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El responsable de la inspección policial a la urbanización de Les Naus en Alicante admite que actuaron “a ciegas”

Santana, el primer cargo en activo que acude a la comisión municipal, explica que los agentes comprobaron la presencia y el empadronamiento pero no escrituras, parentescos, contratos ni consumos, y que no recibieron orden de ampliar el seguimiento

La inspección policial en el residencial Les Naus, con el agente Antonio Tomás Santana en primer término

La oposición denuncia que la comisión municipal de investigación de Les Naus en Alicante es un "paripé" / Pilar Cortés

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Borja Campoy

Borja Campoy

La comparecencia del inspector de la Policía Local responsable de la inspección de Les Naus dejó este viernes al descubierto los límites de la comprobación que el Ayuntamiento de Alicante activó tras el estallido del escándalo. Antonio Tomás Santana ha explicado este viernes en la comisión municipal de investigación que los agentes actuaron sin el listado completo de adjudicatarios, sin datos de titularidad de las viviendas y sin capacidad para contrastar escrituras, parentescos, contratos de alquiler o consumos de agua. La Policía Local, en una inspección anunciada previamente por el alcalde, verificó presencia, empadronamiento y testimonios de moradores pero no recibió después ninguna orden para ampliar el seguimiento pese a que quedaron viviendas sin identificar.

Santana ha comparecido en el segundo tramo de la quinta sesión de la comisión, después de una primera parte marcada por la ausencia del vicesecretario del Ayuntamiento, Germán Pascual, y del resto de citados. El inspector responsable de la inspección de Les Naus se ha convertido así en el segundo compareciente que acude a la comisión, tras José Luis Ortuño, ex jefe técnico de Urbanismo que participó en el proceso de adjudicación de la parcela sobre la que se construyó el residencial. Su intervención ha permitido reconstruir cómo se desarrolló la inspección policial encargada para comprobar la ocupación efectiva de las viviendas protegidas de Les Naus.

El problema, según se desprende de su relato, es que a la Policía Local no contaba con todos los datos necesarios para saber quién debía vivir realmente en cada piso. Santana ha indicado que no les facilitaron la titularidad de las viviendas y que el Ayuntamiento les trasladó que no tenía el listado de adjudicatarios, pese a que el escándalo saltó tras recibir Patrimonio el nombre de los adjudicatarios de las 140 viviendas. “Cuantos más datos, mejor, evidentemente”, ha admitido al ser preguntado por si esa información habría facilitado el trabajo. También ha explicado que, sin escrituras ni titulares, no bastaba con ver si una persona estaba empadronada para cerrar la comprobación.

La inspección se desarrolló durante cuatro días y en diferentes franjas horarias. Santana ha explicado que los agentes acudieron a primera hora, al mediodía y por la noche porque no era posible comprobar la ocupación efectiva en una sola visita. En el primer día, según ha relatado, pudieron contactar con moradores de 94 viviendas. En visitas posteriores fueron resolviendo parte de las dudas, aunque finalmente quedaron trece viviendas en las que no pudieron localizar a nadie ni cerrar la comprobación sobre su ocupación efectiva, tal y como avanzó este diario, revelando el contenido del informe policial.

Barcala anunció una investigación exhaustiva pero actuó tarde y sin medios suficientes

Ana Barceló

— Portavoz municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Alicante

La Policía Local también recogió otros indicios. Santana ha mencionado que algunos buzones aparecían sin limpiar, un elemento que los agentes incorporaron al informe como posible señal de falta de ocupación. También ha explicado que algunos vecinos manifestaron que había muchos pisos vacíos, aunque ha advertido de que en urbanizaciones nuevas los residentes no siempre se conocen entre sí. En cualquier caso, los agentes no recibieron después ninguna indicación para continuar la investigación sobre las viviendas que habían quedado con dudas.

Otro de los puntos relevantes fue el aviso público de la inspección. Santana ha reconocido que en su informe ya hizo constar que la visita había sido anunciada previamente por el propio alcalde a los medios. Al ser preguntado por si ese aviso pudo provocar que algunas personas acudieran a sus viviendas antes de la llegada de los agentes, ha respondido que era una posibilidad, aunque la ha situado en el terreno de la especulación. La oposición ha interpretado ese extremo como una de las principales debilidades del dispositivo, ya que el Ayuntamiento anunció la comprobación antes de ejecutarla.

Santana ha dejado claro además que la Policía Local no cruzó otros elementos que podrían haber servido para verificar la ocupación real de las viviendas. No pidió copias de contratos de alquiler, no comprobó escrituras, no examinó relaciones familiares, no consultó consumos de agua y no revisó contadores. “Yo en todos los años que hago este trabajo no he mirado ningún contador de agua”, ha afirmado. También ha explicado que, si en una vivienda les decían que estaba alquilada, los agentes lo anotaban en el informe pero la documentación debía aportarse después por registro.

La oposición ha incidido en esa falta de herramientas. Compromís ha reprochado que la inspección se limitara a una “foto fija” y que no se hubieran cotejado consumos ni contratos. El PSOE ha sostenido después que la comparecencia acredita que el alcalde, Luis Barcala, anunció una investigación exhaustiva pero mandó a la Policía Local sin el listado de propietarios o adjudicatarios de Les Naus.

La inspección fue un paripé y Barcala no quiere llegar hasta el final de este escándalo

Rafa Mas

— Portavoz municipal de Compromís en el Ayuntamiento de Alicante

Santana ha relatado que recibió de la jefatura la indicación de realizar la inspección y que el informe elaborado fue remitido de nuevo a la propia jefatura policial. A partir de ahí, ha señalado que desconocía qué recorrido siguió el documento dentro del Ayuntamiento. Tampoco ha sabido precisar si antes o después se cruzaron los datos con otros departamentos municipales o autonómicos.

La comisión continuará el próximo 8 de junio con una sexta sesión en la que están citados Pedro Javier Soliveres, de Provía; Francisco Ordiñana, responsable de Fraorgi, la gestora de la cooperativa Residencial Les Naus; y de nuevo interventor municipal, después de que Marta Fajardo y María Teresa Ripoll, técnicas del Patronato Municipal de la Vivienda, hayan anunciado que no acudirán. La séptima sesión se celebrará el 6 de julio, tras el parón de Hogueras, con las comparecencias de los concejales del PP Manuel Villar, Antonio Peral, Nayma Beldjilali y Carlos de Juan.

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