El Congreso pide adjudicaciones más claras en la vivienda protegida pero tumba controles clave tras el caso de Les Naus

El Congreso ha avalado solo una parte de la iniciativa del PSOE para reforzar los controles sobre la vivienda protegida tras casos como el de Les Naus en Alicante. La Cámara ha aprobado tres puntos de una proposición no de ley socialista, pero ha tumbado el bloque más ambicioso de la propuesta, que incluía medidas como mantener de forma permanente el régimen de protección de las viviendas, reforzar los registros públicos de demandantes y desarrollar mecanismos de supervisión para detectar posibles irregularidades.

La votación deja así una lectura doble. Por un lado, el Congreso insta al Gobierno a avanzar hacia procedimientos de adjudicación de vivienda protegida más claros y objetivos, a garantizar que esas viviendas se destinen exclusivamente a residencia habitual y a detallar el suelo público disponible con potencial residencial. Por otro, rechaza algunas de las medidas que más directamente conectaban con los puntos ciegos que han aflorado en el escándalo de Les Naus, donde la adjudicación de viviendas protegidas en Alicante ha acabado bajo investigación judicial y ha abierto un debate político sobre los filtros, los visados y el control real de los requisitos.

La iniciativa ha llegado al pleno en un contexto parlamentario complicado para el Gobierno. El PSOE ha optado por separar la votación por puntos para evitar que la proposición no de ley cayera por completo, después de que el PNV y Junts expresaran reparos por posible invasión de competencias autonómicas. Ese troceo ha permitido salvar tres medidas, pero no el resto de la propuesta. Las partes aprobadas han salido adelante con el único voto en contra de Vox y la abstención del PNV. El PP se ha abstenido en el punto relativo a los procedimientos claros y objetivos de adjudicación y ha votado a favor de los otros dos.

Bloque rechazado

El bloque rechazado ha caído con los votos en contra del PP, Vox y Junts y las abstenciones del PNV, UPN y Coalición Canaria. Ahí figuraban las medidas de mayor alcance político: que las viviendas protegidas mantuvieran siempre ese régimen y no pudieran desclasificarse, que se contara con registros públicos de demandantes de vivienda protegida y que se impulsaran mecanismos de supervisión y control para detectar posibles irregularidades en los procesos.

La propuesta socialista situaba entre sus argumentos los casos de Alicante, Málaga, Alzira o Logroño, además de las permutas de VPP en Valencia que el PSPV ha llevado a la Agencia Antifraude. En el caso alicantino, Les Naus se ha convertido en el ejemplo más visible de las grietas del sistema. La investigación judicial examina cómo accedieron a viviendas protegidas personas que, según las denuncias políticas y las pesquisas abiertas, podrían no cumplir los requisitos exigidos o presentaban situaciones patrimoniales y familiares incompatibles con el objetivo social de este tipo de promociones.

La conexión con Alicante está, sobre todo, en el debate sobre la transparencia y el control de las adjudicaciones. El caso de Les Naus ha puesto el foco en varias cuestiones: cómo se comprueban los ingresos, qué ocurre con las propiedades compartidas, qué capacidad tiene la administración para revisar los expedientes, hasta dónde llega el visado autonómico y qué margen existe para detectar irregularidades antes de que la vivienda sea adjudicada o escriturada. La parte aprobada por el Congreso incide de forma general en la claridad de los procedimientos y en el destino como residencia habitual pero no incorpora los instrumentos de control más concretos que sí estaban en el bloque rechazado.

Llamada de acción

Al tratarse de una proposición no de ley, lo aprobado no supone una reforma legal inmediata ni tiene carácter vinculante. Es una llamada de acción al Gobierno para orientar medidas en materia de vivienda protegida. Esa condición limita su alcance práctico, aunque la votación sí permite medir el grado de apoyo político a distintas fórmulas de control en un momento en que la vivienda pública y protegida se ha situado en el centro del debate.

El PSPV ha defendido la iniciativa como una respuesta a las irregularidades detectadas en gobiernos del PP y ha acusado a los populares de bloquear que la vivienda protegida mantenga su carácter público de manera permanente. Esa lectura forma parte del pulso político abierto tras Les Naus pero la votación muestra un resultado más matizado. El Congreso sí ha avalado tres medidas de refuerzo general, mientras ha rechazado el paquete que incluía la protección indefinida y los mecanismos adicionales de supervisión.

El caso de Alicante seguirá, por tanto, en un terreno más amplio que el estrictamente parlamentario. La comisión de investigación de las Cortes, la comisión municipal y la causa judicial mantienen abierto el examen sobre cómo se produjo la adjudicación de Les Naus y qué falló en los controles. La votación del Congreso añade una derivada estatal al debate pero no resuelve el punto central que ha dejado el escándalo en la ciudad: cómo garantizar que una vivienda protegida llegue realmente a quien cumple los requisitos y la necesita.

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