La negociación para zanjar la huelga del profesorado entra en punto muerto tras rechazar los sindicatos la oferta del Consell

Las negociaciones para poner fin a una huelga indefinida del profesorado, que hoy llega a su noveno día, han acabado entrando en punto muerto tras el «no» rotundo del profesorado a aceptar el ultimátum de la Conselleria de Educación para firmar un acuerdo y aceptar su última oferta al considerar que todavía sigue muy lejos de sus reivindicaciones.

El diálogo acabó ayer saltando por los aires en una reunión que el departamento de Carmen Ortí decidió liquidar en diez minutos al encontrarse con la contundente negativa de los cinco sindicatos que componen la mesa sectorial a quedarse con las mejoras ofrecidas por la Generalitat.

Pese a abandonar la convocatoria, bajo el pretexto de «reflexionar sobre la situación» y salir de ella sin dar fechas para un nuevo encuentro, la dirigente autonómica negó en una comparecencia, ofrecida más de una hora después, que las negociaciones estuvieran rotas, como le acusaron los sindicatos.

Justificó su postura, agregando que «hemos pedido, al menos, la suspensión de la huelga para poder negociar con calma y poner al alumnado por delante y ni siquiera eso han concedido», al tiempo que volvió a pedir «sacar la política de las aulas». De hecho, llegó a cuestionar que la encuesta que pasaron los sindicatos para pulsar la opinión de los docentes fuera contestada únicamente por los profesionales de la enseñanza, ya que se podía responder con una simple cuenta de Microsoft.

Frente al parecer generalizado del profesorado sobre la propuesta autonómica, en su turno de explicaciones, también quiso poner el foco en el «esfuerzo» que ha hecho el Consell en su última oferta y en «lo ambiciosa» que es.

«Lo que se ha rechazado hoy es convertir la educación pública valenciana en la mejor de toda España», aseveró responsable de la política educativa del Consell. En este sentido, Ortí reprochó a las organizaciones sindicales haber rechazado «más de 60 medidas concretas con calendario y con mecanismos de seguimiento». Entre ellas, recordó, una subida de 200 euros mensuales, «la mayor propuesta para los docentes en toda España».

Además, se escudó que esta proposición se hace en una comunidad que está «infrafinanciada por el Estado» y que acaba de asumir el costo extraordinario de la reconstrucción tras la dana.

Ortí insistió, ante una crisis que aspiraba a solucionar esta misma semana, en que ha cumplido con su parte y volvió a poner el foco en la responsabilidad de los docentes frente al impacto que está teniendo la huelga en las aulas en último mes del curso escolar. «Ahora, lo que corresponde a los sindicatos es explicar a las familias y, especialmente a la alumnado y al profesorado, por qué todo esto no es suficiente para firmar», dijo.

Tampoco se olvidó de reprochar al anterior gobierno del Botànic que «no dio solución» a las reivindicaciones del colectivo y que «negó hasta cinco veces la subida salarial». De hecho, afirmó que «este gobierno es el único que ha atendido sus peticiones».

Es más, la responsable educativa del Gobierno de Pérez Llorca puso el acento en el que la última subida fue hace 19 años «también con el PP» y destacó haber «ofrecido más que Cataluña y casualmente allí sí que la han aceptado los sindicatos».

Y este nuevo impasse se produce porque nada más llegar a la sede autonómica donde se han celebrado ya cuatro reuniones con los sindicatos desde el estallido de esta huelga histórica, la consellera se encargó de dejar claro a los representantes de los trabajadores de la enseñanza pública que tenían que contestar a dos cuestiones. La primera era que si desconvocaban la huelga y la segunda, totalmente ligada a la anterior, si aceptaban el acuerdo.

Sin embargo, tanto el STEPV, CC OO, CSIF, UGT, como ANPE mostraron rápidamente su rechazo a las medidas autonómicas y reclamaron, sin éxito, a la dirigente autonómica que reabriera la negociación después del ultimátum dado el día anterior.

Para presionar al Consell, también le hicieron entrega incluso de una caja de la radiografía de los centros educativos que entregaron horas antes medio millar de equipos directivos con los problemas que afectan a sus centros.

