Barcala refuerza la plantilla para agilizar los trámites para la regularización de migrantes en Alicante pese a la presión de Vox

Entre las exigencias de Vox y las de los funcionarios, el Ayuntamiento de Alicante ha optado por la segunda opción. La máxima institución municipal ha accedido al nombramiento de cinco funcionarios interinos para hacer frente a la regularización de migrantes impulsada por el Gobierno, y ante la que la ultraderecha ha reclamado “que no se contrate personal ni se dé horas extra” a los trabajadores públicos.

Así se expresó la formación de Santiago Abascal cuando anunció el registro de una declaración institucional, que presentó el síndic de las Cortes, José María Llanos, en Alicante. Ocurrió a principios de mayo, la moción se votará la semana que viene. Un día después de aquel anuncio, el Sindicato de Empleados Públicos (SEP), mayoritario entre el personal del Consistorio, presentó un escrito dirigido al alcalde, Luis Barcala, para reclamar el refuerzo de personal destinado a hacer frente al proceso regulatorio. Una medida con la que el regidor ya se había comprometido a finales de abril.

En aquel mismo escrito el sindicato rechazó planteamientos para impedir nuevas contrataciones o medidas extraordinarias, alegando que la plantilla “ya se encuentra sobrecargada, mermada y sometida a un esfuerzo continuado”. Cuestionó, además, la posición de Vox, que consideró “contradictoria” por hablar de una “afluencia masiva” y, al mismo tiempo, reclamar que no se refuerce el personal ni se compense a los funcionarios con horas extra.

El ejecutivo municipal liderado por el alcalde Luis Barcala ha hecho caso de este razonamiento y ha nombrado a cinco funcionarios interinos. Se trata de dos trabajadores sociales, dos auxiliares administrativos y un auxiliar de servicios generales.

Necesidad

La petición, tal como consta en el expediente del acuerdo para la contratación, la realizó la jefa de Servicio de Inmigración, Cooperación y Voluntariado, que remitió un informe exponiendo las “necesidades de personal urgentes, inaplazables y extraordinarias”, argumentando que son los ayuntamientos los que se encargan de atender estos procesos de regularización, que exigen esfuerzos que se suman a los del día a día como la emisión de certificados de vulnerabilidad, su elaboración y tramitación.

Siguiendo con este ejemplo, en el mismo escrito se lee que a fecha del 15 de abril había abiertas 857 solicitudes registradas en el seguimiento de expedientes pendientes de emisión de dicho certificado, y en los seis puntos de registro había programadas 1.455 citas semanales para la solicitud de estos documentos. “Cada registro de solicitud conlleva un tiempo medio de 15 minutos por persona y el personal técnico encargado de emitir el certificado de vulnerabilidad tiene que valorar si la documentación es suficiente o precisa de subsanación”, se lee en el informe del Servicio de Inmigración, que recuerda, a su vez, la asistencia de muchas personas “sin cita previa o por información y que precisan igualmente de atención presencial”.

El mismo servicio solicitaba el personal que ahora ha sido contratado, considerando “urgente” su incorporación, por “un plazo máximo de seis meses o, en su caso, hasta el 15 de octubre”, fecha aceptada por el Ayuntamiento, ya que “la situación actual es insostenible”.

El sindicato SEP ha celebrado la decisión, aprobada en reunión extraordinaria y urgente de la Junta de Gobierno Local. “Valoramos positivamente esta medida, ya que supone un primer paso para dar respuesta al incremento de la carga de trabajo que viene soportando el personal municipal como consecuencia del proceso de regularización de personas migrantes impulsado por el Gobierno central”, han expresado a través de un comunicado.

En el texto también afirman que el refuerzo “es consecuencia directa de la presión ejercida” por el propio sindicato, que presentó un escrito al alcalde reclamando mantener y concretar los refuerzos de personal que se anunciaron para atender “adecuadamente” los servicios y se rechazó la petición de Vox.

Divisiones

La decisión de Barcala va en contra de los criterios de Vox, y no es la primera vez que el PP y los ultras chocan en este aspecto. En el pleno ordinario de abril ambos partidos presentaron sendas declaraciones institucionales sobre materia migratoria. La ultraderecha se centró en el término “prioridad nacional” y acusó a “los sucesivos gobiernos del bipartidismo”, es decir, tanto al PP como al PSOE, de “fomentar un proceso de inmigración masiva”.

El PP, por su cuenta, presentó su propuesta pidiendo “una inmigración legal, ordenada y segura” y señalando al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como “responsable de una crisis de inmigración ilegal sin precedentes”. Ambas formaciones se quedaron solas defendiendo sus declaraciones, por lo que ninguna de las dos prosperó.

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