La jueza rechaza que la Generalitat sea acusación particular en el caso Les Naus de Alicante

La Generalitat no ha acreditado que sea perjudicada directa por las presuntas irregularidades en las adjudicaciones de viviendas protegidas de Les Naus y, además, podría incurrir en un conflicto de intereses. Con estos argumentos, la magistrada que investiga la causa abierta por los pisos del complejo residencial de La Condomina, en Alicante, ha rechazado la personación de la Generalitat Valenciana como acusación particular. La decisión de la jueza se adopta "sin perjuicio de la intervención que legalmente corresponde a la Fiscalía en defensa de la legalidad, el interés público y los derechos de los ciudadanos". El auto utiliza, en esencia, los mismos argumentos que esgrimió en su día Ciudadanos, personado como acusación popular, para oponerse a la entrada de la administración autonómica en la causa. La resolución, que no es firme y contra la que cabe recurso, se ha dictado un día antes de que empiecen las declaraciones de los primeros investigados.

La magistrada Amparo Rubio considera que la administración autonómica no ha acreditado de forma suficiente su condición de perjudicada directa por los hechos investigados y aprecia la posible existencia de un conflicto de intereses. La resolución judicial responde a la solicitud presentada por la Conselleria de Vivienda para incorporarse al procedimiento como acusación particular. La petición ya había sido rechazada por Ciudadanos, que sostenía que la administración autonómica no reunía los requisitos legales para ejercer ese papel en la causa. Sin embargo, la Fiscalía Anticorrupción sí que era favorable a admitir a la Generalitat, mientras que desde el PSOE no se habían pronunciado.

En su auto, la titular del juzgado señala que no consta acreditado un perjuicio patrimonial concreto sufrido por la Generalitat derivado de las actuaciones investigadas.

Asimismo, la jueza recoge las dudas sobre la compatibilidad de la personación de la Generalitat con el papel que debía ejercer en la supervisión de este tipo de promociones públicas. En este sentido, apunta a la posible existencia de un conflicto de intereses, dado que la causa investiga actuaciones relacionadas con procedimientos sometidos al control y vigilancia de la propia administración autonómica.

La resolución coincide en buena parte con los argumentos esgrimidos por Ciudadanos en el escrito presentado hace unas semanas por los abogados de la formación naranja, Carmen Peris y Eduardo García-Ontiveros. El partido defendía que la Generalitat no podía ser considerada “ofendida” por unos delitos cuyo bien jurídico protegido es el correcto funcionamiento de la administración pública y advertía de una “situación kafkiana” si la misma administración encargada de supervisar los procedimientos actuaba al mismo tiempo como víctima.

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La magistrada dio traslado previamente a las partes para que se pronunciaran sobre la solicitud de personación de la Generalitat antes de adoptar la decisión.

Investigados

La resolución se ha dictado a un día de que empiecen las declaraciones de los primeros investigados por el caso. Entre las personas imputadas que irán al juzgado este miércoles, se encuentran la ex concejala de Urbanismo Rocío Gómez, que dimitió tras estallar el escándalo al conocerse que había sido una de las agraciadas con un primer piso en el residencial, que permutó con un quinto de su suegro, al que también ha citado la jueza como imputado este miércoles.

También figuran en la primera remesa de imputados la jefa de Contratación del Ayuntamiento de Alicante, María Pérez-Hickman, que dimitió como directora general tras desvelar este medio que sus dos hijos y un sobrino tienen casas en Les Naus. Otro investigado es el arquitecto municipal Francisco Nieto, vinculado a la gestión del expediente y beneficiario también de uno de los pisos.

La magistrada ha citado también como imputado a Francisco Ordiñana, gerente de Fraorgi, la empresa que gestiona la cooperativa, así como al arquitecto de la Conselleria de Vivienda Roberto Palencia, que validó los visados de las 140 viviendas, entre ellas la de su mujer, una arquitecta también funcionaria del Ayuntamiento de Alicante. Las posibles responsabilidades en las que podría incurrir la Generalitat por mal funcionamiento de la administración como consecuencia de la actuación de este funcionario es uno de los motivos por los que se ha denegado su personación. Los cinco deberán comparecer este miércoles 20 de mayo en el juzgado asistidos de abogado.

En estos momentos en la causa ejercen la acusación popular el PSOE y Ciudadanos. También pidió personarse el sindicato ultra Manos Limpias, pero la magistrada le exigió una fianza de tres mil euros, que la formación ha recurrido y está pendiente de lo que resuelva la Audiencia.

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