El peaje de alquilar al tercer mayor casero en Alicante: hasta 1.500 euros de "añadidos" al año en una vivienda protegida

Firmar un alquiler y pensar que “al tercer año Dios dirá”. La frase resume la sensación con la que algunos inquilinos de viviendas protegidas de Alicante describen su relación con Nestar-Azora, el fondo al que el Sindicato de Vivienda de Carolinas considera el tercer mayor casero de España. Primero llega el alquiler. Después, el seguro de impago. Más adelante, el IBI, la comunidad o la tasa de basuras. Cargos añadidos que, según los afectados, pueden elevar la factura hasta unos 1.500 euros al año y que ahora han acabado en los juzgados.

Un total de 29 familias de Alicante y San Vicente del Raspeig, organizadas en el Sindicato de Vivienda de Carolinas, han presentado dos demandas colectivas contra Nestar-Azora. Reclaman la devolución de las cantidades abonadas por cláusulas que consideran abusivas y la eliminación de esas condiciones de sus contratos. Detrás queda otra pregunta: qué supone ese sobrecoste para hogares que viven de alquiler en un mercado cada vez más tensionado y, además, en pisos que siguen calificados como vivienda protegida.

Esther Lillo, una de las inquilinas afectadas, calcula que ha llegado a pagar unos 1.500 euros al año de más entre distintos conceptos. “Nestar nos cobra, aparte de la cuota normal, un seguro de impago, en torno a 300 euros. A cada uno nos cobra una cosa. Nos cobra el IBI, la tasa de basuras y la comunidad”, explica. La afectada reconoce que algunos inquilinos firman aun sabiendo que hay condiciones discutibles porque la alternativa es peor. “La oferta de alquiler es menor. Firmas, vas pagando y piensas que al tercer año Dios dirá”, resume.

El mecanismo que describe el sindicato tiene que ver con los tiempos del contrato. Llorenç Saval, miembro del Sindicato de Vivienda de Carolinas, sostiene que el seguro de impago se cobra desde el primer año, mientras que otros gastos como el IBI o la comunidad pueden llegar a partir del tercero. A su juicio, esa fórmula empuja a muchos vecinos a marcharse justo cuando la vivienda empieza a encarecerse. “Esto lo hacen para forzar inquilinos a marcharse el tercer año y así ir rotando e ir subiendo los precios de los contratos”, afirma. El sindicato ve ahí un modelo de rotación que impide consolidar comunidad.

Esto lo hacen para forzar inquilinos a marcharse y seguir subiendo los precios

Llorenç Saval

— Miembro del Sindicato de Barrio de Carolinas

Esa rotación también aparece en el relato de los inquilinos. Lillo asegura que en cinco años ha visto pasar “seis o siete vecinos” por la vivienda de enfrente. “Nos quedamos atrapados en un círculo sin salida”, afirma. El problema, añade, es que marcharse tampoco es sencillo: “Si nos fuéramos a alquilar de cero, es más caro”. Esa dinámica, sostiene, acaba vaciando de vida los bloques. “No tenemos ningún tipo de comunidad, ni vida normal. Siempre de paso. Se vacían de contenido los barrios y nos estigmatizan”, lamenta.

El sindicato destaca que Nestar cuenta con unas 140 viviendas en San Vicente y tres bloques de unas 20 viviendas cada uno en Alicante. No todos los inquilinos han demandado. Saval asegura que hay familias que no se atreven o que todavía no han recibido todos los cargos. En las demandas se impugnan diez cláusulas, cuatro de ellas económicas: IBI, comunidad, basura y seguro de impago. El resto, según el sindicato, reflejan una relación desigual entre propietario e inquilino. Entre ellas cita una condición que afirma que el contrato se negocia individualmente, pese a que, según Saval, los contratos son iguales, o la posibilidad de que la propiedad acceda a la vivienda para enseñarla.

La falta de interlocución con la empresa es otra de las quejas. “Cero respuestas”, resume Saval cuando se le pregunta si las familias habían reclamado antes. Según el sindicato, la comunicación funciona a través de aplicaciones y respuestas automatizadas, también cuando hay averías o problemas de mantenimiento. “Es un fondo tan grande que es impersonal, todo lo hacen por internet. La única cara que conoces es la de la comercial”, coincide Lillo. Los pisos, según Saval, no son antiguos y están razonablemente equipados, pero el mantenimiento no siempre llega con agilidad ante desperfectos derivados del uso cotidiano.

Nos quedamos atrapados en un círculo sin salida y alquilar de cero es más caro

Esther Lillo

— Inquilina afectada

El impacto económico es el fondo de la demanda. Saval asegura que hay familias que ya iban justas con un alquiler ordinario y que, al recibir los cargos añadidos, se encuentran con una subida inasumible. Habla de hogares que destinan hasta el 80 % de sus ingresos a la vivienda, de niños vestidos con ropa donada por la parroquia o de familias que ajustan la compra hasta lo mínimo. Son situaciones que el sindicato usa para explicar el componente humano del litigio.

El malestar se agrava, según los afectados, por la naturaleza de las viviendas. “Suelo público y dinero público para que se lucren con ello. Es indignante”, sostiene Lillo, una de las afectadas. Saval conecta esa crítica con el debate abierto en Alicante por Les Naus. A su juicio, ambos casos reflejan una misma discusión de fondo sobre el uso de la vivienda protegida y el riesgo de convertirla en negocio cuando debería servir para garantizar acceso asequible.

La demanda busca retirar esas cláusulas y recuperar cantidades abonadas. El sindicato mira al precedente de Madrid, donde una sentencia contra el mismo fondo declaró abusivas seis de las siete cláusulas impugnadas, aunque la batalla de Alicante seguirá su propio recorrido judicial. “El objetivo de máximos es quitar las cláusulas de los contratos y que se devuelvan las cantidades”, resume Saval. Para los inquilinos, el pleito no es solo una reclamación económica. Es también una forma de dejar de asumir como inevitable un peaje que, en una vivienda protegida, consideran todavía más difícil de justificar.

Suscríbete para seguir leyendo