Ante la unidad sindical, Ortí optó rápidamente y sin dar espacio a más por dar por finalizada la sesión para marcharse acto seguido de la sala, junto a todo su equipo.

Ya durante a lo largo de la jornada de ayer, antes del comienzo de la decisiva reunión que fijó la consellera a las 17 horas como un ultimátum, el sentir generalizado de los trabajadores de la enseñanza pública auguraba que el conflicto laboral no estaba ni mucho menos zanjado todavía.

Y es que el 78% de los profesores de más de 40.000 que habían contestado hasta las 16:30 horas a la encuesta lanzada por los sindicatos STEPV, CCOO y UGT, junto a la plataforma Docents en Lluita, para saber si el profesorado avala la propuesta de mejoras presentada por Educación, rechazó el documento. Además, un 60% se mostró dispuesto a continuar la huelga y los temas prioritarios que quieren que sigan sobre la mesa son ratios, salarios y plantillas.

Sin embargo, desde primera hora de la mañana, las primeras votaciones ya dejaron respuestas contundentes, sin medias tintas, hasta el punto de que hubo institutos donde los profesores rechazaron las mejoras ofrecidas por la Generalitat de manera unánime. Es el caso de los IES Cabo de la Huerta y el Figueras Pacheco de Alicante; el Mutxamel, San Vicente, el García Berlanga de San Vicente, el Historiador Chabas de Dénia, la Creueta de Onil, Pere Ibarra, Nit de l’Albà, Victoria Kent, Les Arrels y Sixto Marco de Elche, el Xixona, entre otros.

Insuficiente

Los que expresaron su rechazo rotundo a esta propuesta lo han hecho porque el ofrecimiento del Consell, además de estar muy lejos de sus pretensiones, no incluye el aumento de las retribuciones sujeto al IPC, ni tampoco concreta con plazos o cifras la mejora de las instalaciones educativas, pese a la urgencia de la climatización, ni siquiera incluye una bajada de ratios más allá de las contempladas por el Gobierno central en su proyecto de ley para lo que habría que esperar a 2030 en todas las etapas educativas.

Dimisiones

En mitad de esta crisis, la amenaza de los equipos directivos empezaba a cumplirse para presionar a al Consell horas antes de la reunión convocada. La directiva del colegio Joaquín Sorolla de Alicante comunicaba a primera hora al claustro que dimitía antes de hacer lo propio ante el consejo escolar. Era uno de los primeros pasos al frente que dan los responsables de los centros educativos de la Comunidad.

Desde el colegio alicantino, la directora confirmó a este diario que comunicarán la dimisión hoy a la Administración autonómica. «No dan respuesta a ninguna de las necesidades que les planteamos y hay muchas. Si no hay cambios, no podemos consentir que nos ignoren y que la educación pública se deteriore día a día. Todos los niños y niñas tienen derecho a una educación pública de calidad, y en nuestro centro, en valencià», aseguró la responsable del centro, Mar Fidalgo, para justificar su decisión, así como la de la jefa de estudios y secretaria. De cualquier manera, para que sean efectivos los ceses de manera oficial, tienen que ser comunicados a la Inspección Educativa, que deberá decidir si los acepta o no en función de si los considera adecuadamente motivados.

Este movimiento se producía en una jornada en la que unos 500 equipos directivos presentaron al departamento de Carmen Ortí una «caja de deficiencias» con los problemas de sus colegios e institutos, documentos que especifican las carencias que llevan años denunciando, mientras se mostraban convencidos de hacer efectivas las dimisiones en bloque en las próximas horas.

Los responsables educativos, adheridos a un manifiesto en defensa de la educación pública, que cuenta con más de 1.200 apoyos, ya advirtieron al inicio de la huelga de que no descartaban esta medida de presión colectiva, como llegó a ocurrir en Asturias, «el detonante que llevó al gobierno asturiano a rectificar y puso fin a la huelga docente en esa comunidad», expresaron. También ayer, la confederación de asociaciones de padres y madres de alumnos Gonzalo Anaya reclamaba una reunión urgente con la conselleria ante la creciente preocupación de las familias por el conflicto educativo que va «in crescendo».

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