Impacto reducido en el Ayuntamiento de Alicante y la Diputación de la sentencia del Tribunal Supremo sobre interinos

El Tribunal Supremo ha dictado una sentencia que marca un nuevo límite a la consolidación de personal laboral en la administración pública y, aunque todavía se desconoce el contenido completo del fallo, expertos y administraciones coinciden en que su impacto en el Ayuntamiento de Alicante y en la Diputación será menor del que habría tenido hace unos años, debido en parte a los procesos de estabilización que se han llevado a cabo tras la orden de Europa.

En el caso del Consistorio alicantino, que cuenta con alrededor de 2.300 empleados públicos, apenas medio centenar son trabajadores de carácter laboral, concentrados principalmente en patronatos municipales, aunque su situación no tiene por qué verse afectada por la sentencia. El catedrático de Derecho del Trabajo de la Universitat de València, Adrián Todolí, explica que el fallo del Supremo se refiere a casos concretos en los que un trabajador temporal podría haber pasado a ser fijo si se cumplen ciertos requisitos y si existía una necesidad estructural de la administración. "No se trata de que el Supremo haya abierto la mano de manera general, es un caso específico donde la persona permaneció de manera temporal por necesidades estructurales de la administración", apunta.

No se trata de que el Supremo haya abierto la mano de manera general, es un caso específico donde la persona permaneció de manera temporal por necesidades estructurales de la administración

Adrián Todolí

— Catedrático de Derecho del Trabajo de la Universitat de València

Todolí señala que la clave radica en que la administración debería haber creado plazas cuando existía una necesidad estructural, ya que, si se cumplen los criterios establecidos, la persona podría consolidarse como fija, pero solo si ha superado un proceso selectivo. "No todos los casos son iguales, depende de cada ayuntamiento, de si se ha optado por personal laboral y si ha habido abusos de temporalidad", explica el catedrático.

El experto añade que la ley de 2021 sobre reducción de la temporalidad en el empleo público buscaba precisamente anticiparse a estos conflictos. "Muchos ayuntamientos convocaron plazas que antes no podían ofrecerse por limitaciones legales, y ahora gran parte del personal laboral ya se encuentra fijo", asegura Todolí.

Procedimientos de estabilización en el Ayuntamiento de Alicante

Este, precisamente, sería el caso del Ayuntamiento de Alicante. Desde el Consistorio indican que aún es "prematuro" evaluar los efectos de la sentencia, ya que el fallo se anunció este martes y no se dispone de la resolución completa, por el momento. Asimismo, destacan que los procesos de estabilización llevados a cabo en los últimos años han reducido significativamente la temporalidad en la plantilla municipal, lo que limita la incidencia del fallo.

En el mismo sentido, el sindicato mayoritario en el Ayuntamiento, el SEP, considera que la sentencia tendrá poca incidencia en el Ayuntamiento de Alicante, dado que la plantilla laboral es reducida y los procesos de estabilización ya han concluido. Según el sindicato, la sentencia afecta únicamente a aquellos empleados laborales que trabajaban sin plaza estructural durante largos periodos, y en la práctica, en el Consistorio alicantino solo quedan unas pocas situaciones de este tipo. El sindicato subraya que los procesos de estabilización han permitido que la mayor parte del personal laboral se convierta en fijo, evitando que los trabajadores permanezcan en puestos temporales indefinidamente.

El caso del Contrato Programa en el Ayuntamiento de Alicante, que involucra puestos temporales en Servicios Sociales sin vinculación directa a plazas estructurales, será objeto de análisis específico una vez se conozca el contenido de la sentencia, aunque la ley de 2021, con la duración limitada de estos contratos, normalmente tres años, hacen que los efectos sean reducidos.

La experiencia en la Diputación de Alicante

En la Diputación de Alicante, según indican desde el servicio de Personal, el impacto de la sentencia es prácticamente nulo. La institución finalizó hace dos años los procesos de estabilización y ya indemnizó a aquellos trabajadores que, siendo de larga duración, no superaron los procesos selectivos. "Ahora mismo no hay ningún pleito pendiente", explican desde la Diputación. En estos momentos la Diputación cuenta con unos 900 funcionarios de carrera, 200 funcionarios interinos y ningún laboral fijo, el único colectivo al que se aplicaría esta medida.

Por su parte, el sindicato mayoritario en la Diputación de Alicante, UGT, también confirma que los procesos de estabilización se han completado y que las pocas contrataciones restantes se realizan como sustituciones temporales, cumpliendo estrictamente los criterios de la ley de 2021. Por tanto, desde el sindicato indican que la afectación del fallo en la administración provincial es mínima.

Aunque la sentencia genera debates sobre la fijeza del personal laboral temporal, los casos del Ayuntamiento y la Diputación de Alicante muestra que las medidas adoptadas en los últimos años han limitado su impacto. Este diario ha consultado a la Generalitat sobre los efectos del fallo en la plantilla autonómica. Por ahora, sin respuesta.

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