El PP maniobra para evitar "in extremis" que Barcala comparezca ante la comisión de Les Naus en las Cortes

Situación de incertidumbre en las Cortes Valencianas. La Mesa de la comisión de investigación sobre el escándalo de Les Naus en Alicante ha aprobado, con los votos de los representantes del PP y Vox, el plan de trabajo propuesto por la formación ultra para el órgano, con la respectiva selección de comparecientes.

El nombre del listado que más controversia genera entre ambos grupos es el del alcalde de Alicante, Luis Barcala, propuesto por Vox y excluido por el PP, pese a que el regidor abogó tras desvelar este diario las irregularidades que trabajaría en favor de la transparencia. En primer término, los populares han aprobado la propuesta de Vox, que incluye el nombre del regidor, pero inmediatamente después han registrado una enmienda para ser debatida y votada en la sesión del viernes de la comisión de investigación. En dicha enmienda se incluye un plan de trabajo en el que no figura el nombre de Barcala en la lista de comparecientes.

La sesión del viernes se celebrará a las 10:30 de la mañana en las Cortes, y las enmiendas se podrán registrar hasta seis horas antes del inicio de la sesión, según el reglamento de la cámara autonómica. Desde Vox no han aclarado si aceptarán o no esta enmienda, y el portavoz de los ultras en la comisión, Miguel Pascual, ha celebrado que en la Mesa se ha aceptado su propuesta, en un nuevo pacto de PP y Vox, que define como “un plan de máximos que viene a arrojar luz y taquígrafos sobre toda esta cuestión”. Por su parte, el portavoz del PSPV en el órgano, Jose Díaz, ha recordado que "el propio Barcala dijo públicamente que comparecería", y acusa al PP de "correr desesperadamente para impedir precisamente esa comparecencia" y de "activar el modo pánico".

Los nombres del plan de trabajo

Vox registró su plan en comisión el pasado 30 de abril, cuando cada grupo presentó el suyo propio. El PP y los ultras estaban, tal como reconocían las dos partes, llamados a entenderse en esta comisión después de haberlo hecho con la de la dana y después de que la formación de ultraderecha reculara en su posicionamiento inicial de pedir la dimisión del alcalde de Alicante, Luis Barcala.

Precisamente, el principal punto de controversia entre ambas formaciones era la comparecencia del regidor alicantino. Solo Vox lo proponía en su plan de trabajo, además de los grupos de izquierdas, pero no el PP, que sólo pretendía llamar a un concejal en activo, el vicealcalde Manuel Villar, quien no tiene competencias directas en materia de Urbanismo ni de Vivienda.

Por acuerdo de ambas formaciones, las sesiones se realizarían en formato careo, pregunta–respuesta

Villar también comparecerá en la comisión, puesto que Vox lo proponía, como también lo hace con la concejala de Patrimonio, Nayma Beldjilali, a quien también ha incluido el PP en su enmienda.

En los planes de ambos partidos había más coincidencias que discrepancias. Por ejemplo, se mostraban de acuerdo en aspectos como no llamar a cargos autonómicos de primer nivel, tales como el expresidente Carlos Mazón, su sucesor y actual jefe del Consell, Juanfran Pérez Llorca; o la consellera de Vivienda, Susana Camarero. El PP y Vox coinciden en llamar a Concepción Morillas, jefa del Servicio Territorial de Vivienda de Alicante; a Vicente Caturla, secretario territorial adjunto de Vivienda; y a Roberto Palencia, funcionario del Servicio Territorial de la Conselleria del mismo ámbito.

Desde Vox no han aclarado si aceptarán o no la enmienda

A estos nombres, por exigencia de los ultras, se sumarían los de Juan Antonio Pérez Sala, director general de Planificación y Políticas de Vivienda, aunque el PP lo ha excluido en su enmienda; y Juan Manuel Galbis, director territorial de la conselleria en Alicante, que los populares sí que han incluido.

Tanto el PP como Vox también coinciden en llamar a comparecer a Rocío Gómez, exconcejala de Urbanismo que dimitió por este caso después de que INFORMACIÓN desvelara que había sido beneficiaria de una de las viviendas; a María Pérez-Hickman, que dejó su cargo como directora general de Organización Interna (sigue como jefa de Contratación) tras conocerse que sus dos hijos y un sobrino habían sido beneficiarios; al arquitecto municipal Francisco Nieto; o a la jefa de Servicio de Patrimonio, Paloma Romero. También al secretario general del Ayuntamiento de Alicante, Germán Pascual, conocido por sus informes controvertidos relacionados con el residencial.

En los planes del PP y de Vox había más coincidencias que discrepancias

Por acuerdo de ambas formaciones, las sesiones se realizarían en formato careo, pregunta–respuesta, y los grupos proponen también llamar a exconcejales durante la etapa del tripartito de izquierdas (2015-2018), cuando se empezó a trabajar en la enajenación de la parcela, aunque la licitación de la venta la inició el gobierno de Barcala. Sin embargo, el PP no pretende llamar al alcalde actual, pero ahora sí a su antecesor, el socialista Gabriel Echávarri, también propuesto por Vox, así como al antiguo vicealcalde y concejal de Urbanismo, Miguel Ángel Pavón (Guanyar) y a quien fuera segundo teniendo de alcalde, Natxo Bellido (Compromís). También a Sofía Morales, exconcejala de Hacienda; o al responsable de Urbanismo entre 2019 y 2023, Adrián Santos Pérez (Ciudadanos), ya con Barcala como alcalde.

Tanto el PP como Vox, por otra parte, proponen que el plazo para llevar a cabo el plan de trabajo y la elaboración del informe sea de un año.

Recorrido

La comisión de investigación echó a andar el pasado 5 de marzo después de que la constitución del órgano se aprobara en las Cortes Valencianas el 19 de febrero a propuesta de Vox. El partido ultra preside la comisión a través de la alicantina Ana Vega para investigar el escándalo que INFORMACIÓN destapó a finales de enero por las polémicas adjudicaciones de viviendas protegidas a personas relacionadas con el Ayuntamiento de Alicante y con otras instituciones gobernadas por el PP.

En un primer momento Vox pidió de manera reiterada, tanto en el Ayuntamiento de Alicante como en las Cortes, la dimisión del alcalde de Alicante, Luis Barcala. Sin embargo, este posicionamiento inicial no se mantuvo, y los ultras acabaron rechazando la reprobación que la izquierda propuso sobre el regidor en el pleno municipal un mes después de saberse los hechos.

Desde entonces, la posición de Vox ha estado completamente en sintonía con la del PP. Tanto es así que los dos partidos de la derecha daban por hecho un acuerdo para el plan de trabajo de la comisión de investigación nada más constituirse la comisión. De hecho, en su propuesta de plan de trabajo, como se ha dicho, Vox no incluyó la petición de comparecencia del expresidente de la Generalitat, Carlos Mazón; de su sucesor, Juanfran Pérez Llorca; ni tampoco de la consellera de Vivienda, Susana Camarero. Actualmente el caso se está investigando judicialmente y ya hay quince imputados.

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