La reunión de Educación con los docentes encalla al aplazar la subida salarial

La Conselleria de Educación ha optado por sacar de su oferta para poner fin a la huelga indefinida de profesores, que ha vaciado las aulas toda esta semana, la subida salarial a los profesionales de la enseñanza pública. Una estrategia del Gobierno de Pérez Llorca que ha decepcionado a los principales sindicatos y docentes al interpretarlo como una clara jugada para volver enfrentarlos con las familias, como ya ocurrió con la polémica carta, puesto que, como era previsible, el paro va a seguir en pie, ya que el documento propuesto ha sido rotundamente rechazado.

Las organizaciones sindicales se han negado a firmarlo no solo por obviar una de sus primeras reivindicaciones para recuperar el poder adquisitivo perdido tras dos décadas con el sueldo congelado (por parte de la Administración autonómica) y salir de los peor pagados del país, sino también porque ven insuficientes las medidas propuestas. Por ahora, habrá que esperar al lunes cuando se ha fijado un nuevo encuentro para abordar una contraoferta por parte de los representantes de los trabajadores y cuando la Administración tiene previsto llevar una propuesta salarial tras la presión sindical.

Tras una reunión de más de tres horas, la consellera Carmen Ortí, que desplegó a todo su equipo de directores generales ante los sindicatos, se escudó en las iniciativas que presentaba eran «sobre las que se puede llegar a un acuerdo porque los alumnos no pueden esperar», pero garantizó la voluntad de «abrir un marco de diálogo conjunto que incluya la cuestión salarial». Y es que, siete sindicatos y la Coordinadora de Asambleas Docentes de la Comunidad Valenciana habían exigido antes del estallido de la huelga hasta 500 euros brutos al mes de aumento, pero Educación, cuatro días antes de iniciarse el paro, ofreció 75 euros mensuales brutos en tres años. Con ello, al término de la negociación aseguró a preguntas de los periodistas sobre la oferta salarial que «trabajará todo el fin de semana para presentar un documento lo más completo posible».

La oferta actual

En cambio, lo que el Consell les puso sobre la mesa este jueves fue un documento con siete puntos, de los cuales, el más cercano a las pretensiones del sector es el que aborda la reducción de la burocracia para paliar la sobrecarga del profesorado con 13 medidas de simplificación.

El primero pasa por la reducción progresiva de las ratios, conforme al calendario estatal. El proyecto de Ley del Gobierno contempla el número máximo de alumnos por aula: 22 en Primaria (frente a los 25 actuales) y 25 en ESO (frente a los 30 actuales).

Estas condiciones entrarían en vigor de forma progresiva, con el objetivo de que estén plenamente en marcha en el curso 2031-32, según el plan del Ejecutivo central. Junto a ello, el Consell se ha comprometido a rebajas específicas en las zonas despobladas y la limitación a ocho alumnos en las aulas UECO, para atender a niños con necesidades específicas dentro de los centros ordinarios, a partir del curso 2027-2028. Frente a ello, el comité de huelga había exigido una reducción de la ratio de hasta el 43 % y dos cursos de plazo para llevarla a cabo.

Sobre infraestructuras, la conselleria planteó la puesta en marcha de un «plan de confort térmico y accesibilidad» para los centros educativos, pero sin fijar fechas concretas de ejecución en el preacuerdo propuesto. Los docentes habían reclamado también dos cursos para tener los centros acondicionados frente al calor y el frío. En cuanto al refuerzo del personal, el Gobierno valenciano se ha comprometido a la revisión y actualización de la orden de plantillas «en virtud de las decisiones de la comisión de seguimiento», además de agilizar el actual sistema de sustituciones poniendo especial atención a las ausencias del profesorado que atiende a alumnos con necesidades especiales y a segundo de Bachillerato. Frente a ello, los sindicatos habían pedido un incremento de 2.000 trabajadores, derogar la orden de plantillas de 2025 y recuperar la del Botànic.

En el apartado de inclusión educativa, Educación propone la creación de 135 plazas de Audición y Lenguaje respecto a este curso, la apertura de 36 aulas UECO para alumnos con necesidades especiales en los centros ordinarios; el "impulso" de las unidades de salud mental y el despliegue de un «plan de convivencia» en los centros. Para la promoción del valenciano, la oferta pasa por un plan de formación del profesorado con especial incidencia en comarcas de predominio castellanohablante, recuperación de los certificados de Capacitació en Valencià y del Diploma de Mestre en Valencià como mérito en las oposiciones al cuerpo docente. Y por último, para la Formación Profesional (FP), la conselleria se ha comprometido a mantener con fondos propios de los ciclos implantados con fondos europeos; a una oferta formativa que incorpore las propuestas de los Consejos Territoriales de FP, entre otras medidas.

Con todo, Carmen Ortí, defendió que «cada medida está pensada con nombres y apellidos: los alumnos que se beneficiarán de ratios más bajas, los docentes que dedicarán más tiempo a enseñar y menos a rellenar formularios, el alumnado con necesidades especiales que encontrará más recursos en el aula». Asimismo, apeló a considerar una oferta «por el bien del alumnado» que no dio por cerrada. «El diálogo sigue abierto en todos los ámbitos», dijo, además de volver a poner el acento en «los 700.000 alumnos de la educación pública valenciana merecen un acuerdo, especialmente los de segundo de Bachillerato que se van a enfrentar en breve a la PAU».

Lejos del acuerdo

Tras el nuevo fracaso en las negociaciones, docentes no solo llegaron a tildar de «insultante» la oferta autonomía, sino que también pidieron a las puertas de la conselleria, en València, la dimisión de Ortí. En Alicante, la protesta frente a la Direccción Territorial de Educación congregó a 2.000 profesores, donde se hizo un llamamiento a participar de «forma masiva» en la manifestación conjunta convocada hoy en València a las 12 horas.

A la salida de la mesa de negociación, descrita por algunos representantes sindicales como un «auténtico mitin», desde UGT rechazaron estar «demandando más dinero, sino la recuperación salarial» y salieron en defensa de «salarios dignos». También insistió en que no aceptará «acuerdos vacíos de contenido ni compromisos sin un calendario concreto de aplicación».

El STEPV, por su parte, advirtió de la oferta «se queda corta», que las medidas son «claramente insuficientes y responden a actuaciones que en muchos casos ya se han hecho o se están llevando a cabo». Para CC OO, Educación «demuestra que no entiende lo que es una negociación». El sindicato sostiene que presentar un decálogo sin acompañamiento presupuestario «es un brindis al sol» y que «lo peor es que obligue a firmarlo para seguir negociando. Para apelar a nuestra responsabilidad ya podían tener clara la suya como Administración». El CSIF reprochó que «eliminar del debate la subida salarial no resulta mínimamente razonable cuando los docentes valencianos se sitúan entre los peor pagados de toda España» e instó a concretar el resto de medidas.

ANPE también exigió incluir las retribuciones y la mejora de las condiciones laborales, además de pedir que la implantación de las medidas de un posible acuerdo se apliquen antes de la finalización de la actual legislatura.

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