El técnico de la Generalitat que visó los pisos de Les Naus de Alicante: de "la he cagado" a no reconocer ningún error

De "la he cagado" a no reconocer error alguno. El técnico de la Conselleria de Vivienda que visó la totalidad de los expedientes de las viviendas de Les Naus de Alicante defendió su actuación ante la magistrada y rechazó haber admitido fallo alguno delante de sus superiores. El arquitecto Roberto Palencia ha declarado durante más de una hora en el juzgado como investigado, un interrogatorio en el que ha admitido que fue el encargado de tramitar los 140 expedientes relacionados con Les Naus debido a la falta de personal en el departamento y a la marcha de la persona que, hasta entonces, realizaba esas funciones.

Palencia es funcionario de la dirección territorial de la Conselleria de Vivienda y fue suspendido de empleo y sueldo por visar irregularmente la solicitud de su mujer, arquitecta municipal del Ayuntamiento de Alicante, pero fue restituido en su puesto, al cerrarse el expediente administrativo contra él a la espera de que resuelva la causa penal.

Según revelaron sus propios superiores, el técnico se ofreció voluntario para controlar los expedientes y reconoció su error cuando fue descubierto: "La he cagado, asumo las consecuencias", dijo le llamaron directamente para pedirle explicaciones. Sus superiores declararon en su día que fue el propio Roberto Palencia quien se ofreció voluntario para ejercer la responsabilidad de validar las solicitudes de vivienda protegida en la urbanización de La Condomina, donde posteriormente terminó dando el visto bueno al expediente de su mujer (la funcionaria del Ayuntamiento de Alicante Elsa Lloret), pese a que no cumplía las condiciones exigidas, según señaló en su momento la conselleria. Sin embargo, el técnico investigado no ha admitido ninguno de estos extremos en su declaración judicial de este miércoles y ha negado haberse expresado en estos términos ante sus superiores. Incluso ha rechazado que las solicitudes ahora cuestionadas incumplieran las condiciones.

Palencia explicó durante la declaración judicial que asumió personalmente la gestión de los expedientes y su labor consistía en comprobar y visar que toda la documentación estuviera en regla. En este sentido, ha manifestado que confiaba en la declaración responsable presentada por los solicitantes y entendía que la documentación aportada se entregaba de buena fe. Palencia defendió que su función era “de puro trámite”.

Sobre las posibles incompatibilidades por haber visado la solicitud de la vivienda para su mujer, Palencia afirmó que nunca consideró necesario abstenerse en el visado de los expedientes vinculados a esta.

Sin embargo, en el interrogatorio Palencia desveló que informó a su esposa de la existencia de las viviendas de protección pública del residencial de La Condomina. Una declaración que ha sorprendido a las acusaciones populares que ejercen desde Ciudadanos los letrados Eduardo García Ontiveros y Maria del Carmen Peris, así como a la acusación que ejerce el PSOE a través del letrado Fernando Cazorla. También Palencia señaló que él y su esposa se estaban planteando una separación física, aunque sin iniciar un proceso de divorcio, y subrayó que nunca había cesado la convivencia entre ellos.

Durante su comparecencia, el investigado aseguró que nunca comunicó ninguna posible incompatibilidad porque entendía que no existía motivo para ello. Además, negó haber cometido errores en la gestión de los visados y defendió la corrección de su actuación administrativa.

Día de declaraciones

Este miércoles ha tenido lugar la segunda ronda de citaciones en el procedimiento judicial del caso Les Naus, que investiga la presunta adjudicación irregular de viviendas protegidas en Alicante, a la que estaban llamados a declarar los primeros imputados: el funcionario de la Generalitat que visó los expedientes, Roberto Palencia, incluido el de su propia esposa; la ex directora general y todavía jefa de Contratación del Ayuntamiento, María Pérez-Hickman, con dos hijos y un sobrino en la urbanización; el administrador de la empresa gestora de la cooperativa, Francisco Ordiñana, dueño de uno de los áticos; y la que fuera concejala de Urbanismo del gobierno de Luis Barcala, Rocío Gómez, también vecina de la urbanización, junto con su suegro, José Blasco.

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