de que el concurso estaba planteado para favorecer a la empresa de siempre y dificultar la competencia real". El edil progresista cree que lo ocurrido "no puede presentarse como un simple error técnico", puesto que se trata "de un servicio esencial" para la ciudad. "Alguien decidió incluir esas condiciones y alguien tiene que asumir responsabilidades políticas. Por ello, exigimos al equipo de gobierno que explique quién redactó y avaló este pliego y que no utilice dinero público para alargar el procedimiento con recursos judiciales innecesarios".

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