El PP tendrá que responder por los 158.000 euros que el Ayuntamiento de Alicante debe a Anilia

La deuda de más de 158.000 euros que el Ayuntamiento de Alicante acumula con Anilia, una asociación que trabaja con personas con inteligencia límite y se ocupa del mantenimiento de zonas verdes, llega al pleno municipal. El gobierno municipal de Luis Barcala tendrá que responder a una pregunta del PSOE sobre cuándo pretende abonar las nóminas que debe a la entidad.

El concejal socialista Emilio Ruiz recuerda que Anilia y su Centro Especial de Empleo "atraviesan una situación económica crítica tras meses prestando el servicio de mantenimiento de zonas verdes, mientras continúan pendientes de abono cantidades correspondientes a trabajos efectivamente realizados para el Ayuntamiento".

Esta situación, pese a los compromisos trasladados durante los últimos meses para tratar de desbloquearla por el equipo de gobierno, "deriva de la falta de adjudicación de un nuevo contrato y de los problemas administrativos surgidos durante su tramitación, generando una enorme incertidumbre en una entidad social de referencia y en sus trabajadores que desarrollan una labor fundamental de inclusión laboral de personas con discapacidad en nuestra ciudad", según Ruiz.

"Se está generando una enorme incertidumbre a una entidad social de referencia y a sus trabajadores, que desarrollan una labor fundamental de inclusión"

Emilio Ruiz

— Concejal del PSOE

Por ello, el edil del PSOE preguntará Barcala, "cuándo tiene previsto su gobierno abonar las cantidades adeudadas a Anilia y al Centro Especial de Empleo por los servicios prestados al Ayuntamiento de Alicante, una deuda que mantiene a la entidad en una situación límite y que está impidiendo el cobro de las nóminas a 45 trabajadores".

Nóminas impagadas

Anilia sostiene programas de formación, acompañamiento psicosocial e inserción laboral para un colectivo especialmente expuesto a quedarse fuera del sistema. A través de su centro especial de empleo, Alicantino Poda, ofrece trabajo a personas con discapacidad intelectual para que puedan tener un salario, una rutina y una red mínima de estabilidad. En total, la entidad suma 45 trabajadores entre la asociación y el centro de empleo, 30 de ellos con discapacidad.

Sobre esta situación, su directora, Lola Ramírez, apuntaba a este diario que "las nóminas de abril están sin cobrar enteras y las de mayo no se van a poder pagar. Es una situación caótica". El problema, explicaba, arranca con la falta de previsión municipal en la licitación del nuevo contrato de zonas verdes. El anterior adjudicado a Alicantino Poda, dentro del lote reservado a centros especiales de empleo, terminó el 30 de junio de 2025, pero desde el área de Parques y Jardines se les indicó que continuaran prestando el servicio para garantizar el mantenimiento hasta la nueva adjudicación.

Desde entonces, según relata la asociación, el servicio se ha seguido prestando, pero el pago de las facturas ha quedado bloqueado por discrepancias administrativas entre la concejalía y la Intervención municipal. “Estamos prestando el mismo servicio, pero sin cobrar. Así estamos desde junio del año pasado”, señala Ramírez. La entidad trasladó el 11 de mayo un escrito a los grupos políticos del Ayuntamiento en el que advertía de que los impagos “ponen en serio peligro” a la asociación y a su centro especial de empleo.

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