El impago municipal que deja al límite a quienes sostienen la inclusión laboral en Alicante
Anilia, que trabaja con personas con inteligencia límite, acumula más de 158.000 euros de deuda por el mantenimiento de zonas verdes y alerta de nóminas impagadas, programas bloqueados y riesgo de desempleo para 45 trabajadores
El trabajo que hace Anilia, asociación de inserción laboral para personas con discapacidad intelectual a la que el Ayuntamiento de Alicante le debe 160.000 euros / Pilar Cortés
Las nóminas de abril no se han podido pagar enteras y las de mayo, si nada cambia, tampoco podrán abonarse. Esa es la situación que atraviesa Anilia, una asociación alicantina que desde hace más de tres décadas trabaja con personas con inteligencia límite y discapacidad intelectual y que ahora se encuentra al límite por los impagos del Ayuntamiento de Alicante. La entidad acumula más de 158.000 euros sin cobrar por el mantenimiento de zonas verdes, un servicio municipal que ha seguido prestando pese a que su contrato finalizó el pasado 30 de junio.
La deuda no golpea a una empresa cualquiera. Anilia sostiene programas de formación, acompañamiento psicosocial e inserción laboral para un colectivo especialmente expuesto a quedarse fuera del sistema. A través de su centro especial de empleo, Alicantino Poda, ofrece trabajo a personas con discapacidad intelectual para que puedan tener un salario, una rutina y una red mínima de estabilidad. En total, la entidad suma 45 trabajadores entre la asociación y el centro de empleo, 30 de ellos con discapacidad.
“Las nóminas de abril están sin cobrar enteras y las de mayo no las vamos a poder pagar. Es una situación caótica”, resume Lola Ramírez, directora de Anilia. El problema, explica, arranca con la falta de previsión municipal en la licitación del nuevo contrato de zonas verdes. El anterior adjudicado a Alicantino Poda, dentro del lote reservado a centros especiales de empleo, terminó el 30 de junio de 2025, pero desde el área de Parques y Jardines se les indicó que continuaran prestando el servicio para garantizar el mantenimiento hasta la nueva adjudicación.
Las nóminas de abril están sin cobrar y las de mayo no las podremos pagar
Desde entonces, según relata la asociación, el servicio se ha seguido prestando, pero el pago de las facturas ha quedado bloqueado por discrepancias administrativas entre la concejalía y la Intervención municipal. “Estamos prestando el mismo servicio, pero sin cobrar. Así estamos desde junio del año pasado”, señala Ramírez. La entidad trasladó el 11 de mayo un escrito a los grupos políticos del Ayuntamiento en el que advertía de que los impagos “ponen en serio peligro” a la asociación y a su centro especial de empleo.
La situación se agrava porque Anilia es una entidad pequeña, con escaso margen financiero. El psicólogo Pablo García destaca que no tiene la capacidad de resistencia de una gran empresa. “Con una deuda tan grande es inviable continuar haciendo esta actividad”, advierte. La falta de pago afecta a nóminas, proveedores, programas, impuestos y subvenciones. “No podemos contratar profesionales ni hacer más programas porque tienes miedo de no poder pagar. Es un círculo vicioso”, añade Ramírez.
El impacto va más allá de la contabilidad. Anilia trabaja con personas con inteligencia límite, una discapacidad que muchas veces pasa desapercibida y se diagnostica tarde. García explica que muchos usuarios se quedan en tierra de nadie porque no alcanzan el 33 % de discapacidad reconocida que permite acceder a empleo protegido o formación adaptada, aunque en la práctica sí necesitan apoyos. “Todo eso les empuja a la exclusión social”, resume.
El trabajo que hace Anilia, asociación de inserción laboral para personas con discapacidad intelectual a la que el Ayuntamiento de Alicante le debe 160.000 euros / Pilar Cortés
El empleo funciona, en ese contexto, como una barrera frente al aislamiento. “Les da la vida tener una rutina diaria y sentirse útiles para su familia y para la sociedad”, apunta Ramírez. García lo formula de manera más cruda: para algunas personas, el salario y el trabajo son la principal red que impide que acaben en la calle, especialmente cuando no tienen una familia que pueda sostenerlas. El problema de la vivienda en Alicante, añade, multiplica el riesgo, ya que hay trabajadores cuyo sueldo apenas les permite pagar una habitación.
La asociación asegura que ha trasladado la situación al equipo de gobierno en varias ocasiones. Ramírez afirma que se reunió con el concejal Rafael Alemañ en noviembre, de nuevo en febrero y después con el alcalde, Luis Barcala. “El alcalde vino aquí, nos dijo que cómo nos podía ayudar y se comprometió a levantar el reparo. Eso fue a finales de febrero y han pasado los meses y seguimos igual”, sostiene. Según la directora, las respuestas han oscilado entre la alusión a Intervención, el cambio de concejal y los problemas de la licitación.
El bloqueo también ha frenado la capacidad de Anilia para atender a más personas. La asociación calcula que cada año puede acompañar a más de un centenar de usuarios, especialmente jóvenes que necesitan formación adaptada, apoyo psicológico, orientación a las familias y oportunidades laborales reales. “Me preocupa la continuidad de la asociación. Es dejar sin atención a mucha gente que se queda sin ningún recurso”, alerta Ramírez.
Lo más sangrante es que son trabajadores con discapacidad intelectual, un colectivo vulnerable
La solución que reclaman es inmediata: cobrar lo pendiente y garantizar continuidad en los pagos mientras se resuelve la situación administrativa. “El Ayuntamiento no puede estar sin pagar una contrata, por mucho que haya dejadez o un cambio de concejal”, apunta la directora. García insiste en que el Consistorio tiene mecanismos si existe voluntad. “No es tolerable que el Ayuntamiento tenga durante nueve meses a un equipo de trabajadores sin cobrar. Lo más sangrante es que son trabajadores con discapacidad intelectual, un colectivo vulnerable”, afirma.
Mientras tanto, Anilia sigue prestando servicio y acumulando incertidumbre. La entidad nació en Alicante en 1992 y Alicantino Poda funciona desde 1996 como centro especial de empleo. Tres décadas después, su continuidad depende ahora de que el Ayuntamiento desbloquee una deuda que, para quienes trabajan con personas en riesgo de exclusión, no es solo una cifra, son salarios, apoyos, proyectos de vida y la posibilidad de que muchas personas no vuelvan a quedarse fuera.
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